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“¡Bajen las armas!”, gritó un poblador a otros de sus compañeros de la comunidad de El Capulín, dispuestos a todo para impedir que guardabosques del estado de México decomisaran su camioneta con una carga ilegal de madera.

En sólo cuatro minutos, parte de la comunidad se organizó y un grupo de 30 habitantes enardecido, con mujeres por delante, corrió hacia los vehículos oficiales forestales y se abalanzó contra los conductores para tratar de detener su marcha. ¡No se la van a llevar cabrones, no se la van a llevar!, insistían ante la presencia de dos elementos de la Agencia de Seguridad Estatal.

Una camioneta de redilas intentó cerrar el paso a la comitiva de inspectores forestales que pretendía salir a toda prisa del lugar pero se atascó en la vereda. Durante la escapatoria, otros habitantes tomaron piedras y las lanzaron. Una de ellas estrelló el cristal del vehículo donde iba el director de Protección Forestal del estado de México, José Vera Monroy.

Esta vez nadie salió herido. Pero los siguientes 20 kilómetros hacia la agencia del Ministerio Público más cercana fueron tensos, en alerta de que se acercara algún otro vehículo con gente armada, talamontes que depredan bosques con arma en mano.

Una motosierra, 32 tablones de madera ilegal —cotizados en el mercado clandestino en alrededor de 2 mil pesos— tres machetes y un vehículo fue el decomiso que resultó del operativo efectuado el pasado lunes por cuatro cuadrillas de Probosque en los municipios de Ocuilán y Xalatlaco. EL UNIVERSAL acompañó a los guardabosques en todo el recorrido y constató los riesgos a los que se exponen en la defensa de los árboles.

Aquí, en la zona central del país —donde el presidente Felipe Calderón se pronunció el 24 de febrero de 2007 por una política de cero tolerancia a la tala clandestina—, la deforestación de los bosques ocurre entre balazos, amenazas de muerte y homicidios. Greenpeace documentó en la región mexiquense conocida como el Gran Bosque de Agua, 30 asesinatos de inspectores forestales desde 1991 a la fecha.

Peor aún, en al menos seis entidades de la República —estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Oaxaca— hay bandas del crimen organizado que se dedican a la tala clandestina, pero también al narcotráfico, al secuestro y al robo.

Campesinos forestales, policías estatales y municipales sospechan que hay bandas de talamontes que han hallado en el narcomenudeo, el robo y el secuestro la mejor forma de capitalizarse y expandirse, e incluso aseguran que las zonas deforestadas son útiles ahora para la siembra de estupefacientes, lo que lo convierte en un negocio redondo. La Procuraduría General de la República (PGR) señala que ahora los narcotraficantes también se aprovechan de los talamontes, pero para extorsionarlos y venderles protección.

LA AFECTACIÓN AMBIENTAL

México tiene una superficie forestal de 128 millones de hectáreas. Greenpeace, en su reciente reporte sobre La destrucción de México, asegura que cada año se deforestan 600 mil hectáreas de bosques y selvas, lo que significa una superficie equivalente a cuatro veces la del Distrito Federal.

Los bosques son importantes para la vida humana, pues son medios naturales de recarga de los acuíferos, lo que permite dotar de agua a grandes ciudades, además de que proveen de oxígeno y regulan el clima.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene identificadas 20 zonas críticas en 17 entidades del país donde ocurre la tala clandestina.

Ignacio Millán, director general de Verificación e Inspección Forestal de la Profepa, explica que para prevenir ese delito sólo hay 200 inspectores que resultan insuficientes para cubrir todo el país. “Sin embargo, ante esta política de austeridad sabemos que con lo poco que tengamos debemos ser más creativos para tener buenos resultados”.

Lo que han hecho es coordinar los operativos con los inspectores forestales de los estados y movilizar a los guardabosques donde más se requiere.

El funcionario atribuye la comisión de este delito a los conflictos limítrofes y a la falta de oportunidades que tienen las comunidades campesinas para desarrollar proyectos productivos de otra índole que no impliquen el aprovechamiento ilegal y desordenado de los recursos naturales.

Ricardo Soria, jefe de la unidad fiscal de Delitos Ambientales de la PGR, considera que este delito resulta redituable porque genera “cuantiosas” ganancias sin pagar impuestos ni hacer grandes inversiones salvo la compra de motosierras y vehículos de carga. Indica que la dificultad de perseguir el delito radica en la movilidad de los talamontes —que desaparecen de manera temporal, pero que tarde o temprano regresan— y en que suelen confundir la madera que se obtiene en la clandestinidad dentro del mercado legal.

Gustavo Sánchez, director de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Mocaf), considera que las autoridades federales no sólo atacan la tala ilegal de manera ineficaz sino que además la fomentan, pues cada año disminuyen los permisos que se otorgan a las comunidades para el aprovechamiento de los recursos naturales mientras crece el mercado maderero.

“Si la demanda de madera crece y bajan los permisos de aprovechamiento legal, sucede que se cubre esa demanda con la tala clandestina y las importaciones”, señala.

EL CRIMEN

Según datos de los guardabosques del país y lo que se pudo observar durante el operativo efectuado por las cuadrillas de Probosque en el estado de México, además de la tala hormiga que ocurre para la supervivencia familiar en las zonas rurales, las bandas de talamontes tienen un modus operandi similar a la de cualquier organización criminal.

Estas bandas tienen grupos de vigilantes integrados hasta por mujeres y niños; en otros casos se apoyan de taxistas, que les avisan cuando hay un operativo en camino o ante la presencia de alguna corporación policiaca. Los avisos se dan mediante teléfonos celulares, radios y hasta con cohetones.

Luego están los talamontes, grupos de dos o tres personas que recorren los bosques y escogen los árboles aprovechables. De preferencia derriban los más altos, los de troncos anchos y enderezados y que no tienen muchas ramificaciones. Los cortes los hacen de manera salteada para que los guardabosques no los detecten. Algunos sólo los tiran y los dejan en el lugar hasta que se sequen para poder ser transportados como madera seca de uso doméstico. Para esconderlos, echan encima tierra y musgo.

Otros grupos que manejan bien las motosierras tiran los árboles y ahí mismo cortan los tablones. Su presencia es evidente cuando dejan los desechos —que es la mayor parte del árbol— y el aserrín.

Otros miembros de las bandas se dedican sólo a la transportación de la madera. Los tablones los esconden debajo de alfombras o montones de tierra y el saqueo lo hacen a cualquier hora del día sin importar si llueve o si la niebla cubre los caminos. Por lo regular, algunos transportistas portan permisos vencidos o con fines distintos que son otorgados por autoridades municipales a un costo de 150 o 200 pesos.

También hay talamontes que hacen labores de inteligencia, que se dedican a corromper a servidores públicos o que penetran en las corporaciones para saber cuándo, en dónde y a qué hora se realizarán los operativos.

Cuando son sorprendidos por los operativos, los niños y las mujeres son puestos al frente para “defender” el producto mientras se evita la detención de algún miembro de la comunidad o se pide refuerzos a otros integrantes de la banda.

Ricardo Soria, jefe de la unidad fiscal de Delitos Ambientales de la PGR, dice que es lógico que bandas de talamontes pudieran interactuar con otras organizaciones criminales. Asegura que en esta unidad de la Procuraduría del país no han hallado evidencias de ello. Sin embargo, la Unidad de Delitos Federales de la PGR ha descubierto que los narcotraficantes vinculados a La Familia, como una nueva actividad criminal, añadieron la extorsión a talamontes del estado de México, Michoacán y Veracruz.

Ignacio Millán, director general de Verificación e Inspección Forestal de la Profepa, señaló que las investigaciones sobre los vínculos que pudieran tener talamontes con otras bandas no son atribuciones de esta dependencia y por eso, “no nos consta, no lo podemos afirmar”. Sin embargo, policías estatales y municipales sí han hallado evidencias.

José Vera Monroy, director de Protección Forestal del estado de México, tiene detectadas al menos 10 bandas que se dedican a la tala ilegal con esos mismos parámetros. Dos de ellas en particular son perseguidas por la Procuraduría estatal porque combinan la tala con el robo y el homicidio. A esas organizaciones delictivas se les conoce como Los Solís y Los Rolandos y además de amenazar de muerte a los directivos de Seguridad Pública del municipio de Amecameca se les atribuye el homicidio de Aldo Zamora, asesinado el 15 de mayo de 2007 e hijo del ambientalista y presidente de bienes comunales de San Juan Atzingo, Ildefonso Zamora.

Y como este caso hay por lo menos otra decena de delitos registrados en otras entidades en los últimos cinco años.

Aquí algunos de ellos:

El 29 de junio de 2006, un inspector de Probosque del estado de México murió y siete más resultaron heridos en un enfrentamiento a balazos con talamontes en el paraje El Tejocote en la zona boscosa de Xalatlaco. Los guardabosques no iban armados.

El 19 de noviembre de 2006 miembros de la comunidad indígena de Parapacho, Michoacán, denunciaron ante la Procuraduría del estado el secuestro de dos maestros del pueblo que se oponían a la extracción ilegal de madera de Capácuaro. Aquí, en Michoacán, según la Comisión Forestal del estado, existen 3 mil aserraderos clandestinos y en algunos casos los talamontes están armados con rifles de alto poder R-15.

El 19 de enero de 2007, la Agencia Federal de Investigación y la Policía Federal detuvieron en Huitzilac, Morelos, a integrantes de la organización delictiva Las Chuchas dedicada a la tala, al secuestro, el narcomenudeo y al robo de vehículos. Durante el operativo, además de madera, les decomisaron 50 grapas de cocaína y cigarrillos de mariguana.

El 24 de noviembre de 2007 fueron detenidos en Ocuilán, estado de México, tres integrantes de una banda compuesta por siete hermanos que se dedican a la tala en las Lagunas de Zempoala. Uno de los detenidos, de nombre Isidro Hernández, tenía una orden de aprehensión en el juzgado municipal de Tenancingo por el delito de violación.

En Guerrero, los campesinos de la Montaña y de la sierra de Petatlán atribuyen la tala ilegal a bandas protegidas por algunos caciques del lugar que a su vez siembran, cosechan y trafican con goma de opio.

Gustavo Sánchez, director de la red Mocaf, considera que en estas condiciones de interacción entre bandas del crimen organizado existe el riesgo de que se piense que combatiendo el narcotráfico se detendrá también la tala “pero eso no es así. La tala es un negocio que por sí solo genera muchas ganancias y para desalentarla se debe fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para que las comunidades tengan la posibilidad de desarrollar otras alternativas productivas para poder sobrevivir y no caer en la tentación de lo ilegal”.