silvia.otero@eluniversal.com.mx

Las familias y abogados de las tres víctimas del caso del Campo Algodonero, por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al gobierno mexicano como responsable de estos crímenes perpetrados en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, dijeron que se hará justicia hasta que el Estado cumpla en su totalidad con la resolución y se castigue a los servidores públicos que cometieron irregularidades en el curso de la investigación.

Organizaciones sociales como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) que participaron en el litigio contra el gobierno mexicano, dijeron que los feminicidios en Ciudad Juárez son una cuenta pendiente y un problema latente, ya que este año se han registrado 140 muertes de mujeres y 36 desapariciones —34 de ellas eran menores de edad.

Sobre el fallo de la Corte en el caso del Campo Algodonero, en conferencia anunciaron que para vigilar el cumplimiento por parte del Estado mexicano de cada una de las sanciones, se creará un comité con invitados nacionales e internacionales que seguirán paso a paso la actuación del gobierno hasta que se haga justicia a las víctimas Laura Berenice Ramos Monárrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, así como a sus familias.

La tarde del lunes 29 de octubre de 2001, Esmeralda desapareció, tenía 15 años de edad. Su cuerpo fue localizado en el Campo Algodonero hasta el mes de noviembre, pero pasaron cuatro años para que sus restos fueran identificados.

Irma Monreal, su madre, tras conocer el fallo de la CIDH dijo que “no recuperaré a mi hija, pero son ocho años que he esperado este momento y me siento contenta y feliz, pero ahora tengo que luchar por que se cumpla todo lo que se ha dicho”.

En su resolución la Corte impuso sanciones legales y económicas: el gobierno mexicano deberá pagar más de 847 mil dólares como indemnizaciones; tendrá que investigar y castigar a los funcionarios sospechosos de cometer anomalías a lo largo de las investigaciones.

También se fijó el plazo de un año para que el Estado realice un acto público en el que reconozca su responsabilidad en los términos que dictó la CIDH.