En un contexto en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha advertido que México presenta en los últimos 20 años retrocesos en la distribución de agua potable entre sus habitantes, los niveles de eficiencia de los organismos operadores de agua en el país agudizan el problema de estrés hídrico en el que viven muchos mexicanos.

De acuerdo a datos preliminares correspondientes al cierre de 2009 entregados en el cuarto Informe de Gobierno, la administración del presidente Felipe Calderón informó que la eficiencia física de los organismos operadores del país es de 56.8%, lo que significa que el restante 43.2% es agua no contabilizada que se pierde en fugas o a través de tomas clandestinas a lo largo de la red de distribución.

El gobierno federal también estima que del agua no contabilizada, 85% corresponde a fugas físicas, lo que significa que por cada mil litros de agua, 367 litros se pierden en fugas.

Para dar una dimensión a la pérdida de recursos por estas fallas en al red de distribución, Jaime Suaste, coordinador de redes del Centro Virtual de Información del Agua, explicó que como ejemplo está el Distrito Federal, ciudad que tiene acceso, dijo, a mil 90 millones de metros cúbicos de agua potable al año, de los cuales 436 millones (40%) se desperdician en fugas.

Lo anterior traducido en pérdidas económicas, comentó, representa al menos 5 millones 912 mil 876 pesos diarios.

La Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), reconoció que existen “ineficiencias e ineficacias” por parte de los operadores, pero atribuyó el problema, entre otros factores, a que en aras de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, el gobierno federal ha priorizado proyectos de inversión en saneamiento de infraestructura y no en el abasto de agua para la población en general.

Por disposición constitucional, la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado es estrictamente responsabilidad de los municipios. Los organismos operadores en su mayoría son municipales, aunque hay casos de organismos que agrupan a más de un municipio por razones de eficiencia.

Incumplimiento

De septiembre de 2009 a junio de 2010 el gobierno federal efectuó 4 mil 823 visitas de inspección, como resultado se informó que 47% (2 mil 267) de los usuarios de aguas nacionales y bienes inneherentes cumplen con las obligaciones administrativas establecidas y el restante 53% (2 mil 556) incurrió en alguna conducta irregular por no contar con medidor y usar aguas nacionales sin título de concesión.

Durante enero y junio de 2010, en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) se realizó la inscripción de 4 mil 560 títulos de concesión y 2 mil 248 se dieron de baja, acumulado al 30 de junio se tenía un total de 450 mil 504 títulos de concesión registrados para todo el país.

Eduardo Vázquez Herrera, director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua A.C, explicó que en general, y sólo con algunas excepciones, el desempeño de la gran mayoría de los organismos operadores de agua se caracteriza por “deficiencias severas y generalizadas”, tanto en la gestión física del agua, como en su administración, calidad de los servicios públicos de eficiencia y manejo ambiental .

Por un lado, Vázquez Herrera explicó que la información relacionada con la gestión del agua en las ciudades de México es producida por una gran multiplicidad de actores, incluyendo gobiernos municipales, entidades de gobierno a nivel municipal, estatal y federal, y organizaciones internacionales, entre otros.

Esta información, comentó, “es discontinua y no homogénea, inexacta o falsa, carece de protocolos para generarla, y obedece a propósitos múltiples”.

Roberto Olivares, director ejecutivo de la ANEAS, institución que agrupa a más de mil 200 operadores que dan servicios de agua potable y saneamiento, dijo que la “importante” cantidad de fugas que hay en México tendría solución sólo si se levantara entre 40% y 50% de las redes de distribución en el país.

“Ya perdieron vigencia en norma, ya están obsoletas, son situaciones que podemos remediar, pero no tenemos los recursos para hacerlo porque nuestros recursos los está administrando la Conagua”, comentó Olivares.

Justifican inversión

En su cuarto Informe de Gobierno, la actual administración encabezada por Felipe Calderón informó que a través del Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) tramitó mil 890 millones de pesos para su autorización y posterior devolución a estados y municipios, para la rehabilitación y modernización de infraestructura hídrica local.

Para el ejercicio fiscal 2010, el gobierno federal detalló que tiene como meta, dar por este mismo concepto mil 600 millones de pesos, al tiempo que explicó que PRODDER “es de gran impacto (...) para al detección y reparación de fugas”.

El director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua A.C. complementó que la eficiencia de los organismos operadores “no es la deseada, no es lo que debería de ser”.

En muchos casos, agregó Eduardo Vázquez, las responsabilidades pudieran exceder al mismo organismo operador por más que tenga la voluntad y el deseo de ser eficiente.

Roberto Olivares, director ejecutivo de la ANEAS, consideró que la eficiencia de los organismos, para entre otras cosas, hacer frente a las fugas de la red de distribución, enfrenta trabas debido a que los recursos son regulados a través de reglas de operación “que parece que están hechas para que no se avance y no se logren los propósitos de los programas” establecidos.

“Estos programas son manejados por la Conagua en forma discrecional y con reglas de operación que impiden y limitan que los recursos lleguen a los municipios y a los estados”, dijo el director ejecutivo de ANEAS.

Eduardo Vázquez Herrera, del consejo consultivo consideró que hay un problema de autonomía de los organismos operadores porque “parte del tema de que sea caja chica o muy dependiente del municipio, significa que se puede usar para colocar puestos o para otros fines”.

Agregó que estas entidades de operación están “atadas de manos” para poder fijar tarifas que les permitan la sustentabilidad de sus finanzas. Roberto Olivares coincidió en este punto y agregó que es “urgente” la transferencia de tecnología, con lo cual podrían ahorrar, detalló, hasta un 50% de costos.

El director ejecutivo de ANEAS hizo una analogía sobre la situación que guardan actualmente estas entidades municipales y comentó: “Es como si en los años 80 nos hubieran dado un vehículo modelo 40 y ahora en los últimos cuatro años, en ese carro sin llantas, sin gasolina, sin permisos y sin las condiciones para poder transitar nos pidan que lo manejemos a 200 kilómetros por hora. Es imposible, para trabajar hacen faltan recursos”.