Familiares y representantes de 14 organizaciones civiles solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que llame a comparecer a 26 personas, entre ellos militares y secretarios particulares de ex funcionarios públicos, para que informen sobre el paradero de mil 300 víctimas de desaparición forzada en México desde 1968.

Raúl Álvarez Garín, del Comité del 68, informó que entre las personas que deben llamar a comparecer están el actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, Manlio Fabio Beltrones (como ex secretario particular de Fernando Gutiérrez Barios) y el general Arturo Acosta Chaparro (ex integrante de la entonces Brigada Blanca).

También, Eduardo Bonifaz Sánchez, ex jefe de la Brigada de Paracaidistas de la Secretaría de la Defensa Nacional en los años 70, y Zacarías Osorio Cruz, un soldado de esa época que ahora está asilado en Canadá y que durante la guerra sucia recibió órdenes para cometer ejecuciones extrajudiciales.

En cuanto al caso de Rosendo Radilla, desaparecido en agosto de 1974 y sobre el cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Estado por violar sus derechos humanos, los familiares y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) expresaron su confianza de que este asunto sea litigado en la Corte Interamericana.

Fabián Matus, director de la CMDPDH, consideró que en este momento no existe ninguna instancia del Estado que pueda dar cumplimiento a las recomendaciones de la CIDH, pues el gobierno de Felipe Calderón decidió confirmar la decisión de su antecesor, Vicente Fox, de desaparecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado que tenía a su cargo las investigaciones sobre las desapariciones forzadas.

Explicó que el gobierno federal debe atender las recomendaciones de la CIDH antes del 15 de octubre, porque después de esa fecha y, en caso de incumplimiento, el organismo podría presentar el expediente ante la Corte Interamericana.

En el mitin que realizaron los representantes de organismos civiles en el cruce de Reforma e Insurgentes y en las oficinas de la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, también estuvo presente Nadín Reyes, hija de Edmundo o Andrés Reyes Amaya, desaparecido, junto con Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desde el 25 de mayo pasado y quienes presuntamente son miembros del Ejército Popular Revolucionario (EPR).