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Caso ABC no alteró vida en Hermosillo: ministro

Carlos Avilés| El Universal
Miércoles 05 de agosto de 2009
Aguirre Anguiano propone que Corte no investigue; prevén haya oposición

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El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Aguirre Anguiano, respaldó y avaló las acciones que han emprendido las autoridades federales y locales en el caso de la guardería ABC, pues, asegura, han actuado de manera diligente para esclarecer los hechos.

En el proyecto de sentencia que presentó ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que tuvo acceso este diario, Aguirre también argumenta que con el incendio de la guardería ABC —que ha ocasionado la muerte de 49 niños— no se alteró la vida de la comunidad, el orden público ni la paz social, por lo que no procede ejercer la facultad que tiene el máximo tribunal para investigar violaciones graves de garantías de la población.

En este caso, argumenta, no se está ante un acontecimiento que tenga un impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad, por lo que, en su opinión, no hay razones para crear una comisión investigadora.

Aguirre cita en su propuesta criterios adoptados por la propia Corte en los que, dice, se estableció que la facultad de investigación, prevista en el artículo 97 de la Constitución, sólo “opera ante acontecimientos que tengan un impacto trascendente en la forma de vida de una comunidad, alterándola”.

Lo cual, afirma el ministro de la Suprema Corte, “no ocurre en el expediente que nos ocupa, porque las consecuencias de los hechos acaecidos están siendo enfrentados por las autoridades correspondientes, las cuales en forma diligente han llevado a cabo los actos necesarios para esclarecerlos”.

La propuesta de Aguirre no sorprendió a sus compañeros, porque de manera reiterada él se ha opuesto a que el máximo tribunal del país ejerza la facultad investigadora que le otorga el artículo 97 de la Constitución.

Llevan tema a Facebook

Incluso, en un hecho inusual en la Suprema Corte de Justicia, el ministro Genaro Góngora Pimentel —quien normalmente no comparte las opiniones de Aguirre— llevó el tema de la guardería a internet en su página personal de la red social de Facebook.

En un tono irónico, Góngora primero colocó un comentario en el que le dejaba ver a todos sus contactos que estaba dedicado a estudiar “cuidadosamente” el proyecto de Aguirre.

Y, después, en respuesta a uno de sus contactos, confirmó que en su proyecto Aguirre Anguiano le propuso al Pleno no ejercer su facultad investigadora, “porque ya están en curso investigaciones por parte de las autoridades competentes”. Aunque este último punto lo retiró apenas una hora después de haberlo difundido.

Para darle más fuerza a sus argumentos y tratar de convencer a sus compañeros del pleno, Aguirre incluyó en su proyecto los reportes que le enviaron la Procuraduría General de la República, el IMSS, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Todo, con la intención de destacar y reiterar que las autoridades competentes ya se hicieron cargo de indagar lo ocurrido en el incendio en la guardería y de adoptar las medidas para sancionar a los responsables.

Y con el fin de demostrar que —desde su punto de vista— es innecesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga en este asunto. Pero ni aun así logró convencer a la mayoría de los ministros de la Corte.

Seis votos en contra

De acuerdo con datos recabados en el máximo tribunal, se espera que una mayoría al menos de seis ministros vote en contra de su proyecto en la sesión pública que se realizará este jueves.

La mayoría de ministros confía en que sí se cree una comisión investigadora, entre otros motivos porque estiman que lo que se debe indagar no sólo es el caso de la guardería ABC sino todo el sistema conforme al cual operan las guarderías subrogadas.

Y porque lo que pidieron los papás de los niños fallecidos y el ministro Sergio Valls, que hizo suya la solicitud, es que se investigue precisamente a la Procuraduría General de la República, a la procuraduría estatal, al gobernador de Sonora, a la Secretaría de Gobernación y a los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Porque los familiares de los niños fallecidos no confían en las autoridades, pues sospechan que se dieron actos de negligencia y encubrimiento entre ellas mismas.

 

 



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