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Senadores y diputados panistas coincidieron en la necesidad de decretar un “estado de excepción” en Ciudad Juárez, Chihuahua, e incluso disolver las policías locales hasta que el gobierno federal tome el mando, mientras que legisladores de oposición urgieron al Presidente de la República a cambiar la estrategia de combate al crimen organizado en la entidad fronteriza.

El senador panista Guillermo Tamborrel, presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, aceptó que debe generarse un “estado de excepción” en la entidad, pues se vive una situación “excepcional”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Gustavo Madero, no descartó ese escenario. Dijo que la autoridad debe valorar si permitiría mayor seguridad, pero desde su punto de vista el Consejo Nacional de Seguridad debe analizar cada una de las opciones.

El senador panista Ramón Galindo, ex alcalde de Ciudad Juárez, propuso congelar de manera temporal las funciones de las policías estatal y municipal en esa ciudad, con el fin de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal designe un mando único que dirija la estrategia anticrimen.

Explicó que así se facilitaría la integración y coordinación de esfuerzos de las corporaciones policíacas, evitaría la duplicidad de funciones y permitiría un mejor despliegue operativo y cobertura.

Propuso la creación de un mando único —de extracción civil— para incorporar a los elementos de los cuerpos policiacos locales y estatales, que “se convertiría en el responsable de elaborar, ejecutar y supervisar los programas, procedimientos y servicios de actuación integrada de los miembros de ambas corporaciones”.

Urgió al gobierno federal a detallar oficialmente el nuevo plan.

Posiciones encontradas

A 48 horas de perpetrada la matanza de 16 jóvenes en Juárez, legisladores de oposición urgieron al Presidente a modificar la estrategia anticrimen en esa ciudad.

El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, insistió en que la estrategia está equivocada y que debe replantearse. Desde su punto de vista, nunca es tarde para corregir.

Lamentó la actitud del presidente Calderón, pues pensó que cuando se dio a conocer la masacre el Ejecutivo regresaría de inmediato a México de su gira que realizó por Suiza y Japón, lo que no ocurrió.

El senador Pedro Joaquín Coldwell (PRI) dijo que la ejecución de jóvenes en Juárez prueba que la estrategia anticrimen no funciona, mientras que Tamborrel consideró que ésta no ha fallado, pero admitió que habría que “reforzarla”.

Madero informó que hoy solicitará formalmente a las demás bancadas que la comparecencia de los titulares de la Sedena, general Guillermo Galván Galván; Marina, Francisco Saynez; PGR, Arturo Chávez Chávez, y SSP, Genaro García Luna, para explicar la estrategia contra la delincuencia y la iniciativa Mérida, se realice ante la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, que aglutina a los senadores y diputados federales.

Piden sitiar la ciudad

En la Cámara de Diputados, panistas urgieron a decretar estado de sitio en Juárez, mientras que el PRI emplazó al Ejecutivo a cambiar la estrategia de guerra armada por otra de fomento económico en las ciudades agobiadas por el crimen, que abra oportunidades de empleo a nivel local.

El PRD aseguró que se opondrá a una estrategia que pase sobre las garantías individuales, y advirtió que la masacre del fin de semana es la expresión de una “venganza general” de la delincuencia.

El debate sobre el tema dividió opiniones. La izquierda centró la responsabilidad en Calderón y pidió su renuncia; el PAN defendió la política del Presidente e incluyó entre los responsables de la tragedia a los padres de las víctimas: “¿Qué estaban haciendo ellos?”, preguntó la diputada Augusta Valentina Díaz.