En diciembre pasado, un grupo de empresarios medianos de Monterrey, reunidos por razones sociales, compartían sus experiencias sobre el nuevo fenómeno que azota el país, las extorsiones, y de manera espontánea fueron enterándose, por sus propios casos, que habían caído en manos de un mismo grupo criminal que opera en ciertos vuelos de las aerolíneas mexicanas.

A los cuatro —se enteraron mientras contrastaban las versiones— les habían exigido “cuotas de protección” de manera casi idéntica: primero fueron contactados por correo por supuestos empresarios con intenciones de hacer negocios; luego, les fue solicitada una cita y después recibieron la visita de individuos que, ya en sus oficinas, los amenazaron con matarlos, a ellos y a sus familias, si no aportaban una cuota mensual.

Al recorrer sus historias, coincidieron en que los cuatro habían sido contactados por los extorsionadores justo después de hacer un viaje a la ciudad de México. Los cuatro habían tomado un mismo vuelo tardío DF-Monterrey; los cuatro iban en primera clase. También los cuatro conocieron junto a ellos, de “manera casual”, a un “hombre de negocios” con la misma filiación: serio, formal, de modales refinados —algo nada extraordinario en primera clase y en un vuelo que se considera de negocios. El individuo se había interesado en sus empresas, y les había solicitado una tarjeta de negocios durante el vuelo. Pero nunca más se había puesto en contacto. Después de él llegaron los extorsionadores, descubrieron.

Los cuatro, por supuesto, jamás denunciaron los hechos por temor a represalias. Sus casos, seguramente, no son los únicos.

Conforme el fenómeno de la extorsión ha crecido en el país, cobijados en la infinidad de casos que jamás se resuelven, las bandas criminales han sofisticado sus formas de operar. A fuerza de ensayo y error, han encontrado las maneras de dar con los grupos económicamente “rentables”. Como el caso de los cuatro de Monterrey.

El rostro de este flagelo tiene diferentes facetas en México. Desde extorsionadores que recluidos en un penal se hacen pasar por miembros del grupo armado de Los Zetas, hasta verdaderos sicarios de La Familia o el cártel de Tijuana, hacen que las cifras disponibles de este delito muestren el retrato de un México extorsionado.

Es prácticamente un hecho que el éxito en México se castiga con esta brutal práctica criminal.

La exigencia de cuotas por venta de protección para empresas, comercios, vendedores ambulantes, profesionistas, incluso dentro de las prisiones, constituyen ya un grave problema de seguridad para muchos mexicanos.

Cifras del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal indican que el delito de extorsión refleja un crecimiento exponencial en los últimos siete años, ya que en 2002 se registraron 53 casos, mientras que en el bienio 2007-2008, el promedio fue de 50 mil casos por año, sumando las tentativas y los actos consumados.

Estas exorbitantes cifras podrían ser sólo la punta del iceberg, pues dado que la extorsión es un delito del fuero común, los datos de la Policía Federal no incluyen los casos recibidos por las autoridades locales y sobre los que no existen registros puntuales. Además, en este como en otros delitos existe una cifra negra de personas que por temor a sus victimarios, o desconfianza en las autoridades, no denuncian.

En 2003 se registraron más de mil extorsiones, mientras que en 2007 y 2008, el número fue superior a 50 mil, lo que significa que por cada caso de extorsión registrado en 2003, hubo cinco en el año 2005, y por cada caso en 2005 se registraron entre nueve y 10 casos en 2007 y 2008, según las cifras al 20 de febrero de la SSP federal.

El número de víctimas también crece año con año, aunque cada vez es a un nivel más bajo en relación con el total de tentativas de extorsión. En 2005 se necesitaron casi cuatro intentos antes de consumar una extorsión, para 2006 se registraron cinco tentativas para cada caso consumado, en 2007 se requirieron ocho tentativas y en 2008 se registraron 9.9 intentos por cada víctima de extorsión. De igual modo, en términos porcentuales, durante 2003 del número de tentativas de extorsiones resultaban consumadas 56% de las mismas, en tanto, para 2008 sólo 9% de las tentativas de extorsión.

Los modos de operación

Hasta ahora, derivado de las denuncias ciudadanas, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal ha identificado seis principales modos de operación de las bandas dedicadas a este ilícito: extorsión por familiar secuestrado, por familiar detenido, amenazas de daño, amenaza de secuestro, engaño por concursos falsos y el más reciente, el cobro de “derecho de piso”.

En 27% de los casos de extorsión telefónica, la persona que llama dice ser un familiar (por lo general hijo) quien supuestamente se encuentra secuestrado y llorando pide ayuda para que lo saquen. Enseguida toma la comunicación el presunto secuestrador exigiendo dinero en efectivo, joyas, tarjetas de crédito o tarjetas telefónicas de prepago. El delincuente impide cortar la comunicación, con lo cual evita que la persona verifique el supuesto plagio y pida auxilio a sus familiares o a las autoridades.

En 13% de las llamadas (17 casos al día), la persona que llama se hace pasar por alguna autoridad y exige dinero a cambio de no remitir a un familiar detenido en el aeropuerto ante el MP o, bien, en 7% de los casos para sufragar gastos por daños a terceros en un accidente; sin embargo, aunque el hecho fuera real se trata de una extorsión.

En 11% de las llamadas, los extorsionadores amenazan con dañar físicamente a la persona que recibe la llamada o a alguno de sus familiares, exigiendo a cambio cantidades que oscilan entre los 30 y los 50 mil pesos, o números confidenciales de tarjetas de prepago. En ocasiones, el extorsionador dice que una vez depositado el dinero o entregadas las tarjetas, enviará un fólder con los datos y fotografías de la persona que está interesada en hacerle daño.

Sobre este tipo de extorsiones, David Ordaz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, un experto que ha estudiado este fenómeno desde la perspectiva de las cárceles y del ámbito virtual, asegura que el país “se enfrenta a una nueva etapa del crimen dentro la sociedad”.

“El delito de extorsión ha ido aparejado a la construcción de modelos globales de la sociedad y las relaciones de sus miembros en la actualidad pueden ser de manera real o virtual. Por ejemplo, en una extorsión telefónica estamos hablando de esta virtualidad que es parte de la nueva sociedad, tú no sabes quién está del otro lado y aceptas entregar tus bienes ante el miedo y la amenaza”, explica.

Otro de los modos de operar más recurrentes detectados por la Policía Federal es el de la falsa banda de plagiarios. En estos casos quien hace la llamada dice pertenecer a un grupo de secuestradores, que por diversas razones “decide” no llevar a cabo el ilícito y exige que le sean devueltos los gastos generados “por la investigación”, a cambio, promete dar los datos de las personas que los contrataron para secuestrar.

En el caso de los falsos premios el extorsionador solicita números confidenciales de tarjetas de teléfono celular de prepago a cambio de la entrega del “premio” por parte de “Boletazo”, por ejemplo, o de diversas compañías o fundaciones y dependencias de gobierno. De acuerdo con el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Policía Federal, las entidades que concentran prácticamente la mitad de las extorsiones registradas, tanto las tentativas como las consumadas, desde 2002 hasta 2007, son el DF (25%), el estado de México (13%) y Jalisco (10%).

“Derecho de piso”

Para la Secretaría de Seguridad Pública una nueva variable de extorsión, con características mixtas, es decir, puede ser telefónica o presencial, es la relacionada con el cobro de cuotas o “derecho de piso”.

“En esta modalidad los delincuentes exigen el pago de cuotas a comercios, profesionistas con interrelación pública (médicos y abogados, entre otros) y, en últimas fechas a empresarios de determinadas zonas del país, con el fin de garantizarles protección”, detalla informe de SSP.

“La Policía Federal ha detectado que la mayoría de los delincuentes vinculados con este nuevo tipo de delito tienen antecedentes de robo y fraude, y que sólo se aprovechan del temor que ha generado la violencia extrema que usan las organizaciones criminales del narcotráfico en sus ejecuciones, en particular, la de los autodenominados Zetas, del cártel del Golfo, para hacerse pasar por un miembro más e intimidar y extorsionar”, añade.

Y apunta que “en el cobro de cuotas o derecho de piso participan células de la delincuencia, cuyas premisas de operación son la impunidad, la corrupción, el miedo y la intimidación para evitar el reporte a la autoridad”.

Este tipo de prácticas ha llevado a empresarios o profesionistas de algunas ciudades a incluso retirar los anuncios publicitarios para ofertar sus productos o servicios, con el fin de no dar la mínima señal de éxito que los convierta en blanco de los extorsionadores.

En opinión del investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), y especialista en temas de delincuencia organizada, Martín Barrón, el crecimiento de las actividades de extorsión dentro de grupos del narcotráfico no es tanto una situación intrínseca de los cárteles, sino de los grupos de sicarios, entendidos estos como Los Zetas, La Familia, Los Pelones, Los Plebes y otros, pero no los líderes de las organizaciones. Citó como ejemplo el caso de Veracruz, donde grupos de Los Zetas se apoderaron del mercado de la piratería en el puerto a través de esta práctica, al grado que hubo vendedores que remataron su mercancía a peso.

Consideró además que las 50 mil denuncias por extorsión del año pasado pudieran ser mucho más por la llamada “cifra negra”. Recuerda que los grupos criminales siempre amenazan con mayores daños si se denuncia.

Las historias sobre extorsiones se escuchan y perciben cada día más. Generan miedo y temor a lo largo y ancho del país, a grado tal que el delito será incorporado a las bases de datos criminales de la llamada Plataforma México. para el diseño de estrategias y acciones de inteligencia y combate que lleven a contrarrestarlo debido al aumento de las denuncias ante los órganos judiciales.