El gobernador de Puebla, Mario Marín, sí incurrió en violaciones graves a la Constitución al haberse confabulado con diversos funcionarios para detener a la escritora Lydia Cacho y someterla, de manera irregular, a un juicio penal en diciembre de 2005, de acuerdo con los resultados de la averiguación que realizó la comisión investigadora del caso que encabeza el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza.

Con base en toda una serie de pruebas que obtuvo la comisión, el ministro solicitó a sus compañeros del Pleno de la SCJN que emitan una recomendación dirigida, entre otras autoridades, a las Cámaras de Diputados y de Senadores, para que se le finquen responsabilidades políticas, administrativas y penales a todos los funcionarios que incurrieron en las violaciones graves a las garantías de Lydia Cacho, entre quienes también se encuentran un magistrado y una jueza locales.

Como resultado de sus investigaciones, la comisión también detectó que la pederastia y la pornografía infantil, que fueron los temas denunciados por la periodista y que motivaron las acciones en su contra, se han convertido en un verdadero problema de Estado que requiere de acciones urgentes para evitar que más niños sigan siendo víctimas de estos delitos en nuestro país.

Tras los pasos de Marín

En los últimos seis meses, el equipo de colaboradores de Silva Meza, dirigido por los magistrados federales Eduardo Alvarado Puente y Anastacio Enrique Escobar, logró recopilar toda una serie de pruebas que les permitieron demostrar que el gobernador Mario Marín fue quien orquestó y movió los hilos de la confabulación que se tejió en contra deLydia Cacho.

Las fuerzas del Estado -de acuerdo con la información recopilada por la comisión investigadora, de la cual tuvo conocimiento EL UNIVERSAL- se movieron a petición expresa del empresario textilero Kamel Nacif, a quien la periodista señaló como protector del pederasta Jean Succar Kuri en su libro Los Demonios del Edén.

Pieza por pieza, la comisión investigadora logró armar, en un informe de poco más de mil páginas, todo el rompecabezas que se tejió en torno a este caso y quedó al descubierto con las grabaciones de las conversaciones telefónicas que se difundieron, a principios de 2006, en las que Kamel Nacif le agradeció al "gober precioso" su intervención en la captura de la periodista.

Las investigaciones en torno a la participación del mandatario poblano en la detención de la periodista partieron del contenido que se reveló en las conversaciones que sostuvo con el empresario, pero, tal como lo estableció el mismo Pleno de la Corte, dichas grabaciones no serán usadas como prueba porque fueron obtenidas de manera ilegal.

La comisión se fijó líneas de investigación a partir del contenido de las conversaciones y a lo largo de las indagatorias logró recabar otro tipo de pruebas mediante las cuales se comprobó la confabulación para detener a la periodista.

Entre otras cosas se comprobó la participación, entre otros, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, y de la jueza local, Rosa Celia Pérez González, en la acción concertada.

Más que recomendaciones

El informe con las conclusiones a las que llegó la comisión investigadora comenzó a circular entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el jueves pasado y se estima que, sino existe algún contratiempo de última hora, el caso será analizado en el transcurso de la semana que inicia.

Los 11 ministros que integran el Pleno de la SCJN tendrán que analizar el documento para decidir si, como concluye la comisión investigadora, existieron violaciones graves a las garantías individuales de la periodista y si, por estos hechos, es necesario que emitan una recomendación para que los responsables sean sancionados tanto por la vía política como administrativa y penal.

La investigación que llevó a cabo la comisión se llevó a cabo a petición de las Cámaras de Diputados y de Senadores y se sustentó en la facultad que le otorga la Constitución, en su artículo 97, para que la SCJN pueda averiguar violaciones graves a las garantías.

Dicha facultad restringe la actuación de la Corte tan sólo a investigar los hechos y a emitir conclusiones para que las autoridades correspondientes quienes decidan si sancionan o no a los responsables de las violaciones que detecte la Corte.