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México no se retracta en su decisión. El caso de la secuestradora Florence Cassez está concluido y jurídicamente no es viable que sea entregada al gobierno de Francia, aseguró Joel Hernández García, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Dijo que nuestro país no ha incumplido ninguna obligación internacional, pues el convenio que el gobierno francés quiso hacer valer para este caso establece como un requisito para su aplicación la voluntad del Estado requerido que lo posibilita a otorgar o negar una solicitud de traslado de un condenado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario de la cancillería mexicana explicó que el Tratado de Estrasburgo —firmado entre ambas naciones— no establece que el gobierno mexicano estuviera obligado a hacerlo, por lo que el caso no podría ser llevado ante ningún tribunal internacional.

El Tratado de Estrasburgo

Explicó que “lo que hizo México fue de buena fe examinar la solicitud del gobierno francés, y después de este análisis tomar una decisión”.

El consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores refrendó así la posición del gobierno mexicano ante el caso de Cassez, luego de que Daniel Parfait, embajador de Francia en México, señaló que para su país el asunto no está olvidado y recurrirá a todas las instancias jurídicas para que la francesa sea trasladada a su nación, por lo que incluso se analiza la posibilidad de llevar el tema ante tribunales internacionales para que se aplique el Tratado de Estrasburgo.

El gobierno de Nicolás Sarkozy solicitó que Cassez fuera trasladada a Francia para cumplir la condena impuesta por los tribunales mexicanos de 60 años de prisión, luego de ser encontrada como responsable de tres secuestros perpetrados por la banda de Los Zodiaco.

El gobierno mexicano anunció el pasado 22 de junio su negativa de entregarla ante el riesgo de que se redujera su sentencia o pudiera ser liberada de acuerdo con las leyes francesas.

Un tema concluido

Hernández García explicó que “para el gobierno de México, el tema fue concluido después de un minucioso examen que se hizo del caso en el seno de una comisión de juristas México-Francia”.

A partir del análisis jurídico del caso, explicó que “el gobierno de México tuvo los elementos para conocer que la sentencia tal y como fue dictada por los tribunales no podría ser ejecutada (…) por virtud de una diferencia de sistemas jurídicos en Francia, por lo que estaría sujeta a una sentencia menor a la establecida por los tribunales mexicanos”.

Dijo que el convenio que se buscó aplicar en este caso “no establece la obligación de otorgar el traslado y en virtud del carácter voluntario el convenio carece de un recurso ante tribunales internacionales, consideramos que no existe un instrumento jurídico que así lo prevea”.