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La presencia del Ejército en las calles para realizar tareas de seguridad pública sólo será viable en zonas geográficas precisas, por un tiempo determinado y únicamente cuando quede plenamente demostrado que las autoridades civiles han sido rebasadas por grupos delictivos, recomienda un documento del grupo técnico de las comisiones del Senado de la República encargadas de procesar las reformas a la Ley de Seguridad Nacional.

El Ejecutivo tendrá que justificar ante los senadores las razones por las cuáles el Ejército debe salir de los cuarteles y delimitar, incluso, los actores que participarán en una estrategia de seguridad focalizada.

En un primer esfuerzo para alinear las posturas de los partidos políticos de oposición y la propuesta del presidente Felipe Calderón, esquema cuya copia tiene EL UNIVERSAL, se establece la Declaratoria de la Existencia de una Afectación a la Seguridad Interior como ruta para regular las actividades del Ejército en seguridad pública.

La creación de esta figura jurídica obliga a reformar el artículo 89 constitucional y limitar de esta manera las facultades del Presidente de la República para disponer del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en asuntos de seguridad interior.

El documento también sugiere ampliar el concepto de seguridad interior, que se establece en la Constitución.

Los senadores involucrados en la negociación de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional buscan que en la ley quede asentado cuál será el proceso para autorizar el despliegue de las fuerzas armadas en las calles de todo el país.

La Declaratoria de la Existencia de una Afectación a la Seguridad Interior, solicitada por el Presidente de México y avalada por el Senado, sería el camino constitucional para que el Ejército abandone los cuarteles.

Los coordinadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, revelaron que se busca lograr un consenso entre las fuerzas políticas para que los militares no permanezcan más de 18 meses en las calles.

Además, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobaron un dictamen para salvaguardar los derechos humanos de todos los ciudadanos, incluso en caso de que se declare Estado de Emergencia.

Así, con este dictamen se cerró la posibilidad de que el presidente Felipe Calderón Hinojosa cree la Fuerza Armada Permanente que actúe sin otro filtro más que la información del Centro de investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Distintos sectores han insistido en la necesidad de regular la actuación del Ejército en el combate al narcotráfico y en las funciones que desarrolla en materia de seguridad.

El propio rector del Tecnológico de Monterrey, Rafael Rangel Sostmann, se pronunció a favor de acotar las funciones del Ejército mexicano para evitar que se caiga en excesos en la lucha que encabeza contra el crimen organizado en el país.