El equipo jurídico de la Cámara de Diputados confía en ganar al Instituto Federal Electoral (IFE) la controversia constitucional que interpuso ante la Suprema Corte, por el recorte presupuestal aprobado en San Lázaro.

Roberto Sánchez Sánchez, director interino de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, informó a EL UNIVERSAL que la Corte trabaja en un proyecto elaborado por el ministro David Genaro Góngora Pimentel para resolver el caso.

Cuestionado sobre si fue una argucia política por parte del IFE para afectar a la Cámara de Diputados ante la opinión pública, debido a que desde su punto de vista no tiene facultad para interponer la controversia, señaló que "ellos (los consejeros electorales) defienden su postura", y recordó un antecedente de una controversia del tribunal local contra la ALDF, que tampoco tuvo efecto.

Sánchez Sánchez consideró que el IFE debió tener algún convencimiento para interponer el recurso. "Tenemos una sólida confianza de que nosotros tenemos la razón", dijo.

Junto con Roberto Carlo Romero Toledo, subdirector de Controversias y Procedimientos Constitucionales de la Cámara de Diputados, insistió en que tienen plena certeza de que ganarán la controversia Constitucional que interpuso el IFE ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra los legisladores, por el candado que impide al instituto modificar el presupuesto asignado a los partidos políticos.

Consideró que la Corte dará un revés al IFE, antes incluso de resolver el fondo.

"Nosotros hemos hecho las argumentaciones de las que estamos convencidos: los órganos con autonomía constitucional no tienen legitimación activa para promover este tipo de procedimientos, ahí está lo que señala la ley, y tenemos plena confianza de que los argumentos sólidos que nosotros hemos hecho valer finalmente nos den la razón".

Romero Toledo explicó que no tienen una fecha exacta para la resolución.

"El IFE efectivamente presentó una controversia constitucional contra la Cámara de Diputados señalando como acto el artículo 15, párrafo cuarto, del Presupuesto de Egresos de la Federación; la demanda fue admitida por la Corte y contra ese acuerdo que admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, nosotros, la Cámara de Diputados, hicimos valer un recurso de reclamación.

"Ese recurso de reclamación lleva su procedimiento por separado, incluso hay un ministro instructor al que se le encarga continuar el trámite y elaborar un proyecto de resolución, ese proyecto de reclamación tiene como finalidad, con los argumentos que nosotros hacemos valer, que rectifiquen y reconsideren si fue correcta o no la admisión de la demanda", expuso Romero Toledo.

Sánchez Sánchez mencionó que en el máximo tribunal ya hay antecedentes sobre la imposibilidad legal para que los órganos autónomos presenten este tipo de recursos legales. Hay un precedente de la controversia a nivel federal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el Poder Ejecutivo.

Recordó que entonces la Corte determinó que la comisión no tenía legitimación al ser un órgano constitucional autónomo.

La legitimación para presentar controversias constitucionales para los llamados órganos autónomos no está prevista en el artículo 105 de la Constitución.