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La Corte no colocó entre sus prioridades para 2010 la resolución de dos juicios que promovió el año pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las reformas que prohíben, a nivel federal y en el estado de México, que se conozca el contenido de las averiguaciones previas que realizan la Procuraduría General de la República (PGR) y la procuraduría mexiquense.

Desde la primera semana de febrero de 2009, la CNDH solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anule la reforma que aprobó el Congreso de la Unión al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales.

En este artículo se estableció que todas las averiguaciones previas tienen el carácter de reservado y que sólo se puede acceder a ellas después de tres años de que se haya determinado el no ejercicio de la acción penal, y hasta después de 12 años en los casos en los que sus juicios se hayan resuelto en definitiva.

Desde entonces, la CNDH argumentó que dicha reforma atenta contra el derecho a la información, oculta el proceder del Ministerio Público y, en especial, de los funcionarios que traicionan a la sociedad en la lucha contra la delincuencia.

Como parte del juicio, la ministra Olga Sánchez solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) su opinión sobre el tema, y éste le hizo llegar un informe en el que le manifestó que dicha reforma va contra las recientes modificaciones a la Constitución en materia de seguridad y justicia, que establecen un sistema de juicios orales transparente.

En el documento que entregó a la ministra, el IFAI le recordó que “un sistema de justicia más transparente y respetuoso de los derechos humanos no debe soslayar los esquemas de rendición de cuentas y de acceso a la información para someter al escrutinio ciudadano las actuaciones del Ministerio Público”.

Este punto coincide con los argumentos esgrimidos en la demanda de la CNDH, en la que se advirtió que “la cruenta lucha que hoy se libra en nuestro país por el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la seguridad pública, no puede ganarse a través de la opacidad del Ministerio Público”.

Porque, agregó la CNDH, “la sociedad ha sido traicionada por malos servidores públicos, y tiene el irrenunciable derecho de saber qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, por lo que no puede esperar tres o más años. Debe también saber quiénes son los servidores públicos que integran las averiguaciones previas y cómo actúan”.

Estos argumentos fueron repetidos por la CNDH en marzo de 2008, cuando pidió a la Suprema Corte de Justicia que anulara una reforma del estado de México que estableció que todas las actuaciones de la Policía y del Ministerio Público en las etapas previas o de investigaciones tienen el carácter de secretas para todas las personas ajenas al proceso.