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Ubicación de “El Chapo”, del dominio público, justifica prelado

Mónica Perla Hernández Corresponsal| El Universal
Lunes 20 de abril de 2009

DURANGO, Dgo.— A dos días de sus declaraciones, relativas a que en esta entidad vive el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, el arzobispo de Durango Héctor González Martínez aseveró que su dicho se basó en lo externado por los feligreses, en lo que es “del dominio público”.

El integrante de la jerarquía católica aceptó, mediante un comunicado, haber externado durante una rueda de prensa que “adelante de Guanaceví, por ahí, vive El Chapo”.

Sin embargo, puntualizó que su expresión se basó en algo que es del dominio público, y que forma parte de lo dichos que la gente le comenta en sus recorridos por los pueblos y comunidades de esta entidad.

El prelado González Martínez sostuvo el viernes pasado, en el marco de una rueda de prensa para informar de la presencia del padre Loring, que uno de los capos del cártel de Sinaloa vivía en la referida demarcación norteña, colindante con Chihuahua, y que “todos lo saben, menos la autoridad”.

Ayer explicó que sólo repitió lo que la gente le relata con base en sus experiencias de sufrimiento ligadas a la inseguridad y la violencia en el estado.

En respuesta a las críticas que ha recibido y de las declaraciones vertidas por político, entre ellos el gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, en el sentido de que presente pruebas ante la Procuraduría General de la República (PGR), en caso de tenerlas, el prelado acotó que “este conocimiento podría parecer ingenuo, acrítico o fantasioso, pero es consecuencia del contacto pastoral directo”.

Ofreció además disculpas ante quién se haya escandalizado por su declaración, basada —sostiene—, en el sentir de la gente que habla con su pastor. Imploró porque la fiesta del amor misericordioso de Dios ayude a erradicar el narcotráfico. Para concluir, alude a la ecuanimidad del gobernador.

El vocero de la PGR, Ricardo Nájera, descartó con antelación que el arzobispo González Martínez fuera a ser requerido para comparecer ante el Ministerio Público federal por sus afirmaciones.

 

 



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