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El proyecto del gobierno federal de expedir una Cédula de Identidad Ciudadana tiene confrontados a la Secretaría de Gobernación y a los diputados federales del PRI.

En San Lázaro se pidió suspender el proceso de un nuevo registro ciudadano por desconfianza al uso de datos personales; la dependencia respondió oficialmente que utilizarán en este año alrededor de mil millones de pesos para su ejecución.

“Se exhorta respetuosamente al Instituto Federal Electoral y a la Secretaría de Gobernación a posponer la instrumentación de cualquier convenio encaminado a ejecutar el proyecto de la Cédula de Identidad Ciudadana, en tanto el Congreso de la Unión no defina, en el contexto de un debate incluyente, la regulación del respectivo marco jurídico, evitando con ello graves confusiones en la instrumentación del proyecto referido, así como eventuales riesgos que vulneren la autonomía del órgano electoral”, aclara el punto de acuerdo presentado por el PRI.

En la Gaceta del martes y del jueves de la semana que termina, se publicó el punto de acuerdo firmado por la bancada del PRI, y también la respuesta de la Secretaría de Gobernación.

La dependencia informó a la Cámara de Diputados que el proyecto sigue su marcha, y que está garantizada la recopilación, protección y veracidad de la información de cada ciudadano, y para ello se contrató a “un experto” para que hiciera un estudio sobre el impacto a la privacidad que tendrá el servicio Nacional de Identificación Personal.

Gobernación argumentó —en un oficio enviado a la Mesa Directiva de San Lázaro— que es obligación del Ejecutivo garantizar y dotar de una identidad oficial a todos los ciudadanos.

El PRI en San Lázaro cuestionó que 17 años después de la consolidación de la credencial para votar con fotografía que expide el IFE, el gobierno del presidente Felipe Calderón pretenda una nueva forma de identificación.

Los priístas argumentaron que “se ha hecho evidente una indudable urgencia por parte del gobierno federal para concretar este asunto, al grado de que se ha expuesto a desgastes innecesarios con diversos actores. Por ejemplo, durante la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2010, los diputados desechamos la partida específica destinada al mencionado proyecto; y el propio IFE ha manifestado sus dudas”.