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Ante las presiones de organizaciones de derechos humanos y feministas, la Secretaría de Salud (Ssa) rectificó y dio marcha atrás a las modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 046, con el fin de hacer obligatoria la anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo a las víctimas de violación.

Se garantiza además que en los hospitales públicos estén médicos y enfermeras no “objetores de conciencia”.

Ayer, en una reunión extraordinaria de tres horas del Comité de Normalización de la dependencia, a la que asistieron organizaciones como Mexfam y Provida, entre otras, se reconsideraron esos tres aspectos a fin de precisar cómo debe prestar el servicio el sector salud.

En la votación a las modificaciones a la NOM 046, sólo Jorge Serrano Limón votó en contra, y lamentó que el gobierno federal legalice el aborto en el país.

Así terminó una controversia detonada por la modificación en la redacción de la NOM 046 “Violencia Familiar y Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”, ya que se cambió la palabra “deberán” por “podrán” y que abría un resquicio normativo para que los hospitales y los doctores se negaran a prestar el servicio.

En la primera modificación realizada el 21 de julio de 2008, en la que las organizaciones de la sociedad civil estuvieron de acuerdo, se garantizaba el acceso a la anticoncepción de emergencia y el aborto. Pero el 28 de enero, sin previo avisó, se modificó la redacción.

En conferencia al término de la reunión, Mauricio Hernández Ávila, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, negó que hayan existido presiones para la modificación a la NOM y precisó que incluso ya se envió el texto a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Ssa.

Confió en que esta área la envíe “expeditamente” para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dijo que se establece la obligación del sector salud de otorgar el servicio y se precisa que la vigilancia de la aplicación de la NOM no sólo corresponde a la Ssa, sino a gobiernos estatales.

Del cumplimiento de la norma, Patricia Uribe Zúñiga, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, explicó que será la Cofepris la encargada de vigilar la correcta aplicación y tendrá la supervisión permanente del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Las sanciones en caso de desacato a la norma serán de tipo administrativo, aunque no precisó cuáles.

Adelantó que lanzarán una campaña de sensibilización y capacitación a todo el personal de salud y otras a la población, en especial a las mujeres, para que conozcan sus derechos y los servicios que pueden demandar.

María Luisa Sánchez Fuentes, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), alertó que las modificaciones a la NOM 046 sientan un precedente negativo, ya que aún están por revisarse otras como la de planificación familiar.

Advirtió que existe presión de grupos de ultraderecha que están operando al interior de la Secretaría de Salud, para echar abajo la posibilidad de que las víctima de abuso sexual puedan tener un aborto legal.

Puntos críticos

De los cambios en la NOM se establece que informarán a las víctimas de violación de inmediato y hasta un máximo de 120 horas después del evento, la anticoncepción de emergencia.

Se eliminó el apartado que detalla los efectos colaterales de los medicamentos porque se podría considerar una “barrera”.

Del aborto médico, las instituciones “deberán” prestar el servicio a las interesadas previa autorización de la autoridad, la legislación local y, en caso de ser menores de edad, la petición de uno o ambos padres o tutor.

En el acaso de los “médicos objetores de conciencia”, se canalizará a la afectada a una institución que sí cuente con ese tipo de personal e infraestructura.