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México retrocedió en la defensa de los derechos humanos durante la presidencia de José Luis Soberanes Fernández en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Al menos así lo consideran algunos representantes de organismos civiles dedicados al tema. Para ellos, dos áreas fueron las más golpeadas: los derechos de las mujeres y la defensa de quienes han sufrido abusos por parte del Ejército.

Representantes de organizaciones nacionales e internacionales coinciden en que la CNDH cuenta con los recursos e instrumentos legales necesarios para cumplir su papel. Desde su perspectiva, este organismo autónomo se debilitó como consecuencia del actuar de su actual presidente, quien, consideran, guió su administración bajo principios “morales”, dio la espalda a los lineamientos internacionales sobre derechos humanos y vio al organismo como un “trampolín” para asegurar su futuro político.

La ineficiencia de la CNDH, la impunidad y el deficiente sistema de justicia, han provocado que las organizaciones civiles hayan tenido que recurrir a instancias internacionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se litigan 30 casos contra el Estado mexicano.

En la memoria de los defensores de los derechos humanos hay un episodio difícil de borrar, sobre todo por la profunda contradicción que encierra.

El 24 de mayo de 2007, José Luis Soberanes presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, contra la reforma al Código Penal del Distrito Federal sobre la despenalización del aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Días después se conoció que realizó esta acción sin consultar al Consejo Ciudadano de la comisión.

Al presentar este recurso, Soberanes Fernández ignoró, por lo menos, cuatro compromisos firmados por México en materia de derechos humanos, asegura la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH). Entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, que establecen el compromiso de los Estados de garantizar respeto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Esta acción, así como la falta de perspectiva de género en los programas de la comisión, fue considerada por el diagnóstico sobre los organismos públicos de derechos humanos, realizado por la AMDH, como un acto de “violencia institucional contra las mujeres”.

Las contradicciones han sido una constante en la gestión de Soberanes, señala Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. “Sus criterios han sido arbitrarios, por conveniencia política y actuando bajo sus propios intereses”.

La moralidad de la CNDH

El recurso de inconstitucionalidad que presentó Soberanes fue desechado por la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, la acción del ombudsman influyó para que en 14 estados de la República “se presentaran reformas constitucionales para proteger la vida desde el momento de la concepción” y en la exposición de motivos de varias de esas iniciativas “están copiados los argumentos que presentó Soberanes en su recurso de inconstitucionalidad”, asegura Blanca Rico, coordinadora de políticas públicas y enlace interinstitucional del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Para la presidenta de la AMDH, Gloria Ramírez, se vivió un retroceso en los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Sobre todo porque a partir de esas reformas, 165 mujeres son procesadas penalmente por haber tenido un aborto, tan sólo en Guanajuato.

Las organizaciones civiles coinciden en que algunas decisiones del ombudsman están marcadas por su ideología conservadora, ya que, aseguran, pertenece al Opus Dei.

Un ombudsman “no puede construir sus decisiones sobre convicciones personales, sino sobre lo que es la responsabilidad de la comisión: velar por los derechos humanos”, dice Édgar Cortés, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

La autonomía de la CNDH, señala Cortés, no ha garantizado que su prioridad esté en la protección de los derechos humanos, “sino en el cálculo político, del costo-beneficio que pueda traerle un caso. Incluso, a veces ha jugado en contra de algunos avances en la materia”.

El 16 de marzo de 2005, en San Luis Potosí, Soberanes acaparó la atención: se durmió durante una conferencia sobre los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez.

Marisela Ortiz Rivera, directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, era la oradora. “El señor se quedó dormido. Fue como decir: ¡qué me importa!”.

De acuerdo con la AMDH, la comisión nacional sólo atendió el caso de las mujeres asesinadas en Juárez en 1998 y en 2003. “En este año realiza otra investigación, da seguimiento durante un tiempo y ya no interviene más”, señala.

“La CNDH no ha sido una instancia que nos haya facilitado las cosas. Ha habido poco acercamiento y no ha dado seguimiento a sus recomendaciones”, comenta Marisela Ortiz.

Alberto Herrera, director ejecutivo de Amnistía Internacional, destaca que, precisamente, el “nulo” seguimiento de las recomendaciones es una de las “debilidades” de la CNDH: “El trabajo de una comisión no termina en el momento de dar una recomendación, sino cuando una ley o una acción de autoridad que va en contra de los derechos humanos se modifica para evitar más violaciones”.

Por su trabajo, Marisela Ortiz y María Luisa Andrade, también integrante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, han recibido amenazas de muerte. “Sólo hemos tenido llamadas de la CNDH cuando somos amenazadas... Un visitador de la comisión estatal me dijo que no me preocupara, porque yo era una persona muy reconocida a nivel internacional y no me pasaría nada”, recuerda Ortiz.

En contraste, organismos internacionales como la Organización Mundial contra la Tortura y Amnistía Internacional, han realizado acciones para proteger a las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Marisela Ortiz y María Luisa Andrade cuentan con una escolta federal desde hace un año.

“Para nosotras se ha convertido en un asunto peligroso la defensa de los derechos humanos”, reconoce Ortiz, quien describe la situación que ahora vive Ciudad Juárez: “Con el Ejército aquí, tus garantías no existen. Puedes ser sometido a cualquier tipo de revisión, en cualquier momento pueden ingresar a tu casa sin orden judicial, bajo el argumento de que están combatiendo el narcotráfico”.

Pese a ello, los asesinatos y desapariciones de mujeres continúan. De 2008 a la fecha hay 30 mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, la mayoría, con una edad promedio de 17 años.

Defensores asesinados

El 21 de mayo de 1990, la defensora de los derechos humanos Norma Corona fue asesinada. Había denunciado los abusos de la Policía Judicial. Su caso fue uno de los primeros que investigó la CNDH, organismo que se creó a los pocos días de ese crimen.

Diecinueve años después, continúan los asesinatos de defensores de los derechos humanos, indican.

El 13 de febrero de 2009 desaparecieron Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, con presencia en Ayutla, Guerrero. Ellos documentaron y denunciaron casos de abusos militares en la región. El 20 de febrero sus cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura.

Un año antes, el 9 de febrero de 2008, Lorenzo Fernández Ortega fue asesinado. Él era hermano de Inés Fernández, indígena que fue violada por soldados el 22 de marzo de 2002.

“Para nosotros ha resultado ineficiente la CNDH porque no hay resultados tangibles para las víctimas, no hay investigaciones que busquen la verdad”, señala indignado Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero Tlachinollan.

Para esta organización, la CNDH se ha convertido en “la vocera de la Procuraduría de Justicia Militar”. Barrera argumenta: “La comisión abre el expediente, lo envía a la autoridad que es señalada como responsable; ésta, casi siempre niega los hechos, y la CNDH dice que no hay elementos para investigar violación a los derechos humanos”.

El director de Tlachinollan señala que a veces es riesgoso interponer una queja ante la CNDH. “La comisión envía el expediente a la autoridad acusada con todos los datos la víctima. ¡Permiten que la autoridad, que está siendo señalada, tenga todos los datos de la víctima!”.

Condena internacional

El retroceso en la defensa de los derechos humanos ha llegado hasta los tribunales internacionales. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh) —máximo tribunal de defensa de los derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos— analiza dos casos. Uno de ellos es el de Inés Fernández, la indígena de tlapaneca violada por militares.

Vanessa Coria, abogada responsable para México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), explica que tanto tribunales militares como civiles en México investigaron el asunto, pero en ambos casos la indagatoria está plagada de irregularidades.

Esta semana se define si la Coidh atrae el caso de Valentina Rosendo, otra indígena tlapaneca, violada por militares el 16 de febrero de 2002.

“México no ha sido capaz de resolver los problemas de derechos humanos a nivel interno. Eso ha creado la necesidad de presentar los casos ante instancias internacionales, porque todos están impunes; eso refleja la carencia que tiene México en la materia”, apunta Coria. La defensora subraya que, a veces, sólo la presión de organismos internacionales logra el acceso a la justicia para las víctimas y sus familiares.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó, el 30 de abril pasado, medidas de protección a 107 miembros de tres organizaciones, entre ellas la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, así como para la familia de Inés Fernández y los miembros de Tlachinollan.

“La CNDH tiene un programa para defensores de los derechos humanos. Sólo realiza llamadas telefónicas y sus funcionarios señalan que dejan esos teléfonos para cualquier emergencia. Eso a las víctimas no les resuelve nada”, señala Abel Barrera.

Pese a las medidas de protección ordenadas por la CIDH —muchas de las cuales no ha ejecutado aún el gobierno mexicano—, a finales de junio, el coche en el que viajaba la viuda de Raúl Lucas recibió impactos de arma de fuego.

Para Amnistía Internacional, la persecución y abuso contra los defensores de los derechos humanos es una “escandalosa historia”, que ha provocado pronunciamientos internacionales “mucho antes de que la CNDH presente su posición sobre ellos”.

Menosprecio legislativo

El desdén hacia los derechos humanos en México se instaló también en el Senado de la República.

Diferencias en la Comisión de Derechos Humanos del Senado han provocado que el Consejo Ciudadano de la CNDH esté incompleto. Los senadores debieron elegir a dos consejeros en 2007 y a otros dos en 2008. Al no tener su Consejo Ciudadano integrado, la CNDH viola su propia normatividad.

Esta misma comisión del Senado tiene la tarea de nombrar al próximo ombudsman nacional, en octubre.

Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señala que la CNDH “se tiene que refundar en un nuevo modelo, con personas comprometidas con la causa de los derechos humanos. Con un titular que no sólo hable teóricamente de las garanrías individuales, sino que tenga autoridad”.

Juan Carlos Martínez, investigador de Fundar, destaca que la gestión de Soberanes se caracterizó porque las recomendaciones “siempre tenían un cálculo político, en lugar de cuestionar a fondo las violaciones a los derechos humanos”.

Para esta organización, el cálculo político de Soberanes Fernández obedece a que está planeando su futuro: “Hay versiones de que quiere una silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.