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El gobierno federal tiene un programa que busca blindar la frontera sur de México e impedir el tráfico aéreo de drogas, a través de la desviación de los vuelos privados procedentes de Centro y Sudamérica a aeropuertos del sureste, para que sean revisados antes de continuar su ruta hacia el interior del territorio nacional.

La estrategia, que hasta el momento se conoce como Operación Limpieza, someterá a todos los vuelos privados procedentes de América Central y del Sur que quieran “internarse plenamente” a México a la revisión de diversas dependencias federales civiles y militares, confirmaron fuentes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Autoridades del gobierno federal consultadas sobre esta operación indicaron que el proyecto está en su fase inicial y que la medida, que podría entrar en vigor en marzo, no afectaría a vuelos comerciales o de carga.

La operación arrancaría, en principio, en los aeropuertos de Chetumal y Cozumel, en el estado de Quintana Roo, así como en la terminal aérea de Tapachula, Chiapas.

“Se pondrá especial atención en los vuelos clasificados como de “alto riesgo”, que son los procedentes de Colombia, Venezuela y Panamá, que son las zonas de origen de la mayoría de los cargamentos de droga incautados en el último año, explicó un funcionario de la Procuraduría General de la República que pidió no ser citado.

Hasta el momento las inspecciones de vuelos aéreos se habían concentrado en las aerolíneas comerciales como Avianca o Mexicana de Aviación, que manejan rutas en Centro y Sudamérica, en los que se han incautado remesas de cocaína y heroína, principalmente.

No obstante, ante los indicios de que los narcotraficantes están utilizando vuelos privados para impedir la incautación de sus cargamentos, se prepara esta operación que implicará que ninguna aeronave privada podrá seguir su ruta a otros aeropuertos del país, sin pasar por esta inspección de las fuerzas federales.

En el proyecto trabajan la Procuraduría General de la República y las secretarías de Seguridad Pública (SSP) federal, de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina, de Hacienda y crédito Público (SHCP), de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes (SCT).

“La intención del gobierno es tener un mayor control de este tipo de vuelos”, explicó un funcionario federal.

Recordó que en los últimos meses algunos aviones privados que cayeron a tierra estaban cargados con drogas.

“Este gobierno ha realizado un esfuerzo por controlar este tipo de vuelos, pero existen muchos aeropuertos a donde llegan”, detalló una fuente de alto nivel de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

“Una de las tesis del plan es que será más fácil controlar su acceso si sólo llegan en algunos cuantos”, añadió.

De acuerdo con datos de la Administración de Aviación General (AAG) México, un organismo privado, los aeropuertos donde actualmente pueden aterrizar vuelos privados en el sureste mexicano son el de Cancún y Cozumel, en Quintana Roo; Oaxaca y Huatulco, en Oaxaca; Mérida, en Yucatán; Veracruz y Minatitlán, en Veracruz; Tapachula, en Chiapas, y Villahermosa, en Tabasco.

Todos estos aeropuertos son administrados bajo concesión por Grupo Aeroportuario del Sureste.

Se buscó hablar con ejecutivos del grupo aeroportuario para conocer si saben de este plan del gobierno federal, pero no estuvieron disponibles.

En el reporte anual de 2006, Asur informa que por Aviación General (en su mayoría vuelos privados), en 2006 tuvo en sus aeropuertos a más de 34 mil operaciones (despegues y aterrizajes).

La mayoría de este tipo de vuelos arriban al aeropuerto de Cancún, donde cuenta con un edificio de lujo y donde ofrece el servicio que denomina Aviación Privada FBO.

Hoy en el país es fácil la entrada y salida de vuelos privados. Sólo es necesario presentar documentos personales como pasaportes y visas, así como el llenado de formas de migración y declaración aduanal.

En la práctica, por la importancia de algunos pasajeros, no se coteja si los documentos corresponden a los individuos que realmente viajan en la aeronave.

Además, para que un avión privado entre a espacio aéreo mexicano y aterrizar en alguno de los aeropuerto autorizados, sólo debe dar aviso con cinco días de antelación y pagar una cuota de 567 pesos para la obtención de un permiso de entrada y salida, explicó Carlos López Llergo, presidente de la Federación Mexicana de Pilotos y Propietarios de Aeronaves.

De acuerdo con las fuentes consultadas, esta propuesta ha sido elogiada por parte de Washington, que incluso estaría dispuesto a apoyarla si fuera necesario.

El anuncio en forma se hará mediante una notificación aeronáutica. Ésta se dará a conocer a los sistemas aeronáuticos de los países de Centro y Sudamérica para que estén enterados en qué aeropuertos sí podrán aterrizar los vuelos privados que tengan destino a México para ser revisados de forma previa.