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La efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) en el combate a la corrupción entre sus funcionarios es mínima. En esta administración, de más de 2 mil 200 expedientes abiertos por la presunta comisión de delitos por parte de sus elementos, sólo se han concluido y enviado a juzgados 39 casos, que representan 1.7% de indagatorias.

Los resultados no son mejores ante tribunales: de las escasas averiguaciones previas consignadas, sólo en 14 casos los jueces han concedido el auto de formal prisión para el inicio de procesos penales contra los inculpados, en una lista que incluye a subdelegados, agentes federales, ministerios públicos, directores de área y peritos.

Lo anteriorse desprende de informes de la Visitaduría General y de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción de la PGR, cuyas copias tiene EL UNIVERSAL.

Los documentos dan cuenta de que durante esta administración se han abierto cinco investigaciones diarias en promedio en estas áreas, que involucran como presuntos responsables de delitos a servidores públicos de la institución.

Del 1 de diciembre de 2006 al 10 de enero de 2008 se integraron 2 mil 269 averiguaciones previas —2 mil 225 de ellas, en la Visitaduría General y el resto en la Fiscalía Especial.

El catálogo de delitos de esos expedientes es extenso; va desde delitos contra la salud asociados con operaciones del narcotráfico, enriquecimiento ilícito, hostigamiento sexual, abuso de autoridad, privación ilegal e incluso tortura.

También se ha investigado a funcionarios de la PGR por ejercicio indebido del servicio público, lesiones, delitos contra la administración de justicia, fraude, allanamiento de morada, daño en propiedad ajena, falsedad en declaraciones, tráfico de influencia y evasión de presos, entre otros ilícitos.

Se indica que de esta lista de delitos, 123 elementos de la Policía Federal quedaron sujetos a investigación como presuntos responsables.

De acuerdo con informes sobre las tareas de combate a la corrupción en la PGR, al final sólo se han consignado 39 averiguaciones previas ante juzgados contra funcionarios; 24 expedientes fueron remitidos por la Visitaduría General y 15 por la fiscalía anticorrupción.

El mayor número de funcionarios consignados ante los juzgados para enfrentar cargos penales, hay ministerios públicos de la Federación —un total de 12— que lo mismo son presuntos responsables de abuso de autoridad, lesiones y tráfico de influencias que de peculado y amenazas.

Aunque los agentes federales no se quedan atrás. Las consignaciones contra policías —que incluyen a un comandante y dos subcomandantes— contemplan cargos como el secuestro exprés.

Aunque el informe no lo indica, en diciembre pasado un agente federal fue detenido como uno de los presuntos responsables de planear un atentado contra el subprocurador Jurídico de la PGR, José Luis Santiago Vasconcelos, y señalado de pertenecer al grupo de sicarios que trabaja al servicio de Joaquín El Chapo Guzmán.

En fechas recientes, el 2 de febrero otros dos policías federales fueron detenidos en el Distrito Federal como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo a cuentahabientes.