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“La Familia” quería colocar políticos federales propios

Francisco Gómez y Alberto Torres Enviados| El Universal
Viernes 29 de mayo de 2009
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Video El sicario fantasma de La Familia.

Complicidad oficial permitió avance del cártel, según reportes de inteligencia

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MORELIA, Mich.— El grupo criminal de La Familia michoacana diseñó un plan para “tomar por asalto” las campañas de candidatos a diputados federales en el actual proceso electoral, de acuerdo con informes de inteligencia militar y de la Procuraduría General de la República (PGR).

La entrega de dinero, la coacción del voto y el acarreo de votantes figuran entre los métodos de la estrategia de penetración política de la citada organización en el estado.

Los distritos bajo sospecha de que el grupo criminal opera para financiar campañas de aspirantes son los de Apatzingán, Pátzcuaro, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan. De hecho, las cabeceras de estos distritos son los bastiones de La Familia, sitios en los que las autoridades federales han centrado sus operaciones para desarticular al citado grupo delictivo.

La infiltración política del grupo criminal —cuya influencia según autoridades federales se amplió a casi 90 municipios del estado en los últimos meses— no es nueva. Desde el pasado proceso electoral, en el que se eligió al actual gobernador Leonel Godoy, se habían detectado acercamientos de la delincuencia organizada a actores políticos de nivel estatal y municipal.

Las investigaciones sobre este asunto señalan la existencia de pactos de funcionarios municipales y estatales para permitir la infiltración del grupo criminal a través de la colocación de miembros y mandos en policías municipales, proteger la operación de grupos de sicarios y extorsionadores en diferentes zonas y cubrir administrativamente los intereses económicos, entre otros aspectos.

Perfil de mafia

Desde la aparición pública del grupo de La Familia michoacana —el 22 de noviembre de 2006, a través de un desplegado periodístico—, hasta la fecha sus acciones apuntan hacia la consolidación de un grupo criminal con todas las características de mafia. Lo evidencian sus incursiones no sólo en el narcotráfico y la corrupción policiaca, sino también en otras actividades ilícitas que han controlado a partir del ejercicio de la violencia.

Después de incursionar en el lavado de dinero a través de inmobiliarias, compra y venta de autos, centros nocturnos, restaurantes y discotecas, así como la venta de protección a tiendas de autoservicio y refaccionarias, empresas chicas y medianas, la venta de droga al menudeo, secuestros, el agiotismo, el control del comercio informal, la venta y distribución de la piratería de discos y películas, así como la venta de ropa y otras actividades ilegales, ahora —según las investigaciones de autoridades federales y militares— preparan su irrupción política a diferentes niveles.

Las autoridades federales y militares consideran que el primer paso de la estrategia del grupo criminal fue el uso de la violencia sin límites, por lo que ahora el siguiente paso será su presencia de lleno en el poder político.

Sus primeras acciones fueron influir a nivel local en las autoridades policiacas, pero desde la pasada elección entraron de lleno a la competencia política con la cooptación y financiamiento de líderes sociales y políticos.

La oportunidad de llevar a cabo su programa de incursionar en la política se produjo en la pasada elección de gobernador y de los 113 presidentes municipales.

Las versiones de autoridades a nivel federal dan cuenta de la presencia de miembros del crimen organizado en las campañas electorales de esa contienda y su posterior cobro de “cuotas” de poder dentro de los ayuntamientos e incluso también realizó pactos entre autoridades estatales.

Incluso, su presencia en la escena política llevó a La Familia michoacana a incursionar en organismos no gubernamentales de derechos humanos, los cuales se han utilizado como parapetos.

De hecho hay una investigación en curso sobre al menos dos organismos cuyas credenciales han aparecido tanto en Michoacán como en el estado de México, durante las capturas hechas de miembros del citado grupo criminal.

Los partidos y las campañas

Las pesquisas sobre la intención de La Familia michoacana de influir políticamente señalan que en el actual proceso electoral para elegir a 12 diputados federales en la entidad, el grupo criminal pretende llegar a los candidatos través del financiamiento a sus campañas, pero también con el apoyo masivo de gente a través de grupos sociales que están bajo su control, como comerciantes ambulantes.

Según estas indagaciones, gente afín al grupo y con presencia política a nivel municipal tuvo la tarea de realizar acercamientos con los aspirantes a diputados federales.

Sobre esta versión de autoridades federales, las direcciones estatales de los partidos políticos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) fijaron sus respectivas posiciones.

Salvo el PAN, que aceptó que al menos dos de sus aspirantes sí reportaron haber sido “contactados” por enviados de La Familia michoacana, el PRD y el PRI rechazaron tener reportes de sus candidatos sobre este tipo de acciones criminales.

Aunque se trató de contactar a la dirección estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —partido bajo el cual pretendía contender Daniel Cedeño, hermano de Rafael Cedeño, El Cede, e identificado como prominente miembro de La Familia michoacana, no se tuvo respuesta, pero el resto de los partidos se dijeron blindados contra cualquier pretensión de grupos de la delincuencia organizada de influir en las campañas.

Prometen denunciar

En el marco de la captura el miércoles pasado de 10 alcaldes de Michoacán y 17 funcionarios estatales y municipales que presuntamente integraban una red de protección gubernamental al citado grupo criminal, las direcciones estatales de esos partidos políticos dijeron que cualquier situación o pretensión de ese tipo por parte de organizaciones de la delincuencia organizada será denunciada ante las autoridades electorales y de la Procuraduría General de la República (PGR) para que emprendan las acciones necesarias.



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