En febrero de 2009 el presidente Felipe Calderón aseguró a la agencia The Associated Press que más de 90% de los homicidios y ejecuciones relacionadas con el crimen organizado pertenecen a miembros de los mismos grupos criminales.

El 16 abril pasado el mandatario dijo nuevamente que 90% de las 22 mil 743 mil muertes violentas registradas desde el inicio de su administración “obedecen a la lucha de unos cárteles contra otros” y que los decesos de civiles inocentes en el fuego cruzado “son realmente los menos”.

Es casi imposible tener la veracidad de estas cifras, pues a pesar del alto índice de ejecuciones vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico en México, la Procuraduría General de la República, entidad sobre la cual recaen las investigaciones sobre la delincuencia organizada, sólo ha iniciado mil 210 averiguaciones previas por homicidios graves y lesiones en lo que va de esta administración.

Desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2006, al anunciar el Operativo Conjunto Michoacán como parte de la ofensiva contra el crimen organizado y el narcotráfico, Calderón auguró que la lucha costaría vidas.

En septiembre de 2007 reiteró, en un mensaje a la nación, que la batalla tomaría mucho tiempo, implicaría enormes recursos económicos y cobraría más vidas.

El pasado día 15, durante un nuevo mensaje a la nación, el Presidente insistió en que la “lucha costará, por desgracia, vidas humanas”.

Este costo, de acuerdo con la cifra oficial dada a conocer por el gobierno federal a través de un informe confidencial entregado al Senado de la República el pasado mes de abril, ascendía a 22 mil 743 ejecuciones de diciembre de 2006 a marzo de este año.

La PGR dio a conocer su estadística por una solicitud que hizo EL UNIVERSAL con fundamento en la Ley de Transparencia e Información Pública Gubernamental, en la que se requirieron los datos “sobre los homicidios vinculados con la delincuencia organizada” entre enero de 2006 y abril de 2010, el total de ejecuciones en todo el país y las entidades donde se registraron los crímenes.

El reducido número de expedientes que investiga la dependencia federal y la cifra de muertes registradas en los archivos de su Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), contrasta con los 22 mil 743 homicidios vinculados al crimen organizado contabilizados en esta gestión, según el informe confidencial entregado al Senado.

El documento proporcionado por la PGR a EL UNIVERSAL dista, en su contenido, del informe elaborado por el gobierno federal para los senadores, en el que bajo el término de “homicidios vinculados con la delincuencia organizada”, se detalló que en diciembre de 2006 se registraron 62 crímenes y en 2007 se llegó a los 2 mil 837. Al siguiente año los asesinatos se dispararon a 6 mil 844 y alcanzaron 9 mil 635 en 2009. Entre enero y marzo de este año se registraron 3 mil 365.

En su respuesta a este diario, la dependencia federal señala sólo que de 2006 a marzo de 2010 inició mil 210 averiguaciones previas por los delitos de lesiones, homicidios, homicidios graves y violaciones graves, sin desglosar y especificar cuántos de éstos corresponden a ejecuciones, e incluso señala que “no necesariamente están vinculados al crimen organizado”.

Además, en el documento no se aclara por qué estos homicidios son competencia del Ministerio Público federal y no de las autoridades locales.

Señala que entre enero y marzo de 2010, sólo ha abierto 79 indagatorias por delitos contemplados en el Código Penal Federal, de las cuales sólo dos están clasificadas como “homicidio por culpa grave” y el resto entra en la categoría de lesiones, homicidio y violación grave, reiterando que “no necesariamente están vinculados con la delincuencia organizada”.

Así, las más de 22 mil ejecuciones perpetradas en México en lo que va de la actual administración, vinculadas a las operaciones del crimen organizado no son investigadas por la PGR, ya que ni siquiera tiene información desglosada sobre cuántas de las mil 210 indagatorias que ha abierto correspon den al delito de homicidio.

En la respuesta recibida se anexó el oficio SJAI/DGAJ/03098/ 2010 del Cenapi que indica que debido a que las dependencias requeridas “sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentran en sus archivos, me permito remitirle la única información de que dispone este Centro: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009 se han registrado 8 mil 829 muertes violentas”.

Lo que se traduce en que el área de inteligencia de la PGR sólo tiene en sus archivos las ejecuciones perpetradas durante 2009, aunque su cifra tampoco coincide con las 9 mil 635 ejecuciones contabilizadas en 2009 y que se asentaron en el informe entregado por el gobierno federal al Senado de la República.

Dependencias rebasadas

Los especialistas en temas de seguridad Jorge Chabat, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y Guillermo Garduño Valero, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), coincidieron en que esta respuesta de la PGR pone en claro la incapacidad de la dependencia para investigar los delitos vinculados con el crimen organizado.

“El reducido número de expedientes por homicidios graves que investiga la PGR, son reflejo de la incapacidad de las instituciones para investigar estos crímenes, que además se han incrementado exponencialmente en los últimos años, por lo que han sido rebasadas”, consideró Chabat, quien dijo que en teoría los homicidios vinculados al crimen organizado deberían ser indagados por el Ministerio Público federal.

Cuestionó el archivo estadístico del área de inteligencia ,“la impresión que deja es que simplemente la Procuraduría General de la República no puede investigar todos los casos ni registrarlos, y por lo menos debería colaborar con las autoridades estatales que tienen el resto de los expedientes de los más de 22 mil casos reportados en el país.

Garduño Valero coincidió en que la información entregada por la dependencia federal es evidencia absoluta de la incapacidad de investigar todas las ejecuciones que perpetra el crimen organizado, y si a esto se suman las deficiencias de las investigaciones en el fuero local, “no es casual que sólo 1% de los crímenes lleguen a ser procesados penalmente ante un juzgado, el resto quedan impunes”.