caviles@eluniversal.com.mx

La Primera Sala de la Corte ordenó la liberación inmediata de los 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que enfrentaban penas de 31 a 112 años de prisión, por el secuestro de policías en mayo de 2006 durante las protestas por un desalojo de vendedores de flores en el Estado de México.

Como lo adelantó este diario, las demandas que promovió el gobierno mexiquense en contra de los pobladores de Atenco, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y que habían sido avaladas por el Poder Judicial de la entidad, fueron cuestionadas y criticadas severamente por los ministros del máximo tribunal del país.

Las sentencias reclamadas pueden ser consideradas “como una forma maquilladamente institucional de criminalizar la protesta social, como una forma de castigar el ser oposición”, aseguró el ministro Juan Silva Meza.

En particular, como encargado del caso de dos de los líderes del movimiento, Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, el ministro Silva Meza afirmó que quedó “en entredicho la forma en que el estado trata la libertad personal, la integridad, la libertad de asociación y expresión de los líderes sociales, particularmente por el crucial rol que representan por ser los líderes históricos y por el valor emblemático que tienen para su comunidad”.

A su postura se sumaron los ministros Arturo Zaldívar y Olga Sánchez.

Proceso de votación

En general, en el caso de nueve de los pobladores de Atenco, los cinco ministros de la Primera Sala votaron de manera unánime por ordenar su inmediata liberación, porque los juicios estuvieron sustentados en pruebas ilegales o insuficientes y se violó su derecho a un debido proceso.

Donde se generó una votación dividida en la Corte fue en el caso de los tres líderes, incluido Héctor Galindo.

Los ministros Silva, Zaldívar y Sánchez Cordero votaron a su favor por considerar que, si bien habían retenido a funcionarios como medio de protesta, esta conducta no correspondía a la de un secuestro equiparado, que fue el cargo que se les fincó y por el que se les había sentenciado.

El ministro José Ramón Cossío coincidió en ordenar su liberación, pero por motivos diferentes al estimar que sí habían incurrido en un delito, que no era grave, y por el cual ya habían pagado su pena.

El ministro José de Jesús Gudiño votó en contra, porque dijo que sí eran responsables del secuestro.

Para los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, con el caso Atenco cerraron un ciclo que iniciaron con los juicios de Acteal, en los que liberaron el año pasado a los indígenas que habían sido condenados por la matanza ocurrida en diciembre de 1997, con base en procesos plagados de irregularidades.

A este asunto siguieron los juicios de Querétaro, en los que también ordenaron liberar a las indígenas Alberta y Teresa, quienes habían sido sentenciadas a 21 años de prisión acusadas del secuestro de seis agentes federales.

Respetarán resolución

El gobernador Enrique Peña Nieto dijo que su administración tendrá “absoluto respeto” con la resolución de la Corte de liberar a los presos de Atenco.

Mediante un boletín, su oficina de comunicación social informó: “El gobernador del Estado de México manifestó su respeto a la labor de la Suprema Corte, así como a los derechos humanos, y confió en que el Poder Judicial del estado normará su criterio conforme a lo establecido hoy [ayer] por el máximo tribunal del país”.

En entrevista posterior, Peña rechazó que se trate de un revés para su gobierno y agregó que el interés “no era otro sino el restablecimiento del orden y la paz... y por eso las sanciones a quienes participaron en términos de ley y conforme a la ley se actuó, y conforme a la ley se sancionó”.