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La comisión de magistrados que investiga el caso del incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, se fijó como hipótesis a comprobar que la tragedia fue el resultado del desorden que existe en el sistema de guarderías subrogadas del IMSS en todo el país, y de la negligencia e indiferencia de las autoridades encargadas de otorgar los permisos y de supervisar su funcionamiento.

Después de un análisis previo del caso, la comisión de magistrados logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobara su protocolo de investigación, en el que fijaron la ruta que seguirán sus indagatorias; y en el que se propone —en una de sus fases— que jueces federales ubicados en ciudades estratégicas del país acudan a supervisar personalmente las guarderías subrogadas de su localidad.

Los magistrados María del Refugio Mota Cienfuegos y Carlos Ronzón Sevilla elaboraron un plan de investigación que constará de seis fases en igual número de meses, debido a que la indagatoria no se concentrará únicamente en el caso ABC, donde fallecieron 49 niños, sino en todo el sistema de guarderías subrogadas del instituto.

En el protocolo de investigación se establece que el objetivo general de la Comisión Investigadora consiste en recabar los elementos de juicio necesarios para que la Corte resuelva si los hechos del 5 de junio, ocurridos en la guardería ABC, “generaron violación de las garantías individuales contenidas en los artículos 4º, en el caso de los menores que estaban inscritos en esa guardería, y 123 constitucionales, en cuanto a las garantías de seguridad social en favor de padres y los trabajadores del establecimiento y la gravedad de esa eventual violación”.

“El contexto de la investigación —se agrega en objetivo—, incluye el análisis y verificación del Sistema de Guarderías del IMSS en toda la República Mexicana, de modo que será parte del objeto de este trabajo, un diagnóstico de las normas jurídicas aplicables y vigentes así como la situación fáctica de un número representativo de guarderías públicas que operen con el mismo o similar esquema que la denominada ABC; es decir, que dependan del instituto”.

Mientras que en lo particular, se precisa que “el objetivo medular de la investigación es que, a la luz del conocimiento de la verdad histórica de los hechos acaecidos a que arriba el Tribunal Pleno, los padres y familiares de los menores fallecidos queden plenamente satisfechos en su legítimo reclamo de que se conozca la verdad”.

Además garantizar que “no exista impunidad y se haga justicia; al tiempo de que se coadyuve a que la comunidad local y nacional tengan la certeza de lo que sucedió y de la legalidad, oportunidad y efectividad o no de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades; y así restaurar en lo posible el daño causado a la sociedad en su conjunto por la desconfianza en algunas instituciones y autoridades que este lamentable evento causó”, agrega el documento.

La Comisión también se fijó como una de sus metas el revisar, desde el punto de vista jurídico, si las autoridades del IMSS tenían atribuciones para subrogar el servicio de atención de los menores a particulares.