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La Comisión de Desarrollo Municipal del Senado —con derecho de opinión en la negociación del mando único policial— elaboró un diagnóstico sobre la iniciativa del Ejecutivo federal en la materia, y a partir de ello concluyó que el proyecto es “inaceptable” porque aprobarlo significaría empoderar a los gobernadores.

“El uso de la fuerza pública en manos de los gobernadores, y lejos del alcance y la influencia real del alcalde y el ayuntamiento, podría obedecer a móviles políticos”, alerta el presidente de esta comisión, el senador panista Ramón Galindo, en las observaciones del documento.

El diagnóstico reporta, por ejemplo, que la inseguridad es resultado de la ineficiencia en la investigación y la procuración de justicia en los estados, pues más de 90% de los delitos cometidos en México, son del fuero común. “Los gobernadores son quienes han contribuido a la impunidad”. señala.

La iniciativa enviada por Calderón, explica Galindo en las observaciones del documento, “arrebata la función de manera general y unilateral a los municipios, sin respetar sus capacidades, sus necesidades y, sobre todo, su voluntad”.

El documento de trabajo, que será uno de los ejes para la discusión del tema en comisiones, establece que la única manera de que la policía estatal absorba a la municipal será a petición del alcalde y no a partir de la decisión del Ejecutivo local.

Sugiere eliminar del texto propuesto por Calderón que el gobernador elija “libremente” al titular de la policía estatal.

En el texto se incluye la importancia de acotar algunas de las frases propuestas por Calderón para el 115 constitucional.

Por ejemplo, se propone incluir en la fracción VII que la vigilancia “recaiga temporalmente en el orden de gobierno que mejor pueda prestarla”, pero aclara la temporalidad.

El eje argumentativo del texto es que con la figura de los convenios, ya existente en la Constitución, y sin necesidad reformar el artículo 115 constitucional, se podría lograr la coordinación, evaluación y control de las corporaciones y sus elementos, sino la debida aplicación del principio de “subsidiaridad” para no transgredir la autonomía de los alcaldes una vez despojados de la fuerza coercitiva.

El senador Ramón Galindo ordenó la elaboración del documento, en el que se establece la obligatoriedad de que la policía de todos los órdenes de gobierno —no sólo de municipales y metropolitanas— sean certificadas a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública.