“No le tengo miedo, pero mi mamá sí, desde que sabe que es lenón. Hace tres meses  terminamos y todavía me manda mensajes; ahora que sabe  que no tengo trabajo, me dice: ‘Aquí tienes  la papa asegurada, nomás me avisas y luego, luego te ponemos a chambear’.”

Es Juana, de 18 años, refiriéndose a Pepe, un enganchador al que conoció hace un año en Tlaxcala y le propuso matrimonio. Su historia ilustra cómo suele comenzar un caso de trata de personas —considerada un fenómeno de “esclavitud moderna”.

El tráfico, con su ruido incesante, invade su modesta casa, en Tenancingo (Tlaxcala). Señalando hacia la carretera, Juana dice: “Por esa salida se llevan cada fin de semana a las chavas que lograron convencer; las traen de Poza Rica (Veracruz). Pepe tiene (de forma permanente) como seis y dice que ‘su mercancía’ le ha dado para comprar su casa, que está bien grande”.

La madre de Juana se enteró por una amiga de que Pepe —o quien dice llamarse así— se dedica a la trata de personas con fines de explotación sexual, de modo que “hablé con los padres, que bien saben en qué anda metido el muchacho. Me prometieron que ya no iba a buscar a Juana y creo que lo han cumplido, pero les tengo miedo...  si el gobierno no hace nada por detenerlos, menos nosotros”. No se equivoca.

La negligencia oficial y la falta de reconocimiento del crimen que representa la trata de personas socavan la lucha global contra este ilícito en aumento constante, acusa el Informe Mundial sobre Trata de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dado a conocer el 2 de febrero, y el cual precisa también que 79% de los casos está relacionado con explotación sexual, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y  Geografía, alrededor de 20 mil niños y niñas son esclavizados en explotación sexual.

Ante tal escenario, ayer y hoy se realiza en Villahermosa el Seminario Internacional “Mejores prácticas para combatir la trata de personas”, que busca involucrar a la sociedad civil y a la iniciativa privada en la lucha contra éste, que es el segundo negocio criminal más rentable del mundo —después del narcotráfico—, de acuerdo con el FBI.

“Mi hija pasaba horas en internet...”

No existe en nuestro país un diagnóstico integral de la trata de personas (alcance criminal, número de víctimas, costos sociales y personales), pero los testimonios de víctimas o sus familias aportan indicios.

La Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL entrevistó a la madre de una niña oaxaqueña de 14 años —desaparecida en la zona del istmo de Tehuantepec el 2 de enero pasado—, quien relató que “mi hija se pasaba horas en internet, donde tenía muchos amigos y hasta novios. Sé que recibió un correo electrónico en el que la invitaban a venir al DF. Ella comentó a su prima, que fue la última persona con la que habló, que venía (al Distrito Federal) a encontrarse con su destino”.

Después sólo se han conseguido ciertos rastros, como el de que la niña viajó de Tierra Blanca (Veracruz) a la ciudad de México en un camión de la línea Autobuses Unidos, lo cual se sabe a partir de versiones recogidas entre los operadores de aquella unidad y una vendedora de boletos.
Con la experiencia de quien ha hecho todo a su alcance para encontrar a su hija, esta mujer conoció diversos casos semejantes en la zona del istmo de Tehuantepec (Oaxaca). En particular, refiere los de otros dos menores que fueron contactados a través de la red y llevados con engaños a otras ciudades del país en autobús; en uno de estos casos la menor fue localizada por sus familiares en una casa de seguridad de tratantes de personas en la ciudad fronteriza de Reynosa (Tamaulipas).

“Les rompen su voluntad y dignidad”

Casos como los de esta niña de 14 años, en Oaxaca, y Juana, en Tlaxcala, muestran algunas modalidades operativas de la delincuencia organizada.

Activistas del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local informan que han documentado la existencia de redes de trata de mujeres, principalmente en Tenancigo, donde puede observarse que enganchan a las mujeres con promesas de trabajo, dinero y nuevas oportunidades de vida, aparte del fenómeno del control social basado en la intimidación, lo cual es negado sistemáticamente por las autoridades municipales y estatales.

Esas redes aprovechan las condiciones de pobreza y exclusión en la que viven millones de niñas y mujeres en México, opina Mario Luis Fuentes, director general del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). “Además, quienes las enganchan tienen grandes habilidades; son estos jóvenes que merodean las centrales camioneras, (las estaciones) del Metro, cazando a las niñas que se ven atractivas. Se les acercan con ofertas de romance y una vez que hay el primer contacto, hay una enorme habilidad para romperles su voluntad y su dignidad, con lo que las convierten en esclavas; viene esta ruptura total de la personalidad donde la víctima asume la situación como una parte de su destino y  las posibilidades de reintegrar a las que escapan son mínimas.”

En todo esto tiene que ver igualmente la complicidad e incompetencia de servidores públicos. En su informe sobre trata de personas 2008, el Departamento de Estado de Estados Unidos define a México como país de origen, tránsito y destino de personas  sujetas a trata y considera que las autoridades no están atacando el delito, además de advertir que la corrupción, especialmente de personal de procuración de justicia a nivel local y del Instituto Nacional de Migración, es ya una preocupación seria, pues no sólo algunos aceptan sobornos, sino que desalientan la denuncia o ignoran que la prostitución infantil en burdeles y otros sitios de comercio sexual  es un síntoma de la industria criminal de trata de personas.

México, parálisis institucional

En 2003, el gobierno mexicano ratificó el Protocolo de Palermo, primer instrumento internacional que definió la trata de personas, pero su primera legislación especializada en la materia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, entró en vigor hasta noviembre de 2007. Y no es el único retraso: 15 meses después, el presidente Felipe Calderón no ha emitido el reglamento para la atención integral a las víctimas.

Sadot Sánchez, director del Programa de Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coincide con especialistas en que la trata de personas es  “esclavitud moderna”, y califica como “omisión grave del Ejecutivo Federal” la ausencia de reglamento, pues impide que “las víctimas tengan protección, apoyo y asistencia”.

Si bien para perseguir el delito no hace falta reglamento, añade, “en donde sí es necesario y la ley está atada es en la prevención; no se ha creado la instancia que habrá de aplicar las medidas preventivas”, de modo que “la legislación queda como una muy buena intención, pero no sirve de herramienta para salvaguardar los derechos de las víctimas”.

El Artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas impone la creación de una Comisión Intersecretarial integrada por los titulares de 10 instituciones del gobierno federal —incluidos los de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Educación, así como el de la PGR—, además de representantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los institutos nacionales de las mujeres, de Migración y de Ciencias Penales, y el Consejo Nacional de Población; también se considera la participación de las organizaciones civiles.

Hasta ahora, esa Comisión Intersecretarial no existe, como tampoco el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, mismo que legalmente debe ser formulado por aquella.

Policías, fiscales y jueces, ni idea

El informe citado del Departamento de Estado de EU enfoca uno de los problemas clave para que la ley no se aplique, además de la ausencia del reglamento. De noviembre de 2007 a junio de 2008, precisa, se informó del arresto de apenas siete sospechosos de explotación sexual, pero no se reportaron sentencias ni penas por el delito de trata de personas.

Tampoco “hubo esfuerzos por investigar o procesar crímenes de explotación laboral, a pesar de las denuncias sobre mexicanos, centroamericanos y otros ciudadanos extranjeros que son sujetos a este tipo de abusos”. Y agrega que son indispensables mayores esfuerzos para procesar y castigar a los culpables, así como ampliar la capacitación a jueces, Ministerios Públicos y agentes ministeriales, para que el gobierno mexicano pueda cumplir lo establecido por la ley.

Anónimamente, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal aceptaron referir un caso que les ocupó varios meses y al final les produjo frustración. Tras identificar la casa de seguridad de una red de trata de personas en Puebla, iniciaron una investigación que incluyó acciones infiltradas y desembocó en un cateo, en enero pasado.

Los detenidos fueron puestos a disposición del MP, que determinó que no había evidencias suficientes para procesarlos por trata de personas —considerado delito grave—, optando por el de lenocinio —delito no grave—. A su vez, las víctimas se negaron a presentar denuncia asegurando que trabajaban ahí de manera voluntaria.

Esta incapacidad institucional para tipificar el delito ha impedido, a niveles federal y local, que miembros de redes criminales sean procesados y condenados. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (de la PGR) investiga sólo aquellos casos en los que esté implicado el crimen organizado; se traslade a las víctimas a otro país, o haya participación de servidores públicos.

Todo lo demás queda en el ámbito local, donde según Mario Luis Fuentes, director general de CEIDAS, aunque los gobiernos estatales reformaron sus códigos penales para tipificar de distinta manera el delito “falta la capacitación de los MP y jueces para que sean sensibles a la problemática de las víctimas”; Aparte, dice, los policías están atrapados en esta cultura permisiva que no considera la explotación sexual como delito, que la ve como algo de la cotidianidad, del paisaje urbano.