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En 2006, Petróleos Mexicanos (Pemex) inició la integración de su propio ejército para sustituir de manera paulatina a casi 4 mil vigilantes sindicalizados por militares retirados con “récord impecable” para salvaguardar instalaciones estratégicas.

Según datos de la paraestatal, el proyecto inicial del general de brigada diplomado del Estado Mayor, Víctor Manuel de la Peña Cortés, presentado en septiembre de 2006 al director corporativo de Administración, Rosendo Villarreal Dávila, contempló el uso de elementos del Ejército en 288 instala ciones petroleras y “fue puesto en marcha de manera gradual”.

El plan Relevo, cuya copia posee EL UNIVERSAL, contempló al inicio la incorporación de 2 mil 461 elementos de las Fuerzas Armadas para vigilar, “a partir de las 0600, del día D” (no específica la fecha), tomando en cuenta que “el control de los accesos a las instalaciones estratégicas, que actualmente realizan 3 mil 800 vigilantes sindicalizados y 202 agentes de confianza, queda a la deriva porque sólo obedecen a sus líderes sindicales o a los jefes de quienes dependen e incurren cotidianamente en actos delictivos”.

Las 288 instalaciones estratégicas están distribuidas en 14 departamentos foráneos y área metropolitana, aunque su localización se omite por de seguridad nacional: en Guadalajara son 26; en Camargo, 9; en Cadereyta, 18; en Reynosa son 26; en Tampico, 21; en Salamanca, 22; en Poza Rica, 12; en Veracruz, 17; en Tula 5; en San Martín Texmelucan, 4; en Ciudad del Carmen son 55; en Coatzacoalcos, 29; en Villahermosa, 24; en Salina Cruz, 11, y en el área metropolitana, nueve, incluyida la Torre Ejecutiva.

El plan argumentó la falta de “control para evitar la introducción de material explosivo, armamento y productos químicos que puedan inutilizar maquinaria o puntos críticos de las instalaciones ni evitar cuantiosos robos de productos, material, equipo y herramientas, cuyo monto asciende a decenas de miles de millones de pesos y, por el contrario, se tiene la certeza de que los vigilantes sindicalizados no sólo toleran esas anomalías, sino que son cómplices en la comisión de esos delitos”.

Cita que tras el extravío de 64 armas, la Secretaria de la Defensa Nacional “les canceló la licencia de portación de armas” y las existentes las concentró la GSSF.

Por ello, propuso contratar personal de las Fuerzas Armadas separado dignamente del servicio activo, pues poseen formación y experiencia y son confiables para vigilar y garantizar seguridad física de Pemex.

Mario Galicia, de la Comisión de Asuntos Labores de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, confirmó la presencia de ex militares en la vigilancia de la industria petrolera. “Todos trabajan y visten como civiles por las protestas del sindicato ante el proceso de sustitución que inició en 2006.

“Es evidente que están tomando previsiones ante cualquier riesgo de invasión de grupos de protesta o ataques gerrilleros”, señaló.

EL UNIVERSAL buscó la opinión de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pero no obtuvo respuesta.