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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz y a la PGR por el caso de Beatriz López Leyva, quien denunció que era amenazada de muerte, pero no se le protegió y después de haber sido agredida con un arma de fuego el pasado 6 abril, falleció en el municipio de San Pedro Jicayán.

En la recomendación 36/2009 dirigida al gobierno y al Congreso de Oaxaca, así como a la PGR, el organismo dijo que no se proporcionaron las medidas respectivas para su protección, luego de un primer atentado contra su vida registrado en 2005.

Beatriz López Leyva y pobladores de San Pedro Jicayán se oponían a la construcción de una gasolinera en terrenos de indígenas. Días previos al atentado denunció que había recibido amenazas de muerte por parte del alcalde Leonardo Silva Palacios.

En un comunicado, la CNDH informó que se violaron, en perjuicio de la agraviada y sus familiares, los derechos a la integridad personal, legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.

“El primer atentado ocurrió el 22 de julio de 2005 y por más de tres años el Ministerio Público ha mantenido suspendidas las investigaciones; fue omiso para dictar medidas cautelares de protección y restituir los derechos de la víctima”, precisó.

En la recomendación, la CNDH solicitó al agente del MP de la Federación cumplir con su obligación de salvaguardar las garantías fundamentales de los agraviados.

Sugirió agotar las líneas de investigación que permitan identificar y dar con el paradero de quienes planearon y perpetraron el homicidio.

Solicitó a la PGR integrar la averiguación previa PGR/OAX/OAX/V/2009/2009 y agotar todas las líneas de investigación, y el análisis de los antecedentes de los atentados contra López Leyva.

Al gobierno de Oaxaca recomendó investigue a los funcionarios involucrados y al Congreso de esa entidad se le pidió iniciar un procedimiento administrativo de responsabilidad contra el alcalde y el síndico de San Pedro Jicayán.