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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenará este miércoles la liberación inmediata de 12 integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) detenidos a consecuencia de los enfrentamientos registrados en San Salvador Atenco durante 2006, por considerar, entre otras cosas, que no tuvieron acceso a un debido proceso.

Los ministros de la primera sala de la Corte ampararán y protegerán a los pobladores contra las sentencias que les dictaron jueces y magistrados del estado de México, que van de 31 a 112 años de prisión, por las acusaciones que formuló en su contra la Procuraduría mexiquense, en especial, al responsabilizarlos de incurrir en el delito de secuestro equiparado.

Conforme a información obtenida por este diario, se prevé que durante la sesión de hoy los únicos casos que generen polémica e, incluso, algunos votos de minoría o de discordia en la Corte, sean los de tres de los líderes del movimiento de Atenco: Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa.

Pero esto no pondrá en riesgo su libertad, porque la mayoría de los ministros considera que en sus procesos se vulneraron diversas de sus garantías.

Los casos de Ignacio del Valle, Héctor Galindo, Óscar Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar, Julio César Espinoza, Juan Carlos Estrada, Édgar Morales, Jorge Ordoñez, Narciso Arellano, Alejandro Pilón, Román Ordoñez y Felipe Álvarez encabezan la lista de asuntos que revisarán hoy los ministros.

En particular, porque consideran que si bien en el conflicto retuvieron a funcionarios como una forma de protesta, la realidad es que esta conducta no puede calificarse y castigarse como secuestro equiparado.

La primera sala de la Corte atrajo los juicios de los pobladores de Atenco que estaban a cargo de un tribunal federal en febrero y marzo, para resolverlos directamente por estimar que son de importancia y trascendencia nacional, en particular, por los criterios que les permitirán establecer para asuntos futuros.

Entre los ministros existe la convicción de que los pobladores de Atenco enfrentaron procesos similares a los de los indígenas que fueron sentenciados injustamente por la matanza de Acteal, en Chiapas, y al de las queretanas Alberta Alcántara y Teresa González, culpadas del secuestro de seis agentes federales, y a las cuales liberó la Corte.

En el caso Atenco, la Procuraduría mexiquense les imputó el delito de secuestro equiparado y la justicia local avaló esta acusación por considerar que privaron de la libertad a diversos funcionarios públicos del gobierno del estado de México, con el objeto de obligar al gobernador Enrique Peña Nieto, a que liberara a uno de sus miembros y reanudaran las mesas de diálogo. Por estas conductas les dictaron penas que van de 31 a 112 años de prisión.

A partir de estos hechos, la Corte se encargará de revisar si la retención de funcionarios públicos como una forma de protesta puede ser castigada como el peor de los secuestros cometidos.

Este tema no resulta nuevo para la Corte. El 27 de abril pasado, los ministros de la primera sala determinaron que la retención de funcionarios no podía catalogarse o considerarse un secuestro, al ordenar la liberación de las indígenas Alberta y Teresa, sentenciadas a 21 años de prisión.

Aún así, en opinión de los ministros de la Suprema Corte, el caso Atenco servirá para emitir una serie de criterios en torno a la validez de la “retención” de servidores públicos dentro de una manifestación y como una forma de protesta contra el gobierno, y con respecto a los límites a la libertad de expresión.