El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad tiene hasta ahora la principal virtud de haber centrado en el debate público la presión social en las autoridades para que logren resultados.

Antes de la firma del documento, el Consejo Nacional de Seguridad Pública reunía a los gobernadores y varios secretarios del gabinete federal para contarse entre ellos una historia que sólo ellos creían. En 1996 ese Consejo empezó a sesionar y aproximadamente 80% de los mexicanos confiaba poco o nada en la policía y el ministerio público; 12 años después el porcentaje es el mismo.

Sea cual sea la historia de las reformas legales, las instituciones creadas o desaparecidas, los recursos aplicados o lo que se haya hecho, la inmensa mayoría no creía en las instituciones creadas para protegerla antes de que comenzara la más grande carrera de recursos dirigidos a la seguridad pública en la historia de México. Y hoy tampoco lo hace.

Muchos factores han hecho posible que los gobiernos transiten sin mayores costos, aún sin merecer credibilidad y en medio de escenarios de creciente inseguridad; uno de ellos es la calidad de la evaluación.

Más de una década de operaciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública no ha visto nacer un compromiso político por parte de los presidentes, gobernadores y alcaldes en turno, a favor de mecanismos sólidos de evaluación, internos y externos a las instituciones.

Salvo muy contadas excepciones, los ejecutivos se evalúan a sí mismos en general con instrumentos que están por debajo de los estándares internacionales y no aceptan evaluaciones conducidas por cuerpos técnicos externos.

Ayer, 100 días después de la firma del acuerdo, el gobierno federal encabezó la satisfacción por los resultados alcanzados.

El ciclo fue el de siempre: esa autoridad evaluó los avances de sus propias acciones, para decirnos que lo comprometido está cubierto al 100%.

Y mientras el gobierno federal se felicitaba a sí mismo, en medios impresos se informaba que para la Secretaría de la Defensa Nacional el narcotráfico ha puesto en riesgo la viabilidad del país, y que el Presidente informó al Congreso que la mitad de los policías del país no son aptos para la función que realizan, proporción que llega a seis de cada 10 en los municipios.

El ingrediente aparte en la sesión lo ponía la Presidenta de México Unido contra la Delincuencia, señalando la insuficiencia de los resultados y avisando sobre la instalación de un observatorio ciudadano.

La disyuntiva es muy clara: podemos avanzar evaluando resultados juntos con métodos validados por expertos internos y externos a las instituciones públicas, o podemos fingir que avanzamos, evaluándose y felicitándose las autoridades a sí mismas, en paralelo a las evaluaciones que vendrán de los observatorios. La evaluación es que aún no hay evaluación.