La operación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el municipio de Juárez, Chihuahua, que funcionó sólo dos años a fin de esclarecer los feminicidios en la entidad, representó para el gobierno federal una inversión superior a 32 millones de pesos, aunque 73% de esos recursos fueron para el pago de salarios de los trabajadores de esa área.

Un reporte de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General de la República (PGR), dado a conocer a través de una solicitud de información formulada por EL UNIVERSAL a partir de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, revela así la inversión real de que representó la creación de esta área, que revisó 339 expedientes integrados por los homicidios de mujeres perpetrados entre 1993 y 2005.

El documento detalla que la Fiscalía, durante sus dos años de existencia, contó con un presupuesto de 8 millones 544 mil 27 pesos para sus tareas operativas; adicionalmente, la PGR pagó 23 millones 725 mil 719 de pesos correspondientes a salarios de los trabajadores.

Al final de entre los resultados logrados por esta área cabe destacar que sólo 14 expedientes fueron atraídos por la PGR.

La Fiscalía fue creada el 30 de enero de 2004 y como su titular fue designada María López Urbina, aunque fue relevada en el cargo el 1 de junio de 2005 por Mireille Rocatti, quien sólo permaneció en el puesto hasta el 15 de septiembre de ese mismo año. No se designó un nueva titular, pues cinco meses después -en febrero de 2006- se consideraron concluidos los trabajos para los cuales fue creada esa instancia.

Durante los dos años que operó, de acuerdo con el informe final de la Fiscalía, se revisaron un total de 339 expedientes, y sólo 14 fueron atraídos por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Se sistematizó la base de datos de feminicidios, que permitió concluir a las autoridades federales que los asesinatos seriales de Ciudad Juárez eran un mito y solo 78 casos (20.6% del total) presentaban un mismo patrón de móvil sexual.

Entre las conclusiones a las que arribó la Fiscalía, creada ante la presión de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, para que el gobierno federal interviniera en las investigaciones, se determinó que 59% de los homicidios de mujeres eran producto de violencia social (riñas, pandillerismo, venganzas) e intrafamiliar; asimismo, se resolvió que de más de cuatro mil mujeres desaparecidas sólo se verificó que 47 casos eran reales.

Finalmente, la impunidad alrededor de estos feminicidios, fue producto de las graves omisiones en que incurrieron 177 funcionarios de la procuraduría de Chihuahua, en el desarrollo de las pesquisas -lo mismo fiscales, agentes ministeriales que policías-, aunque hasta la fecha se desconoce que se haya procedido legalmente en contra de alguno de ellos.

Este trabajo representó para la Fiscalía especial sobre femicicidios un gasto de operación de 8 millones 544 mil 27 pesos, aunque los salarios de los trabajadores fueron superiores a esta cifra, ya que los sueldos pagados ascendieron a 23 millones 725 mil 719 pesos.