Desde el inicio del gobierno de Felipe Calderón, la disidencia del sindicato petrolero alertó a distintas dependencias federales de las supuestas irregularidades en la entrega de dinero de Pemex a la organización sindical, cuyas partidas fueron aprobadas por el ex director, Raúl Muñoz Leos.

La Presidencia, las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, así como Pemex, recibieron denuncias de la disidencia sindical de las presuntas anomalías en la asignación irregular de recursos al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM). Pero no actuaron de inmediato, según documentos en poder de EL UNIVERSAL.

Los textos oficiales de la Secretaría Particular de la Presidencia de la República y testimonios de la disidencia sindical petrolera, revelan cómo las advertencias fueron ignoradas en principio.

La SFP investiga al ex director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, por un presunto daño patrimonial a la paraestatal por mil 724 millones de pesos, derivado del convenio 10275/04; la Auditoría Superior de la Federación confirmó las irregularidades detectadas y señala como único responsable al ex funcionario.

Muñoz Leos está citado a comparecer, en compañía de su abogado si lo desea, aunque la ley le permite solicitar una ampliación de tiempo para presentarse a responder.

Ni el ex servidor público ni el sindicato han aceptado dar su opinión sobre el caso.

El 18 de marzo, durante la ceremonia del 69 aniversario de la Expropiación Petrolera, Carlos Romero Deschamps, secretario general del STPRM, defendió en todos los convenios entre la empresa y el sindicato, sin aludir a alguno en específico.

"Hoy para tranquilidad de la sociedad y de los propios trabajadores, ha quedado plenamente reconocido por las autoridades competentes que todas las acciones, negociaciones y convenios que hemos formalizado con Petróleos Mexicanos son plenamente válidos y legales", sostuvo.

Avisos

Norma Monroy Cuevas, coordinadora de la Coalición Nacional de Trabajadores Petroleros, informó que desde el periodo de transición se acercó al entonces presidente electo Felipe Calderón, y fue recibida por alguno de sus colaboradores.

El 22 de febrero de 2007, César Nava, secretario particular de Calderón, envió una misiva a Monroy en la que le dice que Álvaro Castro, subsecretario del Trabajo, fue instruido para recibir a los disidentes porque la agenda presidencial le impide a Calderón conversar con ellos.

El 10 de abril -aunque el sello de recepción es del día siguiente- los disidentes petroleros le entregaron una nueva carta a Nava Vázquez para informarle que en 45 días no hansido escuchados por el subsecretario.

Desde diciembre de 2006, Monroy Cuevas habló con colaboradores del secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, quienes abrieron un espacio con el subsecretario de Gobierno, Abraham González Uyeda, con él hablaron durante dos horas el 18 de enero de 2007.

En Gobernación escucharon sus denuncias y quejas. Según Monroy, el subsecretario les ofreció estar al tanto y canalizarlos con las autoridades pertinentes, pero no ocurrió.

Ese mismo 18 de enero, la coalición de petroleros adversos a Romero Deschamps llevó a las oficinas de Germán Martínez, titular de la SFP, un escrito en el que insistían en denunciar la entrega indebida de miles de millones de pesos al STPRM omitiendo leyes como la de Presupuesto.

La oficina de Martínez Cázares remitió la denuncia al Órgano Interno de Control (OIC) de Pemex, que depende de la SFP.

Sonia Alejandra Celada Ramírez, subgerente de Quejas, Denuncias y Atención Ciudadana del OIC de Pemex, les respondió el 6 de febrero con una negativa, basada en que el artículo 123 de la Constitución, así como la Ley Federal del Trabajo, impiden al gobierno intervenir en los sindicatos.

Además, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el reglamento interior de la SFP definen las atribuciones del OIC y de la Secretaría de la Función Pública:

Sus facultades se constriñen a investigar, dentro del ámbito administrativo, aquellos actos u omisiones realizados por servidores públicos de Pemex en el desempeño de su empleo, cargo o comisión que impliquen incumplimiento a sus obligaciones, afectando los principios de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, afirman los disidentes petroleros.

El convenio, segundo ´Pemexgate´

El 6 de marzo, un mes después de la respuesta del OIC, la disidencia entregó un nuevo oficio en el despacho de Rosendo Villarreal Dávila, director corporativo de Administración de Pemex, a quien le precisan que su denuncia es por la presunta ilegalidad del convenio 10275/04 donde se pactó la entrega directa al STPRM de7 mil 781 millones de pesos (que ahora investiga la SFP).

En ese documento la oposición al sindicato oficial señala que dicho convenio es el "segundo Pemexgate", en referencia al desvío de mil 100 millones de pesos en 2000 para la campaña presidencial del PRI del hoy senador Francisco Labastida Ochoa, y por el que el PRI pagó una multa de igual cantidad.

"Es totalmente inexplicable que se tenga que recurrir a celebrar convenios (el 10275/04) cuando se trata de prestaciones que por más de 30 años están consideradas en el contrato colectivo de trabajo, en donde Pemex tiene la obligación de cumplir, pero a todas luces está más que claro que esta maniobra era para poder entregar en las propias manos de Romero Deschamps ese dinero", sostuvieron los disidentes.

En otro texto de denuncia dirigido a Martínez Cázares, el 28 de marzo de 2007, la oposición a Romero Deschamps le refiere esa misiva dirigida a Villarreal Dávila y además señalan que la SFP está obligada a investigar "todos los actos de corrupción, abusos u omisiones realizados por servidores públicos, como en este caso, funcionarios de Pemex en complicidad con el sindicato".

El gobierno federal abrió a mediados de abril una investigación por este caso.