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Algo grave, bajo el techo de Juárez

Redacción| El Universal
Lunes 13 de julio de 2009
La presencia de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado en Chihuahua aumentó quejas por asesinatos y desapariciones, acusan organismos; la gente está intimidada

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CIUDAD JUÁREZ, Chih.— El 8 de abril de 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado inédito en el que anunciaba operaciones de un falso ejército financiado por narcotraficantes, que consumaría crímenes sin importar la presencia de testigos. El propósito del grupo, citaba el documento, era desprestigiar a las Fuerzas Armadas que iniciaban entonces el Operativo Conjunto Chihuahua.

 

“Empleando uniformes semejantes a los de uso militar”, advertía la Sedena, “(el grupo) pretende efectuar actos delictivos ostensibles a plena luz del día, a bordo de vehículos civiles pintados como los del Ejército mexicano, y realizar violaciones tumultuarias durante supuestos cateos a casas habitación, negocios y centros nocturnos”.

La estrategia, de acuerdo con el comunicado, era respaldada por la organización de los Carrillo Fuentes. A la fecha, oficialmente ninguna autoridad local ha referido la operación de un doble ejército, pero a cambio existe registro de casos en los que esa metodología ha sido empleada por efectivos reales de las Fuerzas Armadas.

El año terminó con una cifra sin precedentes de quejas por allanamiento de morada, aprehensiones ilegales, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos. Las denuncias formales que han conocido autoridades y organizaciones de derechos humanos señalan como autores de tales hechos a militares y agentes de la Policía Federal.

 

Documentan tortura de militares

La oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ciudad Juárez abrió 160 expedientes entre abril y diciembre de 2008. De ellos, refiere el visitador Gustavo de la Rosa Hickerson, únicamente dos fueron aceptados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al cierre del primer semestre de 2009, la misma visitaduría de la CEDH documentó otros 50 casos. La mayoría, dice el visitador De la Rosa, son por tortura, desaparición y homicidio. “De ello se han desprendido denuncias penales, pero en cada una la PGR ha debido declararse incompetente y ha transferido las investigaciones al MP Militar y ahí, una vez que llegan estas investigaciones, desaparecen al menos de la transparencia de la investigación. Y no hablo de un caso, sino de cientos”, señala.

El 16 de abril de este año, el gobierno municipal abrió el Programa para la Atención de Quejas y Denuncias del Operativo Conjunto Juárez. Hasta el 30 de junio recibió 623 denuncias contra militares y agentes federales, de las cuales 538 (86.35%) fueron confirmadas y 85 se encuentran pendientes de resolución.

Los casos sin aclararse, dice Javier González Mocken, coordinador de la oficina, incluyen desapariciones forzadas.

A partir de las denuncias canalizadas por la oficina hacia los mandos del Operativo Conjunto, González sostiene que el volumen decreció en junio, comparativamente con abril y mayo. Pero el abogado tiene otro par de lecturas para explicar lo sucedido: la primera confirma que, en efecto, soldados y policías están implicados en los crímenes, y la segunda, que existe gran temor entre los afectados, lo que inhibe la búsqueda de justicia.

“Muchísima gente no quiere dar su testimonio cuando están detenidas las personas o cuando no aparecen. Están intimidadas, y también la intimidación es un delito. La gente no hace uso de sus derechos, y es lo lamentable de este país”,expresa el funcionario.

González despacha en un pequeño cubículo dentro del edificio municipal destinado a la expedición de documentos vehiculares. El área es permanentemente vigilada por militares armados con fusiles de asalto, y a un lado suyo se encuentran oficiales del ejército y de la policía federal, delegados para verificar denuncias.

Eso ha motivado que muchas víctimas o sus familias busquen ayuda en organizaciones ciudadanas, desconfiados por la presencia de oficiales de la milicia.

Una de las organizaciones es el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, que hasta el verano de hace un año permaneció ajena al efecto de los operativos federales en el país contra el crimen organizado. Cipriana Jurado, la directora del centro, dice que fue avasallada por la cantidad de casos que refieren atropellos de las fuerzas armadas. En medio año, correspondiente al segundo semestre de 2008, su oficina documentó 30 desapariciones presuntamente cometidas por efectivos del Ejército. De ellos, agrega, únicamente dos familias persisten: el resto huyó de la ciudad, intimidadas por supuestos militares.

Las violaciones cometidas contra ciudadanos son un “perogrullo”, dice Mauricio Ibarra, segundo visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: “Nosotros hemos observado que en la medida que se utilizan las fuerzas armadas para labores de seguridad pública, aumentan las violaciones a los derechos humanos”.

En 2008, la CNDH recibió 212 quejas por presuntas violaciones cometidas por efectivos de la Operación Conjunta Juárez. De ellas se desprendieron cuatro recomendaciones, dos de las cuales refieren la detención ilegal y maltrato de 22 agentes estatales y lesiones por disparo de arma de fuego en contra de dos municipales.

De los casos documentados, dice el segundo visitador, ninguno es por desaparición forzada, sino por tortura, incomunicación y retención ilegal.

Ibarra considera que los números de denuncia que manejan la CEDH y la oficina de quejas del gobierno municipal son “escandalosos” y no corresponden con la realidad. “Si estuviéramos hablando de 700 casos en los últimos seis o siete meses yo habría pedido al presidente de la Comisión que nos autorizara mayor número de plazas, de visitadores. (Pero) yo no tengo conocimiento”, sostiene.

En Ciudad Juárez la posición es distinta. El visitador Gustavo de la Rosa y la directora del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera forman parte de un grupo de activistas cada vez más notable que cuestionan el desempeño de la CNDH. Para ellos, lo mismo que para la Barra y Colegio de Abogados y académicos locales, las fuerzas armadas que ha enviado el gobierno federal ejercen algo mucho más parecido a un exterminio y no una operación legal en contra de la delincuencia organizada.

“En Ciudad Juárez tenemos actores que cometen delitos muy graves y que siguen impunes: tenemos al ejército de sicarios del grupo número 1, al ejército de sicarios número 2 y ahora al Ejército Mexicano”, resume De la Rosa.

Pobres y adictos, las víctimas

El Operativo Conjunto Chihuahua inició el 28 de marzo de 2008. La víspera, el gabinete de seguridad nacional informó el arribo de 2 mil 26 efectivos militares y 435 policías federales. Tenderían un corredor de vigilancia a través de 100 kilómetros lineales, de Ciudad Juárez a Puerto Palomas, en el municipio vecino de Ascensión, para arrebatárselo a grupos de la delincuencia organizada, se dijo.

Los tres meses previos sacudieron a la ciudad con el asesinato de altos mandos de la policía municipal y el fallido atentado en contra del jefe de la policía ministerial.

Marzo culminó con 116 homicidios de alto impacto, una cifra sin precedente en la historia criminal del municipio. Más allá de la forma de morir, las víctimas mantenían el vínculo de la actividad. Al menos en 77 de los casos, los medios de comunicación locales refirieron que eran pequeños distribuidores de droga en colonias de muy bajo perfil económico, y que la mayoría trabajó para una misma pandilla llamada Los Aztecas.

Posterior a la instrumentación del Operativo Conjunto, Gustavo de la Rosa Hickerson dice haber advertido pocos cambios en el perfil de las víctimas de homicidio.

“El perfil de casi todas estas víctimas del año pasado eran jóvenes de clase obrera, de colonias proletarias, que tenían alguna dificultad con sus vecinos —asuntos mínimos—, y que habían sido denunciados por tal motivo, acusándolos de tener drogas o armas”.

Bajo pretexto de la denuncia anónima, refiere el visitador de la CEDH, los militares demolían puertas para consumar cateos ilegales. “Se llevaban objetos personales y a uno o dos jóvenes, a quienes solían detener de cuatro a cinco días y posterior a ello los dejaban libres, normalmente a las afueras de la ciudad”.

Uno de los primeros casos denunciado públicamente fue el del boxeador local Víctor Manuel Pasillas Trevizo, de 21 años, el 10 de septiembre. De acuerdo con la versión de Pasillas, él y tres amigos suyos fueron detenidos en un retén militar un par de días antes. Llevaban consigo 12 mil pesos en efectivo, con el que pretendían comprar un automóvil usado.

Los cuatro fueron llevados a la sede del 20 Regimiento de Caballería, en donde se les torturó, según consta en la denuncia presentada por su padre ante el Ministerio Público del fuero común. El miércoles temprano, dos de ellos fueron liberados y decidieron hablar de lo sucedido ante cámaras de televisión. Por la tarde, el boxeador y otro de los amigos quedaron igualmente libres, pero el Ejército nunca aceptó las imputaciones.

Este tipo de desapariciones ocurrió en un contexto mucho más grave, explica De la Rosa: “Lo alarmante en ese primer año es que hay una especie de matanza inmensa: de los poco más de mil 600 asesinatos, por lo menos 800 fueron personas exactamente con ese mismo perfil: vendedores de droga de bajo nivel económico o adictos; personas tan desvaloradas socialmente que ni siquiera sus familiares se atrevieron a demandar justicia para ellos.

“Hubo momentos en que mataron a nueve o 10. Hubo momentos de verdaderos fusilamientos muy impresionantes en los que llegaban y formaban frente a una pared a cinco o seis personas del mismo nivel, y los fusilaban y luego les colocaban mensajes como ‘por ratas’.

“No digo que el Ejército los haya asesinado. Yo nada más las advierto por perfil: las mismas personas que los soldados detenían, tienen el mismo perfil de los masacrados. Varias personas que fueron detenidas y de las cuales nosotros obtuvimos su libertad, después fueron asesinadas. Y eso amerita una profunda investigación”.

Es sábado por la tarde y el visitador despacha en su oficina en short y camiseta deportivos. Su teléfono timbra durante la entrevista: es una madre cuyo hijo, asegura, fue secuestrado tres días antes por militares. Ese tipo de telefonemas son cotidianos, dice De la Rosa. Muchos de ellos aparecen los días siguientes, consignados ante el Ministerio Público Federal: “Primero los torturan y luego los acusan de delito”.

La fabricación de culpables rebasó cualquier otro episodio de corrupción oficial, expone Héctor González Mocken, presidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.

“Este tipo de personas normalmente se encuentra en una posición económica débil. Y esta gente pobre es regularmente conducida al cuartel y si no revela información se le consigna como poseedor de droga o armas con fines de venta, pero muchas de las denuncias están prefabricadas”, afirma.

Los casos documentados por el organismo que preside dan cuenta de casos en los que inclusive se ha dictado sentencia condenatoria a los acusados por el Ejército. “Hay una gran simulación de la legalidad. Aparentemente el ciudadano está siendo llevado ante un juez para hacerse oír, pero en realidad las condiciones son distintas. Nuestras prisiones se están llenando con muchísima gente que en realidad no tiene ninguna responsabilidad, y este es un problema que habremos de enfrentar, porque tenemos aquí nuestro propio Guantánamo”, refiere.

 

Confianza rota

Las referencias de desaparición forzada y asesinatos hechas por la CEDH y el Centro de Investigación y Solidaridad Obrera han sido ajenas para la mayoría de los habitantes de la ciudad. El 14 de enero de este año, sin embargo, un caso de características similares perpetrado en contra de un estudiante de 19 años, sumaría en el reclamo a empresarios y académicos.

Jaime Alejandro Irigoyen Flores fue sustraído de su vivienda durante la madrugada. Su padre dijo que todos dormían cuando escucharon ruidos y vieron que un grupo de militares intentaba forzar la puerta frontal con una barra metálica. Les abrió. Hurgaron en las habitaciones y al no encontrar nada decidieron llevarse al mayor de los dos hijos.

“¡Tráiganse al de lentes!”, ordenó el sujeto al mando, antes de abandonar la residencia, narró la madre. El estudiante apareció muerto dos días más tarde, con huellas de tortura: además de disparos, le pasaron los autos por encima, decía el peritaje.

“Es de vital importancia puntualizar que los señalamientos hechos al Ejército Mexicano son totalmente infundados, ya que el hecho de que quienes lo privaron de su libertad se hayan vestido con ropa tipo militar, de ninguna manera quiere decir que sean militares”, respondió mediante un comunicado de prensa la vocería del Operativo Conjunto ese mismo día.

“Aquella idea positiva que teníamos de la tropa se está diluyendo”, sostiene el presidente de la Barra y Colegio de Abogados. “Este tipo de casos han hecho que se establezca un observatorio de facto, que involucra a la academia, las cámaras empresariales y a los abogados”.

Sin embargo, el diálogo con mandos militares está cancelado, dice González Mocken. “No hay interlocución porque el discurso no se comparte: ellos ven criminales por todas partes, nosotros vemos la presunción de inocencia”.

El pasado le concede razón, al menos en el terreno del discurso. El 1 de abril de 2008, el comandante de la XI Región Militar, Jorge Juárez Loera, reprendió a los periodistas cuando lo abordaron en la ciudad de Chihuahua, para que hablara sobre la Operación Conjunta y el alto índice de asesinatos en el estado: “Me gustaría que los periodistas cambiaran la nota. Y cuando dicen un muerto más, mejor dijeran un delincuente menos”, les espetó.

Una semana después la Sedena emitiría el comunicado en el que advertía de un ejército falso. El documento ha sido borrado de la página oficial sin explicación alguna.

 

 



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