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Desde el inicio de la actual administración hasta el 13 de marzo, la Procuraduría General de la República (PGR) ha registrado 10 mil 475 homicidios violentos relacionados con la delincuencia organizada, de los cuales 242 son decapitaciones y casi 10% del total (997) corresponde a servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

La violencia, que escala a niveles cada vez más altos, junto con acciones mediáticas como la colocación de 530 narcomantas, en 25 entidades del país, son respuestas del crimen organizado a las acciones para combatirlo, aseguró Marisela Morales Ibáñez, titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

Durante la presentación del informe de labores del Consejo de Participación Ciudadana de la PGR, Morales Ibáñez expuso un panorama de la delincuencia organizada en México y de los logros alcanzados en su combate, entre ellos la detención de más de 45 mil narcotraficantes, seis de ellos considerados líderes de sus organizaciones.

En lo que va de la actual administración, precisó, se han asegurado a los grupos del crimen organizado 4 mil 263 toneladas de mariguana, 77.5 de cocaína, 1.3 de mentanfetamina, 16 mil 228 vehículos terrestres, 267 embarcaciones y 346 aeronaves, más de 131 mil armas, 2 mil 770 granadas, así como 323.7 millones de dólares y 154 millones 61 mil 949 pesos.

“Los más de 323 millones de dólares (decomisados) comparados con los 300 millones que el 10 de marzo autorizó el gobierno de Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, denotan la capacidad financiera de las organizaciones delictivas”, contrastó la subprocuradora.

Destacó la importancia de frenar el tráfico de armas, la mayor parte llega de Estados Unidos.

“Las acciones violentas por parte de las organizaciones delictivas se deben a la adquisición de armas con características muy relevantes, como son fusiles, subametralladoras, lanzacohetes antitanque”, sostuvo.