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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió hacerse cargo de la revisión del juicio de amparo que promovió el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en contra del decreto que emitió el presidente Felipe Calderón, el 10 de octubre de 2009, para extinguir a Luz y Fuerza del Centro.

Mediante este recurso los electricistas también buscan dejar sin efecto el acuerdo que emitió, el 13 de octubre pasado, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, “con motivo de la solicitud del Servicio de Enajenación de Bienes para que apruebe el aviso de terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo entre el Sindicato y la Compañía”.

Desde el 11 de diciembre de 2009, la juez Guillermina Coutiño Mata, titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región resolvió no amparar al SME, por considerar que el decreto que emitió el presidente Calderón Hinojosa no viola ninguna disposición constitucional.

En su sentencia, la juez Coutiño explicó que “al ponderar los derechos constitucionales que defienden los quejosos frente a los intereses colectivos, como son la prestación de un servicio público de un área prioritaria para la economía y desarrollo, se arribó a la conclusión de que los primeros por referirse a derechos individuales deben ceder frente a los derechos de la nación en su conjunto”.

Sobre todo —agregó— porque mediante el decreto, “en la medida necesaria para salvaguardar la debida prestación del servicio público de energía eléctrica, se garantizan los derechos de los trabajadores derivados del tiempo que prestaron su servicio a dicho organismo”.

En opinión de la juez, “los empleados no tienen derecho a que un organismo descentralizado cuya operación no beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas siga subsistiendo, con el propósito de que conserven su fuente de empleo”.

Promueven revisión

Inconformes con esta decisión los electricistas promovieron un recurso de revisión que originalmente le tocaba resolver a un tribunal colegiado. Pero a petición del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, la Corte decidió intervenir en este asunto.

Pero por cuestiones meramente técnicas, el máximo tribunal del país no utilizó su facultad de atracción sino otra que le permite reasumir la competencia original que tiene para revisar este tipo de juicios, lo que le permitirá pronunciarse sobre todos los puntos de la demanda del SME y emitir una decisión definitiva en torno al juicio.