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Caso Acteal: encerraron a inocentes

Carlos Avilés| El Universal
Jueves 06 de agosto de 2009

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Revisiones de la Corte evidencian que la PGR fabricó pruebas contra 40 indígenas condenados injustamente por la matanza del 22 de diciembre de 1997. El alto tribunal se apresta a votar para que sean liberados

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No hay duda. Les fabricaron pruebas, testigos y se cometió un cúmulo de irregularidades para culparlos por la matanza de Acteal perpetrada el 22 diciembre de 1997. Han pasado 11 años de su vida en la cárcel y son inocentes. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación se alista a liberarlos.

Son al menos 40 indígenas que de manera injusta fueron acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) y sentenciados por jueces y magistrados federales. A todos se les atribuyó ser responsables de la matanza ocurrida antes de la Navidad de 1997.

En esa ocasión fueron asesinados 45 indígenas tzotziles cuando realizaban una jornada de oración en una ermita de madera en la comunidad de Acteal, en la zona conocida como Los Altos de Chiapas.

Las investigaciones de estos hechos corrieron a cargo de la Procuraduría General de la República, durante la gestión de Jorge Madrazo Cuéllar, con Ernesto Zedillo en la Presidencia de la República. Unos meses después, la dependencia consignó a más de 80 personas como responsables de la matanza.

Ahora, a más de una década de distancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) detectó irregularidades en los procesos de al menos la mitad de los sentenciados de 20 a 40 años de prisión por lesiones y homicidio calificados y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Son una muestra de los defectos que enfrenta el sistema de justicia en el país, a decir de los propios ministros.

Después de revisar los expedientes de 57 de los acusados, que lograron que sus casos llegaran a la Suprema Corte gracias a que un grupo de académicos del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) asumió su defensa, la mayoría de ministros de la Primera Sala del alto tribunal concluyó que al menos 40 de ellos son inocentes.

Por eso, en la revisión de sus casos, programada para el miércoles 12 de agosto, la mayoría de ministros votará por amparar a casi 40 indígenas, para que queden en libertad inmediata, de acuerdo con datos recabados por este diario en la Suprema Corte de Justicia.

El total de indígenas que pueden quedar libres en los próximos días aún no está definido. Se calcula que el número alcance los 40, porque al grupo restante de los 57, es decir a unos 17, la Corte también prevé ampararlos, pero sólo para el efecto de que se reponga parte de sus procedimientos y se corrijan algunas irregularidades detectadas en sus juicios.

En estos casos la mayoría de ministros no tiene la certeza absoluta de su inocencia o de que las irregularidades detectadas en sus casos hayan sido de tal magnitud que ameriten que se les deje en libertad de inmediato.

Pero con esta decisión se abrirá la posibilidad de que se revisen nuevamente los casos de este segundo grupo, con el fin de que si hay elementos también se les deje en libertad.

La última puerta a la libertad

Después de pasar por diferentes instancias, de sufrir aplazamientos, cambios de jueces, falta de traductores, de enfrentar 10 años de prisión, a lo largo del primer semestre de 2008, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo —en diferentes momentos— los amparos que promovieron 57 indígenas que fueron hallados culpables, en dos instancias de los hechos de Acteal.

Era su última opción. Su última carta. Y la SCJN les abrió ésa, su última puerta, en un hecho único, porque el máximo tribunal del país casi nunca revisa la culpabilidad o inocencia de alguien en un juicio.

La Corte atrajo su caso por su importancia y trascendencia a nivel nacional, y porque se trata de un asunto que “reviste un interés superlativo, reflejado en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia o bienestar”.

Pero también por los criterios que permitan establecer que estos casos no se repitan.

Además, al resolver estos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pretende combatir a futuro las irregularidades que se cometen en relación con la integración deficiente o amañada de las averiguaciones previas, la valoración de las pruebas obtenidas de manera ilegal, el respeto a las garantías procesales y al derecho a una adecuada defensa y a una justicia pronta y expedita.

Y todo está listo para que la sentencia final de este caso se dicte en la sesión pública del miércoles 12 de agosto.

 



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