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Incontenible, en México la piratería de discos, películas, material de cómputo, ropa, calzado y cualquier artículo de marca, es sinónimo de crimen organizado.

Se ha convertido, de acuerdo con especialistas en legislación antipiratería del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), en uno de los nichos emergentes incluso de los cárteles de la droga, para obtener ganancias rápidamente y sin riesgos mayores.

Los expertos reconocen también que la piratería en periodos de crisis, como la que se vive en México y en el mundo, será una de las vías que encontrarán desempleados, subempleados y hasta comerciantes legales, como medio de sobrevivencia.

Pero como se le mire, es y será una actividad ilegal que daña a las industrias y al empleo de todo un país, además de que detrás de todo artículo pirata hay lavado de dinero, asesinatos, corrupción y delincuencia organizada.

Salvo estimaciones por actividad o ramo de la industria, hasta hoy nadie puede ofrecer un panorama completo sobre la cantidad de recursos que genera esta actividad ilegal, pero lo cierto es que las ganancias son tan jugosas que han hecho que hasta organizaciones dedicadas predominantemente al narcotráfico apunten sus baterías hacia el control de toda la cadena de producción, distribución y venta de piratería, especialmente en discos de música y películas.

Las ganancias de “La Familia”

El control de la piratería de películas y música en más de 180 mil puntos de venta en mercados, tianguis, comercios fijos, jardines, gasolinerías, estacionamientos, paradas de camiones, escuelas, cines y cualquier otro sitio donde se puedan vender estos productos ilegales permite al grupo criminal La Familia ganancias diarias de 27 millones de pesos tan sólo en Michoacán, de acuerdo con un análisis realizado por la Procuraduría General de la República (PGR).

La incursión del cártel La Familia en la piratería de películas y música se dio de forma natural. Desde el inicio del Operativo Conjunto Michoacán era ya una de sus actividades alternas y al recrudecerse las acciones federales contra el narcotráfico en el país y ese estado, la volvió una de sus acciones principales de financiamiento de sus actividades ilícitas, según el estudio de inteligencia de esa dependencia en la citada entidad.

Por las calles de cualesquiera de los 113 municipios con que cuenta Michoacán se mira, como en casi todo el país, los improvisados aparadores o puestos de venta de películas y discos de música pirata. Hombres, jóvenes, mujeres o personas de la tercera edad ofrecen la mercancía y pareciera una actividad inocente y sin problema, pero la cadena de producción y distribución del material apócrifo lleva hasta La Familia, uno de los grupos criminales más peligrosos de los que se tenga memoria en México.

No hay disco o DVD pirata en el estado que no esté avalado por ese cártel de las drogas, ya sea por su sigla o por beneplácito. No tener la “F”, como se identifica al material que produce la organización criminal o al permiso para producir y vender discos o películas pirata, puede ser casi sinónimo de una golpiza y, en el caso más grave, hasta de muerte.

A todos los que venden piratería de este tipo en Michoacán los tienen controlados. No hay forma de escaparse de La Familia, que ha hecho de la piratería una de sus actividades para regenerar sus ganancias por las pérdidas dentro del narcotráfico por el combate que realiza contra este flagelo el gobierno federal.

Golpe a industrias

El director de investigación del Inacipe, Alberto Nava, define la piratería como un delito que comenzó como una infracción y ha evolucionado hasta ser ya un ilícito de graves proporciones, al grado de estar asociado a la delincuencia organizada y provocar daños graves a mercados o sectores económicos enteros, por la simulación o copia de productos registrados con fines de lucro, y que en México se combate a través de la Ley de Derechos de Autor, de la Ley de Propiedad Industrial y también de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Por ejemplo, apunta, en la industria discográfica hay algunas cifras sobre el impacto que tiene la piratería en sus ventas y ganancias, que señalan que de cada 100 discos de música alrededor de 60% son copias producidas de manera ilegal.

“La mayor parte de la música actualmente se descarga vía internet, y así se pueden hacer copias por millones, aunque hay que entender que la piratería no sólo es hacer la copia sino la reproducción del producto con fines de lucro”, precisa el también especialista en derecho penal.

En la actualidad, importantes empresas, principalmente productoras de software, invierten buena parte de sus ganancias en la detección de piratería de sus productos, al grado de ofrecer recompensas a empleados que denuncien si su empresa opera con programas de cómputo obtenidos de manera ilegal.

Al respecto, destaca que por su propia naturaleza este tipo de conductas o delitos no se pueden perseguir de oficio, aunque hay penalistas, legisladores, industriales y autores que piensan y opinan que por los daños que produce en cualquier economía, éste debería ser un ilícito que debiera perseguirse de oficio.

“Muchas veces es necesario saber si el autor o empresa dueña de la marca o el artículo ha transmitido el permiso para esa producción, comercialización o venta, y, como eso no lo conoce la autoridad, siempre hay que esperar a que haya una querella para investigar casos de piratería”, especifica el también doctor en derecho penal y autor del libro Delitos informáticos.

La evolución del delito de piratería hasta quedar asociado a la delincuencia organizada permite observar, agrega, que se trata de un problema mundial y al que necesariamente hay que darle una respuesta en ese mismo sentido, adoptando convenios transfronterizos, regionales y globales que permitan enfrentarlo.

“La delincuencia organizada como tal obviamente no sólo está dedicada o constreñida para delinquir en una sola actividad, ya que si puede incursionar en otra gama de delitos que le resulten rentables lo hará, como lo vemos con aquellos que comenzaron como robacoches y luego formaron bandas de secuestradores”, asegura.

El proceso

En opinión del profesor e investigador del CIDE, Marcelo Bergman, el combate del Ejército al narcotráfico ha provocado un fenómeno inesperado, porque donde se ha golpeado a los cárteles de la droga han aparecido células de esas organizaciones que han adoptado otros giros para allegarse de recursos, como es el caso del control de la piratería.

Escalar otras actividades ilícitas es un paso dado por organizaciones criminales, luego del comienzo de la campaña contra el narcotráfico, explica el especialista.

En Michoacán, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y otras entidades donde operan grupos de narcotraficantes de los cárteles de La Familia, los Arellano Félix y de otras agrupaciones “hemos visto cómo células que antes estaban vinculadas exclusivamente al narcotráfico han adoptado o tomado otros giros, por así decirlo, comerciales”, indica Marcelo Bergman.

Estamos viendo un proceso de mutaciones, dice, y explica que los grupos que pierden su fuerza dentro del narcotráfico pueden realizar otras actividades ilícitas por tener la infraestructura necesaria, pues además de conocer y poder hacer uso de la violencia, han incursionado en toda clase de negocios ilegales.

Esa situación, comenta, explica el crecimiento de las actividades de piratería, extorsión y secuestro, en las cuales están metidas ahora de lleno organizaciones como La Familia, los cárteles de Tijuana, Juárez y del Golfo, entre otros.

Existía hace algunos años un equilibrio entre los diferentes cárteles y, una vez que el Ejército les pegó fuerte a algunos de ellos, se generó un incentivo entre los grupos rivales, que hizo que otros vayan por lo que queda del “pastel”, de tal manera que la buena intención del Ejército al combatir al narcotráfico provocó una mayor violencia entre los grupos de narcos y el surgimiento de otras actividades ilícitas en las que se han introducido miembros del tráfico de drogas.

Todo este panorama, según el investigador, se ve agravado en México porque otros aparatos del Estado —ministerios públicos, policías locales y federales, además de jueces— no tienen la suficiente fuerza para hacer frente a un desafío tan fuerte como el crimen organizado en todas sus manifestaciones.

Estos grupos manejan recursos por miles y miles de millones de dólares y cuando se manejan intereses de esa magnitud no es sencillo hacerles frente con policías mal entrenados, con un sistema diseñado para perseguir a pequeños delincuentes y no a criminales sofisticados que tienen una gran capacidad para reclutar a su gente, comenta el investigador del CIDE.

Expone que, ante la crisis económica, la posibilidad de empleo es cada vez menor y los únicos que tienen recursos o efectivo disponible para contratar son los jefes de estas bandas, de tal manera que la gran disponibilidad de recursos humanos para ser reclutados por parte de la delincuencia crea un coctel explosivo.

“Los cambios que se tratan de hacer desde el gobierno para enfrentar al crimen organizado y toda su secuela son importantes, pero es posible que no se haya imaginado o evaluado la magnitud de los cambios requeridos para que las instituciones funcionen adecuadamente; quizá se haya sobreestimado la capacidad que se tiene para hacer frente al crimen organizado”, concluye.

Un frente común

Miembro del Comité Interinstitucional de la PGR contra la Piratería, profesor universitario y especialista en legislación sobre el tema, Gabriel Larrea, afirmó que el daño causado por la piratería es grave no sólo en los casos de la compositores e interpretes, sino en cualquier actividad que toque este ilícito como pueden ser bebidas, medicinas, equipo de cómputo, ropa, comida, calzado, libros y toda actividad humana que pueda ser copiada o imitada por cualquier medio.

En el caso de la música, consideró que los interpretes y los compositores han sido severamente dañados porque con un solo botón pueden copiarse casi al instante miles de unidades al existir los medios de reproducción simultánea a miles de equipos y así en un solo día pueden hacerse millones de discos pirata u obras, de ahí el grave daño económico para las industrias, que en algunos casos han tenido que cerrar, despedir trabajadores o buscar alternativas de negociación o promoción de sus productos. “Definitivamente hay pérdidas millonarias”, estimó.

La PGR en su labor ha tenido grandes logros, aceptó, pero aclaró que el combate a este flagelo no sólo debe ser de la PGR, sino de la Secretaría de Salud en el caso de piratería de medicinas, cuya adulteración puede conducir a la muerte; o de la SHCP y de Aduanas en el caso de importaciones de bebidas o alimentos que pueden incluso causar daños a la salud. Si bien hubo mejoras a partir del Acuerdo Nacional Contra la Piratería, consideró que faltan muchas cosas por hacer.

Entre los avances citó el hecho de que ahora ya no sólo se ve en la PGR los casos de reproducción ilegal de artículos, sino incluso se analiza la evasión de impuestos, “lavado” de dinero y corrupción, entre otros. Tampoco es como antes que se aseguraba un camión o un cargamento mediano de piratería, ahora se habla de toneladas aseguradas, de laboratorios desmantelados y de la realización de operativos conjuntos contra bandas organizadas y que tan sólo en 2008 y en lo que va de este año —según cifras de la PGR— permitieron el decomiso de 165.5 millones de productos piratas.

No obstante, dijo que es necesario mejorar la aplicación de la ley en estos delitos, que en su opinión deben ser perseguidos de oficio por las autoridades federales o estatales, que esta clase de delitos se cataloguen necesariamente como de la delincuencia organizada y sin posibilidad de beneficios de libertad bajo fianza por el daño económico que causan en miles y miles de millones de dólares. “No es nueva la vinculación del crimen organizado con la piratería, pero efectivamente es una relación necesaria y real entre ambas caras de la delincuencia”, explicó.

La piratería es un asunto de implicación internacional, se vincula con grandes organizaciones criminales y por ello es urgente que se le catalogue como un delito grave de entrada y que pueda ser perseguido de oficio, para lo cual el Congreso de la Unión debe legislar para lograr esos avances en su combate, indicó el especialista.