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El presidente Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados su propuesta de reforma antimonopolios, y para desincentivar esas prácticas que dañan a la economía nacional y de las familias mexicanas, pidió al Congreso de la Unión penas de cárcel de tres años a 10 años para quienes impidan la competencia económica.

Al efecto, el mandatario propone la creación de un sistema de tribunales especializado en materia económica, lo que generará salas especializadas en competencia económica, dentro del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Incluye la especialización en esa materia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación.

Incorpora en la ley el castigo económico equivalente a 10% de los ingresos de la empresa que incurra en prácticas monopólicas absolutas, y de 8%, en caso de prácticas monopólicas relativas. A la fecha el castigo se mide en salarios mínimos, lo cual no desincentiva las prácticas indebidas.

Propone el concepto de Poder Sustancial Conjunto, una violación a la libre competencia que surge “cuando dos o más agentes económicos tengan dominancia conjunta de un mercado a través de prácticas anticompetitivas”. En esa situación, imponen precios y abastos sin que los competidores puedan contrarrestar sus acciones.

Esta iniciativa forma parte del paquete de reformas estructurales que anunció el Ejecutivo para la segunda parte de su mandato y modifica y adiciona la Ley Federal de Competencia, el Código Penal Federal, el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

El presidente Felipe Calderón Hinojosa anunció en Los Pinos la reforma contra prácticas anticompetitivas, monopolios y oligopolios, en compañía de los titulares de Hacienda, Ernesto Cordero y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.

Argumentó que esta legislación insertará a México en el conjunto de países que se han actualizado en materia de competencia, y ello motivará la generación de empleos y de crecimiento económico.

Destacó que en México 30% del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de competencia, en los cuales los consumidores gastan 40% más que si hubiera competencia. Y la población más pobre gasta 42% de su ingreso en marcados altamente concentrados.

Capacidad para investigar

“Los monopolios generan precios excesivos de productos y servicios, lo que disminuye la capacidad de consumo de las familias, especialmente las más pobres”, plantea Felipe Calderón en la inicitiativa que recibió la mesa directiva de la Cámara de Diputados y que será presentada al pleno, en su sesión de hoy, con lo cual da inicio el proceso legislativo de la reforma antimonopolios.

La Comisión Federal de Competencia (Cofeco) recibirá facultades para investigar y sus operaciones, como su estructura, tendrán cambios para mejorar en eficacia, eficiencia y transparencia.

El presidente de la Comisión cumplirá periodos de cuatro años, en vez de seis, con posibilidad de un periodo adicional, y el esquema de comisionados tendrá reglas para actuar como contrapeso para el mejor funcionamiento de la organización.

Eduardo Pérez Mota, presidente de la Cofeco, afirmó que la propuesta permitirá que México entre a los estándares de la OCDE. Con respecto a los castigos, dijo que las empresas pensarán dos veces antes de realizar prácticas contra la competencia, pues las sanciones que prevé actualmente la ley no son equiparables al daño que causan.