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El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Héctor Larios, justificó y consideró positiva la contratación de una empresa por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para investigar las actividades del Congreso de la Unión.

En entrevista, aceptó sin embargo que no está enterado del seguimiento a las actividades de diputados. Desde su punto de vista no es “espionaje” y no hay nada malo en que el gobierno se interese en temas legislativos y se contrate a una empresa para ello.

“Lo que veo es una decisión del gobierno de tener una más fuerte interacción del Congreso para conocerlo mejor y eso me parece positivo.”

Con todo respeto, dijo, “no es espionaje; es contratar los servicios de una empresa para tener información del Congreso”, y agregó que el contrato no fue por “un monto extraordinario”.

Larios destacó la “transparencia”, pues las autoridades vinculadas ya dieron a conocer la empresa y el contrato correspondiente.

Ante las críticas, dijo que la oposición siempre buscará atacar al gobierno. Tampoco dijo ver conflicto de interés en que Laura Iraís Ballesteros, directora de la empresa contratada, sea cercana a Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en la capital.

Sin embargo, Juan Guerra (PRD) lamentó la actitud del Cisen y la calificó como “acoso al Poder Legislativo. Dijo que ni en una dictadura se llevan a cabo esas prácticas que sin duda son un “espionaje” ilegal.

César Camacho Quiroz (PRI), presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja, también criticó esa acción y la calificó como “una forma burda” de allegarse de información, que dista de una política de inteligencia.

Consideró que es una acción “poco respetuosa”, que no abona a la relación de poderes. Cuestionó: “¿Cuántas más acciones similares hay?”, y dijo que el gobierno debe proporcionar toda la información.

Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, aceptó que también fue víctima de las entrevistas realizadas por la empresa contratada por el Cisen; externó su preocupación por el posible mal manejo de datos personales y consideró que se trata de un asunto “delicado” que debe ser analizado por los legisladores.

Dijo que en un Estado esas tareas deben ser realizadas por cuerpos especializados internos. “Que me disculpe el Cisen, pero que yo sepa la seguridad nacional no se mantiene contratando empresas por fuera, porque mientras no pase lo contrario la información es poder y si es utilizada irresponsablemente viola la integridad de los miembros del Congreso”.

José Manuel del Río Virgen (Convergencia) dijo que se confirma que se mantiene una política de seguridad nacional “equivocada” que además es onerosa, sin coordinación y carente de resultados.

Juan José Rodríguez Prats (PAN) dijo que la información política se recaba en todas las democracias del mundo, por lo que esta práctica no debe asustar, aunque reconoció que al contratar a una empresa privada se corre el riesgo de que se ventilen datos personales.