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Ponen bajo sospecha contrato millonario del ISSSTE

Jorge Torres| El Universal
Martes 17 de marzo de 2009
La licitación por el mayor contrato habido en México para suministro de medicamentos, con un valor de $5 mil millones, dejó fuera a siete proveedores; un requisito en el concurso fue determinante para que ganara Fármacos Especializados

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La asignación, en febrero, de un contrato por más de 5 mil millones de pesos al corporativo Fármacos Especializados, para el suministro total de medicamentos al ISSSTE los próximos cuatro años, ha sido objetada por empresas excluidas de la licitación, aparte de plantear dudas y posibles ilegalidades a la luz de la documentación disponible.

Por el monto, se trata del mayor contrato habido en México para suministro de medicamentos e insumos al sector público. Abraham Medina, responsable de Comunicación Social de la Comisión Federal de Competencia, dijo que los directivos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE) no consultaron con ésta acerca de dicha licitación, como suelen hacerlo en casos semejantes el propio instituto y el IMSS, si bien no los obliga la ley.

La Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL encontró que las bases de la licitación 00637173-001-09, relativas “a la prestación del servicio integral de administración y operación de la cadena de suministro de medicamentos y material de curación para los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012”, provocaron que siete empresas desistieran de participar, en virtud de que un requisito se habría fijado con dedicatoria, en beneficio de Fármacos Especializados.

Dos de aquellos grupos empresariales, Nadro y Casa Saba, informaron a este diario que analizan inconformarse ante la Comisión Federal de Competencia. Durante el proceso de licitación, esas mismas empresas hicieron severos e insistentes cuestionamientos porque se “limitaba” su “libre participación” —mismos que fueron sistemáticamente desechados por representantes del ISSSTE.

Consultado al respecto por vía telefónica, Guillermo Ruiz, director comercial de Fármacos Especializados, respondió: “No tengo postura, no puedo expresarme sobre el tema (...) no puedo hablar de las bases de la licitación”.

El “requisito”

Competirían por surtir medicamentos al ISSSTE durante lo que resta del gobierno de Felipe Calderón, Casa Saba, Logística Internacional de Mercancías, Nadro, Ralca, Transportes Translogic, Price Waterhouse Coopers, Dimesa y Farmacéuticos Maypo. Al final sólo esta última concursó contra Fármacos Especializados.

Según la convocatoria, el requisito controvertido (en el numeral 5.5.1) exigía haber obtenido al menos dos contratos previos de dependencias de la administración pública “cuyo monto mínimo [en total] sea de $600,000,000.00 (seiscientos millones de pesos) durante un año, que estén vigentes, o que en su caso se hayan realizado durante los últimos tres años inmediatos anteriores”.

Esto inhibió la participación de siete empresas y fue determinante para que Fármacos Especializados ganara, siendo el único grupo que contaba con contratos de entidades públicas que “durante un año” le otorgaron montos por 600 millones de pesos, además de que resultaban de “proyectos similares”, como solicitaba también la dependencia.

Dicho corporativo, que encabezan José Antonio Pérez y su hijo Francisco Pérez, obtuvo tres contratos para 2008 con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México, por un monto de más de 636 millones de pesos, además de un proyecto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de 2005 a 2007, por poco más de 2 mil millones de pesos.

Nadro y Casa Saba —dos de los principales distribuidores de medicamentos en México— cuestionaron la licitación del ISSSTE por considerar que “limitaron” su derecho a participar en el concurso del contrato plurianual para el suministro de medicamentos a la dependencia por lo que resta del sexenio.

El 21 de enero, tras la junta de aclaraciones al contenido de las bases de la licitación, a través de Luis Arturo Gutiérrez de María y Campos, el representante legal, la primera asentó su inconformidad: “Manifiesto por este medio que no hemos quedado satisfechos con las respuestas a nuestros cuestionamientos, por lo que consideramos que dichas respuestas limitan la libre participación en la presente licitación”.

Gutiérrez de María y Campos había solicitado durante la junta de aclaraciones le mostraran ejemplos de contratos de instituciones que cuenten con “un modelo similar al licitado”. Lo anterior partía del requisito  que implicaba acreditar “al menos dos proyectos similares”. La respuesta de los representantes del ISSSTE fue tajante: “La pregunta no versa sobre el contenido de las bases”.

En la misma reunión, José Luis Chávez Cedillo, representante de Casa Saba, solicitó la omisión del requisito de los contratos por 600 millones de pesos por “proyectos similares”, considerándolo limitativo. “Solicito a la convocante que se omita este documento o en su defecto el importe de éste no sea factor a contemplar, debido a que mi  representada considera que de prevalecer este punto, es limitante a la libre participación”. La respuesta también fue negativa: “No se acepta su solicitud, por lo que deberá cumplir con los requisitos señalados en el numeral correspondiente”.

Esas objeciones daban en el clavo: ni Casa Saba ni Nadro —como tampoco los demás grupos que pretendían participar— contaban con “proyectos similares” en términos de logística del servicio a los impuestos por el ISSSTE, cuyos contratos sumaran cuando menos
600 millones de pesos con dependencias públicas en el último año o acumulados durante los últimos tres años.

Licitación, “a modo de nadie”: ISSSTE

“Hicimos un estudio que no es a modo de ningún proveedor, sino de la institución”, afirma Miguel Ángel García Ramírez, subdirector de Abasto e Insumos Médicos del ISSSTE, acerca del análisis previo que, asegura, realizaron sobre la logística para suministrar medicamentos e insumos a las unidades médicas en menor tiempo y costo. “Obviamente, hay proveedores que cuentan con estos sistemas, pero en ningún momento se hizo a modo de nadie”.

El funcionario negó también que Miguel Ángel Yunes Linares, director de la dependencia, hubiera establecido contacto con algunos de los grupos empresariales de distribuidores de medicamentos antes de publicarse la licitación, como informó a este diario una fuente del sector.

“Mucho se cuestiona, pero nosotros, por ley, no podemos llegar a acuerdos con proveedores en ese sentido”.

Sobre las inconformidades expresadas en el curso de la licitación por Casa Saba y Nadro, José Eduardo Navarro Alvarado, subdirector de Recursos Materiales y Servicios del ISSSTE, explicó que “sólo una presentó escrito de objeciones, pero no hubo ninguna inconformidad, vamos a decir que el escrito de objeciones es como el pase para tener derecho a inconformarse”.

Isaac del Rey, gerente de ventas a gobierno de Nadro, aseguró que la empresa analiza la posibilidad de inconformarse, en tanto que José Luis Chávez Cedillo, representante legal de Casa Saba, dijo que este grupo no fijaría una posición, considerando la posibilidad de presentar una inconformidad.

¿Transparencia e imparcialidad?


En lo relativo a licitaciones públicas, el Artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público impone que en todos los casos deberá asegurarse “que no existan requisitos o especificaciones técnicas que explícita o implícitamente favorezcan a proveedores… que limiten la participación de otros posibles proveedores en el procedimiento”.

Documentos del proceso e información recabada en el marco de esta investigación periodística autorizan dudas acerca de la transparencia e imparcialidad cuando menos de la Dirección de Administración del ISSSTE, responsable de elaborar las bases de la convocatoria en cuestión.
García Ramírez, el subdirector de Abasto e Insumos Médicos, aceptó que disponen de información sobre los grupos empresariales dedicados a la distribución de medicamentos, “tenemos investigaciones, conocimiento de las experiencias, de los trabajos de la distribución”.

Se infiere que las autoridades del instituto contaban con información previa para evaluar si los grupos interesados poseían la experiencia y capacidad técnica que les permitiera ofrecer el servicio solicitado, y optaron por establecer un candado contra la libre competencia, favoreciendo eventualmente a Fármacos Especializados. Con ello impidieron que la mayoría presentara sus propuestas técnicas y económicas de modo que fuera seleccionada la más económica y provechosa para el Estado.

Sobre el requisito de 600 millones  de pesos en contratos causa de la controversia, Navarro Alvarado, subdirector de Recursos Materiales y Servicios, dice que “es simplemente que acredite la capacidad para manejar un proyecto de esta naturaleza”, lo cual “nos da la garantía de que estaríamos contando con empresas... que tienen capacidad”.

Tal argumento es poco convincente, según fuentes de los grupos empresariales excluidos —que exigieron anonimato—, porque el haber facturado 600 millones de pesos en un esquema de distribución de medicamentos no es garantía de eficiencia, además de que sólo representa 10% del proyecto. “Saba tiene una facturación anual de más de 15 mil millones de pesos y Nadro tiene facturaciones similares, pero el ISSSTE no tomó en cuenta los contratos privados”, explica uno de los representantes de un corporativo.

El funcionario García Ramírez ejemplifica con Farmacéuticos Maypo en el sentido de que pudo participar, igual que Fármacos Especializados, al satisfacer el requisito de los contratos por 600 millones. Sin embargo, en el acta de fallo del 5 de febrero pasado, a través del cual el ISSSTE le otorgó el contrato plurianual a Fármacos Especializados, se asienta que Farmacéuticos Maypo no pudo cumplir los requerimientos: fueron descalificados expresamente los contratos que esta empresa había obtenido con el IMSS, Pemex y el propio ISSSTE, por más de mil millones de pesos, porque “no son proyectos similares”.

La licitación —cuyas bases se publicaron el 15 de enero—, implica el almacenamiento y la distribución en las 794 unidades médicas de mil 300 millones de piezas que el ISSSTE debe abastecer a sus usuarios entre mayo de 2009 y diciembre de 2012.

El contrato ganado por Fármacos Especializados —firmado con la dependencia el 9 de febrero pasado— establece que esta empresa cobrará al ISSSTE 3.98 pesos por pieza distribuida, y podrá actualizar el monto de acuerdo con la inflación. Lo que no podrá saberse ya es si las propuestas de las otras empresas virtualmente excluidas eran más convenientes para el instituto y el erario público que la ganadora.



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