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La crisis que se vivió por las elecciones presidenciales de 2006 halló este año por concluir un periodo de catarsis que derivó en una nueva legislación electoral y el descabezamiento del Instituto Federal Electoral (IFE).

Incluso, el narcotráfico y la delincuencia organizada mostraron con crudeza su entrada al juego político, y hasta quemó papelería electoral en un municipio de Michoacán.

Pero el clima electoral por este nuevo factor no se enrareció aún, debido a que en general los perdedores aceptaron la derrota. En enero, un alto funcionario federal admitió que tenían informes de que más de 100 municipios del país eran gobernados por alcaldes de quienes se sospechaba que habían recibido dinero del narcotráfico para sus campañas.

Al acabar el año queda claro que no se actuó contra ningún alcalde por estas sospechas, sin embargo, el presidente Felipe Calderón lanzó una alerta 11 meses más tarde.

“El crimen organizado, en su desesperación por mantener estos márgenes de libertad, ha puesto una estrategia que busca generar una red de protección política”, sostuvo Calderón el 30 de noviembre pasado.

Alberto Aziz Nassif, profesor del Centro de Investigación y Estudios Sobre Antropología Social (CIESAS), considera que ya no es especulación, sino que hay indicios directos de que el narcotráfico se involucra en los procesos electorales y toca puntos neurálgicos.

Reforma electoral

Los cambios en materia electoral, que incluyen ajustes a nueve artículos de la Constitución Política y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), resultaron de la necesidad planteada por las fuerzas políticas para concretar la reforma del Estado.

Manlio Fabio Beltrones, líder parlamentario del PRI en el Senado, dijo recientemente que la reforma electoral permitirá dotar de legitimidad al gobernante y no volver a andar el camino que estuvo a punto de desembocar en desastre en 2006.

Hoy todavía no hay consenso total en torno de la bondad de las reformas. Los partidos chicos —del Trabajo, Verde Ecologista, Convergencia, Alternativa y Nueva Alianza— no ven del todo amable el nuevo arreglo electoral pactado por los grandes, el PRI, PAN y el PRD.

El propio Andrés Manuel López Obrador, candidato derrotado en las presidenciales de 2006, manifestó su rechazo a la nueva norma electoral, lo que lo hermanó con organismos como el Consejo Coordinador Empresarial, que se ampararon sin éxito contra los cambios al Cofipe.

Los procesos estatales

En diciembre de 2006, el país aún contenía la respiración. El 1 de diciembre aún no se sabía en qué condiciones tomaría posesión Felipe Calderón. Lo hizo.

En ese ambiente comenzó el año, con poco ruido electoral. De las 15 elecciones estatales, el PRD tuvo resultados desastrosos, el PAN perdió una gubernatura y el ganador fue el PRI. Basta ver los números: el PRI domina el mapa electoral en 2007 con 18 gubernaturas, seguido del PAN con ocho y el PRD seis.

En las entidades donde hubo puestos en disputa, el PRD arrancó el 2007 con 186 municipios gobernados, más 69 en coalición, pero cerró con 155 y 33, respectivamente.

Al PAN no le fue mejor, pues de 309 alcaldías en sus alforjas cerró con 277 más 23 en coalición.

El PRI, en cambio, inició con 453 y 144 en coalición, para cerrar con 298 más 389 coaligado.

El año 2008 será la antesala del proceso electoral federal intermedio: la renovación de la Cámara de Diputados federal.

El PAN ya renovó su dirigencia. Pasó de un poco amigable Manuel Espino a un más cercano a la casa presidencial, Germán Martínez.

En el PRD la batalla está entre el obradorista Alejandro Encinas y Jesús Ortega, hoy aliado al cardenismo.

Los partidos chicos, por su parte, comenzarán a digerir el tamaño de la reforma electoral que les exige más obligaciones para seguir existiendo como partidos políticos.

Y en el primer bimestre será nombrado el próximo presidente del IFE, el que organizará las elecciones intermedia de 2009 y las presidenciales de 2012, que aunque lejano, ya toca la puerta.