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Legisladores de las tres principales fuerzas políticas aceptaron que hubo “presiones y sugerencias” de entes involucrados en el sector económico del país para frenar cambios a las Leyes de Instituciones de Crédito y de Protección a los Usuarios de Servicios Financieros, que establecían límites a los bancos y que beneficiaban a millones de poseedores de tarjetas de crédito.

De acuerdo con testimonios recabados en ambas cámaras, funcionarios de Hacienda, casas comerciales y bancos cabildearon para impedir que pasaran las reformas debatidas en el Congreso, por afectar los intereses de las instituciones bancarias y de crédito.

Lo que generó el atorón fue un solo artículo: el 46 bis 1, que fija límites en el monto de las operaciones que pueden efectuar los llamados “corresponsales bancarios” —tiendas, supermercados o pequeños comercios.

El vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, Francisco Arroyo Vieyra, denunció que funcionarios de Hacienda fueron “pillados como cacos o viles delincuentes” cuando intentaron “alterar” un dictamen apenas aprobado por el pleno de la Cámara Alta, con cambios a las leyes de Instituciones de Crédito, para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y de la Protección y Defensa al Usuario de los Servicios Financieros.

Explicó que incluso amenazó a los funcionarios de Hacienda con llamar al Ministerio Público y a personal de resguardo parlamentario para que tomaran el asunto en sus manos.

Arroyo Vieyra precisó que luego de ser aprobado el dictamen en el pleno, el documento fue enviado a una sala anexa al salón de sesiones del edificio de Xicoténcatl, sede del Senado, pero descubrió que dos personas, a las que identificó como Ximena Ortiz y Germán Zaldívar, integrantes de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, a cargo de Guillermo Zamarripa, ya tenían en su poder el documento que se había discutido.

“Tenían el dictamen original en sus manos, lo estaban cotejando y querían cambiar alguna numeración”, expuso.

En un principio, los senadores aprobaron que en el caso de los “corresponsales bancarios” éstos no deberían exceder de 25% del total de operaciones realizadas por el banco durante el mes calendario; sin embargo, el jueves pasado la Cámara de Diputados frenó estos cambios y eliminó los candados establecidos por el Senado, lo que provocó la discusión entre las cámaras.

En este contexto, diputados federales del PRD denunciaron que hubo presiones, incidencia y constante vigilancia de las instituciones bancarias y de la Secretaría de Hacienda en el paquete de reformas que pretendía poner un alto a los bancos en el abuso a sus cuentahabientes, lo que al final provocó que el proyecto legislativo se congelara hasta mejores tiempos.

Los legisladores perredistas Juan Guerra, Susana Monreal y Tonatiuh Bravo dijeron que los cabilderos estuvieron siempre presentes en trabajo en comisiones y el pleno.

“Estaban ahí y lo que sí ocurrió es que del Senado hubo una negociación fuerte para evitar sanciones a bancos, y se sintieron las presiones, y es claro que el Senado fue el que ya no aguantó”, dijo Guerra.

Susana Monreal dijo, por su parte, que hay el antecedente de enviar los temas polémicos a la Comisión de Hacienda (a donde fue turnado el paquete de reformas legales para poner límites a las tarjetas de crédito) para sacarlos “sin problema como mejor convengan”.

Tonatiuh Bravo, quien pertenece a la burbuja de la bancada en San Lázaro, admitió que no había conformidad de todos los ramos para ponerle reglas y límites a los bancos, y que los mismas instituciones bancarias opinaron en otro sentido. (Con información de Andrea Merlos y Jorge Arvizu)