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La PGR no sólo apoya la acción de inconstitucionalidad que restringe las facultades de órgano local de transparencia de Campeche, también ha iniciado una serie de juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para no cumplir diversas órdenes que le ha dado el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).

Como parte de su estrategia para no dar a conocer información pública o retrasar su entrega, aunque no exista una reforma que lo autorice explícitamente, la PGR ha optado por impugnar las decisiones del IFAI.

Uno de los juicios que ha impulsado el procurador es el que promovió para no dar a conocer el expediente sobre las personas desaparecidas durante la llamada guerra sucia, relacionado con el caso Rosendo Radilla, y que el IFAI ordenó se le entregara a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

A la par, el titular de la PGR y la administración calderonista litigan ante la Corte para que declare infundados dos juicios que inició desde el año pasado en su contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por haber impulsado y avalado la aprobación de una reforma que prohibió el acceso a las averiguaciones previas de la PGR.

El caso Rosendo Radilla

En el caso de Rosendo Radilla, los codirectores de la Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, AC (Litiga OLE), Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano, recuerdan que inicialmente a la PGR se le pidió la averiguación que llevó a cabo en torno a la desaparición de Radilla y de otras 121 personas, cometidas presuntamente por miembros del Ejército, de julio a octubre de 1974, en el municipio de Atoyac de Álvarez.

La PGR se negó a entregar la documentación por considerar que los expedientes de las averiguaciones penales son información reservada.

Inconformes con la medida, recurrieron al IFAI, que les dio la razón al resolver que el expediente es de acceso público, porque cae en la excepción que establece el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia, que establece que la información sobre graves violaciones a los derechos fundamentales y delitos de lesa humanidad es de carácter público.

En contra de lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia, afirman Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano, la PGR impugnó la orden ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, vía una demanda de nulidad.

En un primer momento, la impugnación de la PGR fue desechada, por lo que promovió un recurso de reclamación, en el que actualmente se revisa si se le da entrada o no a su demanda.

Contra la medida, Litiga OLE promovió un juicio de amparo que se encuentra en su etapa final en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede en el DF.

En juego, futuro de la transparencia

Luis Miguel Cano afirma que de este juicio de amparo depende en gran medida el futuro de la transparencia en el país, porque, asegura, “si se avala que la PGR o cualquier otro sujeto obligado no cumple de inmediato con las resoluciones del IFAI, que le ordenan entregar información pública, se impediría la entrega oportuna de esa información y se complicaría aún más que las personas puedan usar de manera eficaz los mecanismos para exigir transparencia y rendición de cuentas a sus autoridades”.