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La ley es muy clara. El marco normativo del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) no le permite espiar ni grabar conversaciones sin autorización de un juez, y tampoco le permite delegar a empresas privadas el acopio de información relacionada con la seguridad nacional.

Respecto del espionaje a personajes públicos, el artículo 16 constitucional garantiza que las comunicaciones privadas de los ciudadanos mexicanos son inviolables, y el artículo 34 de la Ley de Seguridad Nacional especifica que cualquier intervención en las comunicaciones de una persona sólo pueden llevarse a cabo con autorización judicial.

Por eso, de comprobarse que fue este órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación el que espió al senador Manlio Fabio Beltrones sin estar involucrado en un proceso judicial, se debe castigar a los responsables del ilícito.

Se pueden argumentar muchas atenuantes: que siempre se ha hecho, que para el PRI era práctica cotidiana, que un gobierno debe estar atento a todo lo que pasa en el país, que dicha práctica ha servido para develar casos tan ominosos como los del gobernador de Puebla, Mario Marín, y su amistad con Kamel Nacif. Nada, sin embargo, disculpa la violación a la normatividad, porque hacerlo es apartarse del estado de derecho. Si comenzamos a aceptar las excepciones, acabaríamos por convertirlas en reglas y estar en la puerta de la ley de la selva.

Por lo que hace a la contratación de una empresa privada para dar seguimiento a la información generada por el Congreso de la Unión, el tema suena menos espectacular, pero de hecho toca el meollo del problema del Cisen visto como policía política al servicio de un gobierno y no como área de inteligencia al servicio del Estado.

Según con declaraciones de ayer, del director del Cisen, Guillermo Valdés, y de anteayer, del senador Gustavo Madero en su intervención ante la Comisión Permanente, el seguimiento al Congreso se basa en su función de “generar inteligencia, información analizada, valorada, trabajada, para proponérsela a los tomadores de decisiones, al Presidente y miembros del gabinete, entorno a las amenazas a la seguridad nacional; necesitamos detectar las amenazas a la seguridad nacional y hacer las investigaciones y proponer cómo desactivar esas amenazas”.

Más todavía: amparan su decisión en que parte de la seguridad nacional es el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Más allá de ser grave que el Cisen diga no tener capacidad para procesar y recabar información política, surgen otras preguntas: ¿Es el Congreso de la Unión un peligro para la seguridad nacional?, ¿es el Cisen un órgano de asesoría personal del Presidente y del secretario de Gobernación en temas legislativos?

La respuesta a ambas preguntas es negativa. Legisladores en lo individual deben ser investigados si se tienen indicios de que están cometiendo ilícitos graves para la estabilidad de la nación, pero no el Congreso como un todo. Tampoco el Cisen puede arrogarse atribuciones de análisis, información política y legislativa que son propias de la Secretaría de Gobernación, a la que pertenece administrativamente, pero de la que no es jerárquicamente dependiente en tanto entidad al servicio del Estado, no del gobierno.

Los acuerdos en el Congreso son importantes, pero no deben partir de investigaciones del Cisen, que debe estar vigilante de amenazas a la seguridad nacional.