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"Hay que fortalecer la seguridad, no retirar garantías”

CARLOS AVILÉS| El Universal
Martes 18 de septiembre de 2007
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, pide al Congreso reflexionar las reformas en materia penal que propone el presidente Felipe Calderón. Considera que se pretende abatir la inseguridad con medidas que no han demostrado ser eficaces y a costa de sacrificar derechos

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El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Sergio García Ramírez, pide al Congreso de la Unión que analice con calma y sin presiones el paquete de reformas que le envió el presidente Felipe Calderón, porque a través de las mismas se pretende abatir la inseguridad a costa de sacrificar los derechos humanos.

Como un mexicano preocupado por el contenido de la reforma, y con la experiencia que le da haber sido procurador general de la República y del Distrito Federal, juez penal y especialista en la materia, García Ramírez desmenuza y explica las propuestas de reforma del Ejecutivo que, en su opinión personal, tienden a elevar a rango constitucional medidas que atentan contra los derechos humanos y que, además, no han demostrado que sean eficaces para combatir a la delincuencia organizada.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sergio García Ramírez comenta que entre las propuestas, que a título personal considera peligrosas, están aquellas mediante las cuales se dota de más facultades al Ministerio Público para catear un domicilio sin contar con una orden judicial.

Y las que le dan prácticamente una independencia total a la policía para realizar investigaciones, sin el control de una autoridad ministerial que la supervise.

Además de las que buscan llevar a rango constitucional la instauración de un doble sistema de justicia penal que permita juzgar de una manera a unos y de otra, con menos derechos, al crimen organizado. Con esta medida, explica, entre otros riesgos está el de que primero sólo se le aplique a un cierto grupo y después a todos.

La reforma, afirma, también pretende contar con el aval constitucional para arraigar a alguien primero, después averiguar si hay delito y si es responsable del mismo, cuando lo que se debe hacer es investigar para detener y no al revés.

García Ramírez recuerda que este tipo de medidas violatorias de los derechos humanos se comenzaron a implementar y se pusieron en marcha desde 1996 con la aprobación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Desde entonces, asegura, dicha ley no ha dado resultados, porque el crimen organizado que se pretendía combatir se ha incrementado. Y ahora resulta que se quiere elevar a rango constitucional lo que contiene dicha ley, dice. “Y eso —destaca— sí es preocupante, porque esa sí es un arma de otro calibre”.

“Yo creo —dice García Ramírez— que hay que hacer cambios, creo que hay que hacer modificaciones, incluso la propuesta de reforma tiene aspectos positivos que hay que apoyar como la protección de los derechos de las víctimas”.

Pero, agrega, “me parece prudente señalar que esas modificaciones se hagan de una manera muy reflexiva, sin quitar derechos y garantías, se trata de fortalecer la seguridad de todos los ciudadanos, no de retirar derechos y garantías”.

Porque, recuerda, “ya se han dado casos en nuestro país en que se reforma la Constitución porque creemos que va a dar muy buen resultado una reforma en materia penal, y a los tres años se vuelve a reformar lo que se había reformado”.

“Yo no comparto el punto de vista de quienes piensan, porque hay algunos que piensan y otros que tal vez no lo piensan, pero lo dicen, que o queremos derechos o queremos seguridad. No lo comparto, yo quiero las dos cosas: derechos a salvo y seguridad”, sostiene.

En las propuestas de reforma penal que analiza el Congreso de la Unión, explica, se argumenta que los cambios propuestos se deben hacer para abatir la impunidad, la corrupción y la falta de profesionalismo de los cuerpos policiacos.

Pero, García Ramírez considera que de manera contradictoria, las propuestas de reforma no tienden a solucionar estos problemas.

Al contrario, asegura, lo único que haríamos sería crear instituciones “o corporaciones muy peligrosas. Si vamos a poner en manos de alguien que no sabe operar la conducción de un vehículo, si vamos a poner un bisturí en manos de alguien que no es un cirujano y lo vamos a mandar a la sala de operaciones, los resultados pueden ser catastróficos”. Y eso es lo que puede ocurrir con la reforma, dice.

“Si vamos a darles más atribuciones a los cuerpos de seguridad pública tenemos que tener espléndidos cuerpos de seguridad pública, justamente porque les vamos a dar más atribuciones, poderes... facultades”.



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