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CPJ: narco socava la libre expresión

Miguel Ángel Sosa| El Universal
Jueves 09 de septiembre de 2010
Inseguridad y corrupción cercan a periodistas, acusa

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La alarmante impunidad que impera en México aunada a la autocensura generalizada a la que se ven orillados los periodistas nacionales por presiones del crimen organizado son síntomas comparables a un país en guerra que posee instituciones corrompidas y su seguridad en riesgo, concluyó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).

En el informe Silencio o muerte en la prensa mexicana, el organismo, con sede en Nueva York, denunció que la violencia contra la prensa ha socavado el derecho a la libertad de expresión de los mexicanos.

“Esta crisis nacional exige una contundente respuesta federal”, detalló la organización estadounidense y denunció que el gobierno federal ha reconocido sólo ocasionalmente a la violencia contra la prensa como un problema nacional.

En entrevista, Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del CPJ, comentó que la impunidad es “luz verde” para los cárteles de la droga. Explicó que si las autoridades mexicanas no logran “quebrar” este escenario va a ser muy difícil poner un freno a la violencia propiciada por los narcotraficantes en territorio nacional.

“Ellos (el crimen organizado) sienten que pueden atacar, asesinar, desaparecer, tirar granadas y explotar coches-bomba sin ninguna consecuencia”, dijo el coordinador del Programa de las Américas del CPJ.

El comité se expresó en favor de que en México se adopten reformas que incorporen los delitos contra la libertad de expresión al Código Penal de la federación y que sean las autoridades federales las responsables de investigar y procesar los ataques contra la prensa.

Es necesario, argumentó la organización en su informe, fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión e integrar un comité gubernamental para proporcionar “protección directa” a los comunicadores en riesgo.

Después de cuatro años de investigación, el CPJ concluyó que “los narcotraficantes, los criminales y los funcionarios corruptos que amenazan el futuro de México han asesinado, aterrorizado y cooptado a los periodistas, conscientes de que controlar el flujo informativo beneficiará sus intereses”.

El comité agregó que desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder, en diciembre de 2006, 22 periodistas han sido asesinados; al menos ocho de ellos, dijo, en represalia directa por la cobertura de actividades delictivas y hechos de corrupción. Otros siete periodistas, según sus datos, han desaparecido en ese periodo.

En México, dijo el CPJ, un fenómeno de “impunidad sistemática” se encuentra arraigado a nivel estatal y municipal, espacios donde, según sus cifras, se investiga la mayoría de los delitos contra la prensa.

“El sistema de justicia no ha tenido éxito en sus investigaciones en más de 90% de los crímenes contra la prensa en la última década”, detalló.

Según datos de esa organización, México ocupa el noveno lugar en el mundo en el Índice de Impunidad del CPJ. Esta medición calcula la cantidad de asesinatos de periodistas sin resolver en relación con la población de cada país.

Carlos Lauría consideró que la cantidad de asesinatos derivados del clima de violencia por la que atraviesa el país “están más asociados a zonas de conflicto en otras partes del mundo que a un país con una democracia vital como la mexicana”.

Para contrarrestar esta situación, el coordinador del Programa de las Américas del CPJ explicó que no hay existe una salida fácil ni una solución mágica. Es un tema, aseguró, que va a llevar tiempo tratar.

“De principio hay que dotar a la sociedad de una cultura legal que sea adecuada para proteger a la libertad de expresión, cosa que no está ocurriendo en este momento”, comentó.



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