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La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se manifestó en contra de que los abusos cometidos por miembros del Ejército en contra de la población civil sean juzgados por tribunales militares.

Señaló que todas las violaciones a los derechos humanos deben ser litigadas en el ámbito civil, participen o no militares.

El viernes 20 de marzo, los representantes de ocho organizaciones civiles mexicanas viajaron a Washington para participar en una audiencia en la sede de la CIDH, en la que advirtieron que de 2006 a la fecha se incrementaron en 600% las denuncias por abusos cometidos por el Ejército y que 99% de ellas están impunes debido a que son juzgadas por el fuero castrense.

Ante los expertos de la CIDH y funcionarios de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, los activistas —encabezados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos— informaron que del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2008, las autoridades civiles remitieron a la justicia militar 500 averiguaciones previas por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, pero el fuero castrense sólo inició 174 investigaciones, realizó 11 consignaciones y no emitió sentencias.

Al respecto, la CIDH expresó ayer, al concluir su periodo ordinario de sesiones, que está “preocupada” porque en algunos países de la región —incluido México— “se continúa empleando la justicia militar para investigar y juzgar delitos comunes perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía”.

La Comisión Interamericana reiteró que el uso de la jurisdicción militar “es excepcional” y “sólo debe ser utilizada para delitos de función, es decir, conductas de militares en servicio activo que atenten contra bienes jurídicos castrenses”.

Indicó que los estados tienen la obligación de garantizar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos el acceso a una justicia efectiva.

Los recursos efectivos de justicia, agregó la CIDH, “son, en todos los casos, los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones a ser juzgadas fueron o no cometidas por militares”.

La CIDH tiene el propósito de promover el respeto a los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la materia.