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“Si no estoy tan convencido de la aplicación del sistema de justicia penal en el Distrito Federal es porque todavía no se qué vamos a hacer con los delitos más delicados: homicidios, secuestros, violaciones, delincuencia organizada. Esa es la parte que más me preocupa porque no se puede entrar a un esquema tan garantista sin diferenciar el tratamiento jurídico para los delincuentes comunes y para los de crimen organizado”, asegura Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador capitalino.

Temeroso de las consecuencias sociales que pueda tener una mala implementación de la reforma, el encargado de la procuración de justicia en el Distrito Federal advierte que en países como Chile y Paraguay, el sistema de justicia penal acusatorio tuvo que sufrir algunas modificaciones luego de vivir agresiones en las audiencias.

El plan de Mancera para la aplicación de la reforma que entrará en vigor en 2015 es que la delincuencia organizada no se procese mediante ese sistema. En su opinión, dada la problemática de la ciudad, lo mejor sería que esta estructura jurídica se emplee sólo para los delitos patrimoniales.

En junio de 2008, el Congreso aprobó la modificación del sistema de justicia penal. En 2015, los estados tendrán que operar bajo un esquema acusatorio fundamentado en la presunción de inocencia y en la oralidad del desahogo de procesos.

Para el procurador del DF la oralidad de las audiencias también tiene sus riesgos. “No será sencillo que una víctima de secuestro acepte ser expuesta ante el grupo de personas que participaron en el plagio y tenga que sostener en público su acusación. No creo que tengan éxito este sistema para juzgar delitos de alto impacto”.

Además, advierte que será complicado para los policías investigadores defender frente a los jueces y los abogados la evidencia. “Tendremos que trabajar para que estén listos cuando los vayan a cuestionar”.

Como abogado penalista opina que con el nuevo sistema de justicia penal se pretende atacar la saturación de reos en las cárceles, pero “el riesgo cuando buscas despresurizar, es que resuelvas casos de alto impacto a través de salidas alternas”.

Se aplicará de forma gradual

Explica que en el DF se va a aplicar gradualmente y de forma territorial. El reclusorio sur será el laboratorio del sistema en la ciudad. “Vamos a hacer una reforma que llamamos especial porque vamos a trabajar con la carga legislativa de adolescentes. Nos vamos a concentrar en ellos para la implementación del sistema penal acusatorio, nos vamos enfocar en la oralidad de los juicios para ese sector”.

La aplicación del sistema judicial penal implica una fuerte erogación de recursos. Chihuahua ha invertido, en tres años de operación, más de mil 600 millones de pesos en capacitación, desarrollo de infraestructura y de tecnología.

“Estamos haciendo las cuantificaciones... Se requieren muchos los recursos. Hay lugares en los que han gastado miles de millones de pesos, en Chile nos informaron que la inversión superó 6 mil millones de pesos. No sé cuánto nos vamos a gastar aquí pero de inicio lo que está marcando el secretario ejecutivo son más o menos de 500 a 600 millones de pesos como para el arranque. Eso es lo que tenemos ahorita nosotros en la mira”.

Hasta hoy, no ha recibido recursos para trabajar en la infraestructura requerida. “Estamos formados en la fila para recibir los apoyos federales, esperamos recibirlos el próximo año. No hemos recibido de organismos internacionales”, comenta.

En Chihuahua, el gobierno de Estados Unidos apoyó con 5 millones de dólares.

En el Distrito Federal, el avance que se lleva, de acuerdo con el procurador, es la conformación de una instancia que va a coordinar los trabajos. El equipo está integrado por representantes de la Asamblea Legislativa, del Tribunal Superior y de Gobierno del Distrito Federal, representado por el jefe de gobierno y por personas de la comunidad intelectual de la ciudad. “Ya se firmó el acuerdo para la implementación del sistema acusatorio”.

Después, dice, seguiremos con la creación de un consejo que trabajará en aterrizar las ordenanzas de la reforma federal en la ciudad. “Ahí vamos a participar actores más individualizados como son los diputados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los magistrados, el consejero federal, el procurador”, añade.

En esta etapa se nombra al procurador como el encargado de la secretaria ejecutiva, el que tendrá que trabajar en las líneas de aplicación de la reforma.

Mancera Espinosa advierte que aunque el modelo chileno de reforma judicial es el que sería más viable aplicar en el Distrito Federal, hay diferencias que se deben evaluar. “En Chile, hay 14 millones de habitantes en todo el país, mientras que nosotros, aquí en la ciudad en las horas pico tenemos entre 14 y 15 millones de habitantes”.