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La Cámara de Diputados aprobó, con 353 votos a favor, cuatro en contra y ocho abstenciones, la creación de la ley antisecuestro, con la que se endurecen las sanciones penales hasta 70 años y que, al sumarse con la cancelación de beneficios de preliberación, pueden convertirse en cadena perpetua para los plagiarios.

La ley aprobada establece también la reparación del daño al secuestrado o a su familia, crea un fondo económico de apoyo y atención a víctimas, etiqueta el secuestro como imprescriptible y cancela las liberaciones anticipadas por buen comportamiento o vejez, indultos o amnistías.

Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí fueron testigos de honor cuando el pleno ratificó, en lo general, la minuta del Senado para reforzar el combate del Estado contra el secuestro.

La nueva ley esperó más de cinco meses para ser aprobada por los diputados tras el aval del Senado. En esos meses, los partidos evidenciaron diferencias en torno a la posible violación de los derechos humanos de los delincuentes, el tipo de agravantes o, en su caso, de acciones a favor de un secuestrador, así como la legalidad de la asesoría de privados en un secuestro.

Esos desacuerdos se resolvieron, en primera instancia, con el compromiso de aprobar la minuta del Senado tal como fue enviada a San Lázaro, y posteriormente presentar reformas secundarias.

La minuta fue remitida al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La nueva ley considera una virtual cadena perpetua para los secuestradores que asesinen a sus víctimas, ya que un delincuente que ingrese al penal por ese delito, y que en promedio tenga 20 años de edad, podría salir cuando tenga 90 años al no obtener ningún beneficio de preliberación ni por su edad avanzada.

Se aplicarán las penas mayores correspondientes al llamado “concurso real”, que es la suma de todos los delitos que se imputan, a lo que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin importar que exceda las penas de ley.

También establece que las penas incrementarán de 25 a 50 años de prisión si los secuestradores fueron policías o militares; si tienen vínculos de parentesco o de amistad con la víctima, o si durante su cautiverio la lesionan.

De entrada, para 2011 habrá una bolsa de casi 100 millones de pesos para la reparación del daño.

También se tipifica todo tipo de secuestro o de privación de la libertad; se obliga a los concesionarios de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades, y se crean programas de protección de personas y de apoyo a víctimas con fondos provenientes de decomisos y la extinción de dominio relacionados con secuestros.

La ley precisa que la investigación de plagios no estará sujeta a negociaciones que desconozca la autoridad, obligando al Ministerio Público a realizar las indagatorias sin que se reserve el expediente.