Se pasea por los pasillos de la feria con un rifle colgado en el hombro. En la punta del fusil lleva un pedazo de cartón en el que exhibe fotografías y precios de su mercancía. En la mochila lleva otras dos armas largas, algunos accesorios y municiones. Sobre el cinturón porta dos pistolas, una en cada costado.

Entre tanta oferta de armas, acepta vender un rifle por 400 dólares, 55 menos que el precio original. El comprador, un joven de 20 años, le dice que olvidó su identificación en casa. No importa. El vendedor sólo pregunta la fecha de su cumpleaños y cierra el trato.

En las ferias de armas del estado de Arizona, en la Unión Americana, así se realiza la compra-venta de pistolas, rifles y demás armamento entre particulares. No hay chequeo de documentos ni registro del nuevo propietario del arma. Este intercambio comercial es avalado por la legislación federal y estatal.

De los cuatro estados que comparten frontera con territorio mexicano, Arizona tiene la legislación más permisiva en materia de posesión y portación de armas de todo Estados Unidos.

De acuerdo con el análisis de las legislaciones estatales que realiza la organización estadounidense Campaña Brady para Prevenir la Violencia por el Uso de las Armas, Arizona (con 581 kilómetros de frontera) es el estado fronterizo que más facilita el contrabando de armamento hacia México, porque permite la comercialización sin verificar antecedentes de los compradores y carece de restricciones sobre el número de armas que se pueden adquirir.

La asociación civil presenta un reporte anual sobre las leyes estatales. En 2009 le otorgó a Arizona sólo dos de 100 puntos. El bajo puntaje lo obtuvo por impedir el ingreso de personas armadas a las aulas, pero el estado reprobó en criterios relativos al control de tráfico de armas, verificación de antecedentes personales y penales de los compradores y los vendedores, por carecer de medidas de seguridad para evitar que las armas lleguen a los menores de edad, por no tener restricciones para la venta de rifles de asalto estilo militar y permitir el uso de armamento en lugares públicos.

El único estado peor que Arizona, en materia de regulación de armas de fuego, es Utah, que no obtuvo ningún punto. En la región fronteriza, California es la entidad que tiene mayores controles. La Campaña Brady la califica con 79 puntos, a Texas con nueve puntos y a Nuevo México con cuatro.

Luis Astorga, sociólogo e investigador del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, coincide con la organización estadounidense en los riesgos que genera la debilidad que impera de las leyes en Estados Unidos.

El especialista advierte que “la disponibilidad de las armas en sí misma no genera necesariamente la violencia, pero sí permite que ésta adquiera dimensiones mayores y que sea muy difícil contenerla. Los traficantes obtienen armas cada vez más sofisticadas y a precios muy accesibles gracias a las facilidades que hay del mercado estadounidense”.

En el estudio El tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. Responsabilidades diferentes, publicado el pasado mes de marzo, Astorga insiste en la corresponsabilidad de los países de origen y destino de las armas. Señala a los estados fronterizos de Arizona, Nuevo México y Texas como una parte fundamental del problema, por las facilidades que hay en la región para adquirir armas potentes y municiones sin límite.

En un informe sobre tráfico de armas en México, fechado en junio de 2009 y realizado por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de la Unión Americana (GAO, por sus siglas en inglés), se advierte que los contrabandistas introducen por Arizona y Texas armas de fuego “cada vez más letales y poderosas”.

Vecindad complicada

El pasado 23 de abril, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, promulgó la ley SB1070 que criminaliza la migración indocumentada. En esa entidad, cuyo cruce fronterizo es el más activo de Estados Unidos, se calcula que habitan, de forma ilegal, unas 460 mil personas.

Una semana antes, el viernes 16 de abril, Brewer firmó la medida 1108, que entrará en vigor 90 después de su promulgación. Con esta ley, el estado de Arizona elimina la exigencia legal para que los ciudadanos porten sus armas a la vista y permite la posesión de una pistola o un rifle sin permiso. Hasta ahora, portar una arma oculta y sin permiso se castigaba con seis meses de cárcel y 2 mil 500 dólares de multa. La sanción desaparecerá y en Arizona será legal llevar un arma escondida, como ahora sucede en Alaska y Vermont.

En Arizona, 154 mil personas cuentan con permisos para portar armas. A partir del 13 de julio todos los ciudadanos, mayores de 21 años, tendrán acceso a rifles y pistolas de cualquier calibre.

David Shirk, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, asegura que esta permisividad legislativa se refleja en el tipo de armamento que se decomisa en los estados mexicanos que hacen frontera con Arizona y Texas.

“En los estados de Tamaulipas, Chihuahua y Sonora se confisca más armamento que en Baja California, lo que demuestra que por Arizona y Texas entra la mayoría de las armas que posee el crimen organizado en México.”

Shirk lamenta: “Estamos armando a los criminales y lo sabemos, pero no hacemos nada, porque tenemos la creencia sagrada de la libertad total al acceso de armas en Estados Unidos. Debemos poner reglas, porque la segunda enmienda (constitucional) no dice que podemos adquirir toda clase de armas”.

El investigador en temas fronterizos lanzó una advertencia: “Deben existir límites para la posesión y portación de armas en Estados Unidos para que no sea una amenaza a la seguridad de nuestra población ni de nuestros vecinos”.

Arizona, junto con los estados de Nevada y Utah, forma parte del “Triángulo UZI”, porque tienen el mayor número de fabricantes de armas de asalto en la Unión Americana, advierte el Centro de Políticas contra la Violencia.

Caso Iknadosian

El investigador Jonathan Lowy, que forma parte de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia por el Uso de las Armas, presenta un caso que muestra la debilidad de las leyes en Estados Unidos en el tema de las armas.

En el reporte Exportando la violencia armada. Cómo nuestras débiles leyes arman a criminales en México y América, Lowy expone la historia de Geoge Iknadosian, propietario de la tienda “X-Caliber”, en Phoenix, Arizona.

En 21 meses, este hombre vendió un total de 700 armas a los cárteles de la droga en México, mediante la contratación de compradores ocasionales.

El especialista estadounidense relata que de acuerdo con el proceso de rastreo del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) la pistola calibre 38 súper con incrustación de diamantes que portaba el narco Alfredo Beltrán Leyva al momento de ser arrestado, fue vendida en la tienda de Geoge Iknadosian.

Dos agentes encubiertos de la ATF realizaron supuestas negociaciones con Iknadosian para comprar rifles de asalto y trasladarlos a México. El vendedor asesoró a los presuntos compradores sobre la ruta que debían seguir para llevar las armas a territorio mexicano, a través de la frontera con Arizona.

En mayo de 2008, el vendedor fue detenido por personal de la Procuraduría de Arizona, acusado de traficar armas para los cárteles mexicanos. Pero el 30 de octubre de 2009, el juez Robert L. Gottsfield desechó los cargos en contra de Iknadosian y ordenó su liberación. Incluso, el juez permitió que George Iknadosian mantuviera la licencia federal para venta de armamento.

En marzo de este año, Iknadosian inició una demanda contra los agentes encubiertos de la ATF; el procurador de Arizona, Terry Goddard, y contra el propio Estado. El hombre reclama 2 millones de dólares por las pérdidas que registró su negocio durante el tiempo que permaneció cerrado y por los “daños morales y físicos” que sufrió.

La ATF en Arizona

Raymond Rowley, coordinador de Oficina de ATF en la frontera sur de Estados Unidos, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL que el mayor número de armas decomisadas en México proviene de Texas y Arizona, de acuerdo con los resultados del rastreo que realizan ambos países. Incluso, menciona que en esa región tienen “más agentes que en todo el territorio de Estados Unidos”.

El oficial del gobierno estadounidense explica que su trabajo es “rastrear las armas que encontramos en Estados Unidos, pero actualmente estamos concentrados, a través del proyecto Gunrunner, en darle seguimiento a todas las armas que llegan a México”.

Rowley informó que la ATF tiene emplazados a 200 agentes en la zona fronteriza, donde se incrementó “el número de individuos que adquieren armas en las ferias de Arizona y Texas e intentan meterlas a México. Las ferias son la fuente de abastecimiento de los traficantes locales e internacionales”.