El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio marcha atrás a decisiones del IFE y ordenó a este órgano investigar el impacto de actos anticipados de campaña, el origen y destino de los recursos utilizados por los precandidatos presidenciales del PRI y del PAN.

En su sesión de ayer, el pleno del máximo Tribunal Electoral del país resolvió por unanimidad dos recursos de apelación promovidos por el PRD contra resoluciones del IFE que exoneraban a dichos partidos políticos.

Además, ordenó al IFE revisar su argumentación en torno a la multa que impuso al PRD el 23 de marzo, y que reduce 0.5% su ministración mensual hasta completar 936 mil pesos, por no reportar los gastos del proceso de selección de su candidato presidencial.

Así, la Comisión de Fiscalización del IFE revisará el origen, montos y destino de recursos que habrían utilizado Felipe Calderón, Santiago Creel, Francisco Barrio, Alberto Cárdenas, Tomás Yarrington, Arturo Montiel, Enrique Jackson, Enrique Martínez y Manuel Ángel Núñez Soto.

Los magistrados aclararon, al respaldar los proyectos de sentencia de los ponentes Constacio Carrasco y Flavio Galván, que la Junta General Ejecutiva del IFE debe determinar si hubo en realidad gastos anticipados de campaña y que si esa exposición en medios dio ventaja a PRI y PAN.

En el proyecto de resolución del Recurso de Apelación 37/2007, a cargo de Carrasco, se hace notar que en 2005, el PRD presentó ante la Secretaría Ejecutiva del IFE una queja y pidió que se investigara actos anticipados de campaña de los militantes del PRI, del PAN y del PVEM.

El Consejo General declaró infundada la queja, pero el Tribunal esgrimió que la autoridad electoral no realizó diligencias y requerimientos solicitados, "así como aquellas que derivaran de las pruebas y hechos denunciados".

Esto es, agregó, que se abstuvo de realizar actuaciones pendientes a investigar y recabar información sobre ciertos aspectos de los hechos denunciados, no obstante contar con los elementos de prueba ofrecidos por el denunciante, según el proyecto aprobado.

Esta resolución establece como fundado el agravio en el sentido de que no se analizó el impacto que tuvo la promoción y propaganda de los precandidatos panistas y priístas previo y durante el proceso interno de selección de candidatos a favor de sus partidos.

También pidió que la Secretaría Ejecutiva determine si Bernardo de la Garza, del PVEM incurrió en actos anticipados de campaña.

Sobre el Recurso de Apelación 38/2007, a cargo del magistrado presidente Flavio Galván, la sentencia recuerda las facultades constitucionales de fiscalización que tiene el IFE, vía la Comisión de Fiscalización.