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A pesar de que la Secretaría de Gobernación (Segob) detecta focos de conflicto, en ocasiones decide no intervenir.

En abril, EL UNIVERSAL dio a conocer un reporte al primer trimestre de 2008 sobre una serie de incidentes en Chiapas.

De acuerdo con diversos documentos obtenidos, la Subsecretaría de Gobierno de la dependencia federal tenía en ese momento casos en los que estaban inmiscuidas bases zapatistas, como en el Ejido de Cascadas de Agua Azul; otro de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, organización priísta que recupera predios “invadidos” por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el cual aclara que “es posible acceder a la petición del gobierno estatal”.

Otro conflicto reseñado es el de la región de Chimalapas donde “es viable la instalación de una mesa de negociación (…) y la Segob debe actuar únicamente como testigo”.

Finalmente, se cita otro conflicto en la comunidad de San José Majomut, un pleito agrario con bases también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En todos los casos la leyenda es la misma: “Esta representación ha dado puntual seguimiento informativo al problema, sin participar en su solución dado que no se han recibido instrucciones de oficinas centrales”.